Desde Barranquilla piden investigar a Iván Velásquez y Juan Fernando Cristo por ‘reacción tardía’ en el Catatumbo

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Por una presunta omisión, un abogado barranquillero interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación para investigar a los exministros Iván Velásquez y Juan Fernando Cristo por el conflicto en el Catatumbo.

Su nombre es Erwin Lechuga Heredia, un abogado litigante en derecho disciplinario, de 49 años, quien recurrió a este recurso al considerar que la reacción del Estado ha sido “tardía”. Ahora espera respuesta del Ministerio Público.

En el documento, presentado el pasado 10 de febrero y cursando como “asignado” en la Procuraduría, el hombre se respalda en la información suministrada por la Defensoría del Pueblo.

“Se conoció que esta entidad, había advertido al Gobierno nacional el día 15 de noviembre de 2024, a través de una alerta temprana, de la posible incursión del Eln en la región del Catatumbo que podría causar un escenario de violencia y terror”, dice.

Lechuga Heredia cita la defensora del Pueblo para sostener que no se desarrollaron actividades concretas y ajustadas a la alerta temprana que hubiesen podido evitar el drama humano que hoy viven miles de familias de la región.

“El detonante este año fue cuando escuché la noticia del niño en brazos, que muere con sus papás en medio del conflicto. Comienzo a hacerle seguimiento a la noticia y comienzan a aparecer otra serie de informaciones que me alertaron que podría existir una omisión, tanto del Ministerio del Interior, como del Ministerio de Defensa, para abordar la situación”, asegura el abogado en diálogo con EL TIEMPO.

¿Problemática se habría podido evitar?

El documento precisa que hay más de 52 mil desplazados, decenas de homicidios y un confinamiento de unas 12.000 personas, problemáticas que, según considera, se habrían podido evitar si se atendían las alertas tempranas.

“Todo este despliegue que ha hecho el gobierno, como el Estado de Conmoción Interior, hubiese podido ser atendido desde el año pasado y se hubiese evitado lo que hoy están padeciendo todas esas familias y que aún no se han recuperado. La reacción del Estado es totalmente tardía”, indica Erwin Lechuga.

En septiembre de 2024, recuerda que un grupo de líderes sociales de la región del Catatumbo puso en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz lo que podría ocurrir.

“La información fue llevada a la mesa de diálogos con el Eln, de la que no hubo resultados positivos”, añade la queja disciplinaria.

“El motivo de la queja es indagar si los señores Velásquez y Cristo actuaron en debida forma, cumplieron sus deberes funcionales, para proteger a la población colombiana, porque, entre otras cosas, la misma defensora del Pueblo (Iris Marín Ortiz) manifestó que a la reunión donde se puso de presente la alerta temprana habían asistido algunos funcionarios que no tenían el cargo o el nivel para haber asumido esa situación”, explica el abogado litigante.

Abogado pide seguir con la investigación

Si bien Iván Velásquez y Juan Fernando Cristo ya no están a cargo de los Ministerios de Defensa y del Interior, respectivamente; Erwin Lechuga sostiene que la investigación debe seguir su curso.

Hay que recordar que, en el proceso para este tipo de trámites, a la Procuraduría le corresponde realizar la investigación y el quejoso, en este caso el abogado, no tendría oportunidad de conocer en detalle qué va a pasar con la investigación y qué pruebas se van a practicar.

“Ayer (martes 8 de abril) revisé y ya está asignado en la Sala de Instrucción. Eso quiere decir que ya debe estar un funcionario encargado de eso. Tiene que haber responsabilidades. El ente disciplinario tiene que entrar a investigar si realmente se actuó en debida forma. Mi temor es que la queja sea archivada”, señala el abogado.

La Procuraduría y la Defensoría sobre el Catatumbo

El pasado lunes 7 de abril, se conoció que la Procuraduría solicitó a la Corte Constitucional retirar el Decreto Legislativo 155 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional, con el cual se busca implementar proyectos de infraestructura y dotación educativa en la región del Catatumbo.

De acuerdo con el procurador Gregorio Eljach, el decreto no responde a una emergencia coyuntural relacionada con alteraciones graves del orden público, como exige la figura de excepción, sino que intenta resolver problemáticas estructurales de larga data en el sistema educativo de la región.

Precisamente en la región del Catatumbo, la guerrilla del Eln, según la Defensoría, mantiene secuestradas a al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33.

“A ellas se suman más de 18 personas retenidas por ese grupo armado ilegal en Arauca, incluso después de la reciente liberación de cinco ganaderos”, dijo la entidad.