La representante Jennifer Pedraza fue una de las congresistas autoras del proyecto de ley que busca eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas en Colombia. La congresista habló con EL TIEMPO sobre el proceso para llegar a este punto y las iniciativas futuras para seguir protegiendo los derechos de los menores.
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¿Qué significa que se haya aprobado este proyecto de ley?
Lo primero es contarle a la gente que Colombia permitía el matrimonio infantil. Mucha gente no tiene esto presente. Cree que es algo que pasa en medio oriente, cree que es algo que pasa en otros continentes, pero no tiene presente que es una realidad colombiana.
¿Qué permite la ley?
Al día de hoy sigue permitiendo, porque todavía no se ha sancionado este proyecto, que casen menores de edad desde los 14 años en adelante con el permiso de sus padres. Eso ha generado un incentivo perverso en el que lamentablemente usan a las niñas como moneda de cambio. Las casan en una transacción para conseguir ganado, recursos económicos, casas, de todo. Entonces Naciones Unidas, y Unicef en particular, ya sea han pronunciado exhortando a Colombia a eliminar el matrimonio infantil desde el 2014 porque esta es una práctica que se considera lesiva para los derechos de los niños y de las niñas.
Cuando se casa un niño o una niña, cuando lo casan, termina pagando arriendo, termina teniendo que someterse en muchos casos a parejas abusivas porque la mitad de estas uniones que vinculan menores de edad son con parejas que les superan en más de seis años. Seis años en adelante. Entonces esa disparidad genera que haya un sometimiento del proyecto de vida del menor al de su pareja en todos los sentidos posibles.
¿Qué genera esto?
Esto va desde deserción escolar hasta violencia sexual, violencia física, violencia económica y embarazo a temprana edad. Por eso el matrimonio infantil es un problema en sí mismo, y por eso es que el mundo se propuso, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, erradicarlo; pero aquí en Colombia, increíblemente, se había presentado 8 veces el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil y se había hundido ocho veces y en la novena pues, la estamos logrando sacar adelante.
¿Qué cree que fue diferente esta vez?
Si te soy franca yo creo que tiene que ver con que es un Congreso que tiene 30 por ciento mujeres. O sea, las congresistas de todos los partidos que abrían sus micrófonos para contar que sus madres, que sus abuelas, que sus tías o que ellas mismas habían sido víctimas de matrimonio infantil hicieron que el proyecto pasara de manera unánime en todos los cuatro debates. Para mí este es uno de los efectos que tiene, por ejemplo, tener más mujeres en el Congreso de la república.
¿Y cómo en la práctica se va a llevar a cabo lo que se plantea dentro del proyecto?
Si hoy una persona adulta va con un menor de edad a una notaría a casarse, a una registraduría o donde un juez o lo que sea, el Estado colombiano le va a responder “no señor, nosotros no legitimamos, no reconocemos y, por el contrario, anulamos todos los matrimonios que vinculen menores de edad”. Entonces de aquí en adelante cualquier matrimonio que se realice con menores de edad, será anulado por el Estado colombiano. Y lo segundo es que se incluye dentro de la política pública de infancia y adolescencia, un enfoque de batalla pedagógica y cultural, la normalización del matrimonio infantil y las prácticas como esta. Y se incluye el objetivo de erradicar el matrimonio infantil.
Uno de los artículos que más tuvo discusión es el 15, y la senadora Aida Quilcué presentó una proposición que pretendía que la política fuera concertada con las comunidades indígenas. ¿Cómo se va a manejar este tema cuando ya viene desde algo cultural?
El proyecto ya trae la participación de las comunidades indígenas en la política pública. El debate estuvo sobre el verbo si era participar o concertar. Al final la decisión fue que esa política pública iba a contar con la participación de las comunidades indígenas con quienes esperamos contar de aliadas en esta batalla. Porque el proyecto no excluye ninguna parte del territorio nacional y aplica también para las comunidades indígenas al primar los derechos humanos y los derechos esenciales de los niños, las niñas y los adolescentes.
¿Qué es lo que busca ese artículo?
El artículo 15 es el artículo de la política pública pedagógica y preventiva. Entonces, mira a mí me gustaría que lo prohibiéramos ya chasqueando los dedos y que ya no hubiera matrimonios infantiles, pero es clave que aquí el asunto es la cultura de toda la sociedad, no solamente las comunidades indígenas. Para dar una batalla cultural que se necesita, una lucha pedagógica, una campaña de enseñanza, de educación sobre, de verdad, cuáles son los derechos que se están violando con este tipo de prácticas. Y esa es la política pública que se añade a la política de infancia y adolescencia en el proyecto de ley que aprobamos ayer. Y en esa política pública habrá un escenario de participación especial para las comunidades indígenas.
¿Cuáles fueron los puntos más difíciles para el trámite de este proyecto?
Primero la edad. Hubo personas que consideraban que no debía limitarse de los 18 años para arriba, sino desde los 16, pero es que además, recuerda que una unión marital de echo implica unión de hecho implica una convivencia de dos años antes. Entonces si permitíamos que fueran desde los 16, entonces estábamos legalizando una unión marital desde los 14. Y aquí tenemos una barrera muy difícil y es que, todas las relaciones sexuales por debajo de los 14 años son abuso sexual. Entonces, como hoy está la ley, desde mi perspectiva, es contradictoria. Tú no puedes tener relaciones con alguien menor de 14 porque es abuso sexual, pero si a los 14 reconoces una unión marital en la que de hecho vienes desde los 12, pues legalizas esa relación sexual.
El segundo debate...
Fue los temas patrimoniales, ¿cómo hacemos para que, si hay un menor que fue víctima de matrimonio infantil y quiera acercarse para anular su matrimonio, no se vean afectados sus derechos patrimoniales? Es decir, que, si esa unión marital consiguió una casa, pues que esa casa se divida entre los dos. En el proyecto se incluyó una protección especial para los derechos de los menores, en donde se mantienen los derechos patrimoniales incluso en casos de nulidad. Otro, de pronto el que planteó en algún momento Humberto de la Calle, pero al final le explicamos y él terminó votando positivo el proyecto. Era como si fuese una tensión entre las libertades individuales y los derechos de los niños y de las niñas. Pero aquí estamos hablando de una práctica que es lesiva, que por todas las organizaciones que defienden las libertades individuales, incluso esas mismas organizaciones han declarado esta práctica del matrimonio infantil como lesiva para los derechos de la gente.
¿De qué forma se puede evitar esta práctica si las personas no van directamente a una notaría?
La única forma es con una batalla cultural. La política pedagógica, por ejemplo, es muy enfática en su trabajo en los colegios con niños, niñas, maestros y padres y madres de familia. O sea, esto es que en todos los colegios públicos del país, y en todos los colegios privados yo creo que también se debería trabajar con ellos. Se va a hacer escuelas y campañas de capacitación y de pedagogía para explicar por qué, los niños y las niñas, pues son niñas, no esposas.
¿En cuánto tiempo se espera que se empiece a aplicar?
La implementación del proyecto es el paso más grande que sigue. Si tú me preguntas a mí es lo más difícil. La ley que se aprobó incluye que cada semestre va a tener que dar una rendición de cuentas al Congreso de la república las entidades relacionadas con esa prohibición para ver, para presentar los datos y las estadísticas de cómo van, cómo se ha cumplido, cómo se ha implementado. Pero el segundo punto pues va a ser la reglamentación. En donde nosotras, como autoras del proyecto, estamos conversando con el ICBF para ver cómo, a través de la reglamentación, concretamos los propósitos de la ley y también, yo añadiría, en un tercer punto, que nosotras vamos a sugerir que se tengan en cuenta las organizaciones sociales que hoy ya hacen trabajo territorial para eliminar el matrimonio infantil.
¿Qué organizaciones acompañan el proyecto?
Aunque la ley colombiana lo permitiera, hoy ya hay organizaciones sociales acompañando jurídica, psicológicamente y también políticamente, pues en el activismo de esas niñas, a quienes han sido víctimas de matrimonio infantil. Entonces tenemos que cogernos de lo que hoy ya existe. Organizaciones como Profamilia, Juanfe, Alianza por la niñez, entre muchas otras, son organizaciones que ya vienen haciendo ese trabajo en el territorio, entonces para la implementación de este proyecto necesitamos contar con ellas.
Los últimos días ha habido una polémica en torno a la canción ‘+57’, hay una senadora que dice que se pretende crear un proyecto para que se pueda decidir qué letras sí y qué letras no son malas. ¿Esto tuvo que ver con la aprobación del proyecto?
Yo creo que sí generó como mucha indignación. De hecho nosotros también dijimos: este es el momento para contrarrestar la difusión de esas ideas que sexualizan niñas de 14 años. Pero esto tiene unas raíces mucho más profundas que no se van a resolver porque a esa letra le pongan 14 y 18, y que tampoco se van resolver con una ley de censura. Porque para mí ese proyecto que ellas van a presentar es un proyecto para censurar el arte y la música, y yo pues ahí no coincido la verdad en esa perspectiva.
¿Dónde está la campaña que ha hecho el Estado colombiano contra la pedofilia? ¿Contra la violencia de los niños y las niñas? ¿Contra la sexualización de menores? Todo lo contrario. Todos los contenidos, incluso de la misma televisión, reproducen esa misma concepción que sexualiza a las menores de edad. Entonces, pues… Yo creo que la indignación nacional si fue importante para que el proyecto pasara, pero aquí estamos hablando de cosas mucho más estructurales, y yo por supuesto nunca voy a apoyar un proyecto de ley para censurar a los artistas. ¿Tenemos que darnos esa conversación como sociedad? De acuerdo. Pero no poniéndoles una mordaza.
¿Qué sigue para continuar blindando a las niñas del país?
Te respondo por otros proyectos. Por ejemplo, nosotros hemos presentado el proyecto de ley para erradicar la mutilación femenina. Lo que se conoce como ablación, pero bueno, en realidad es mutilación de los genitales de las niñas, que especialmente se aplica o se usa en algunas comunidades afrodescendientes y en las comunidades Embera. Este es un proyecto que hemos radicado con mujeres Embera y yo creo que es muy importante que el país le dé la cara a esa forma de violencia contra las niñas indígenas.
MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE
Redacción Política