Crece la polémica por imputación de la SIC a funcionarios de la Registraduría previo a año electoral: ¿qué tan legal es la acción?

Más allá del debate sobre si la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que dirige Cielo Rusinque, tiene las facultades para imputar a funcionarios de la Registraduría, en varios sectores se han prendido las alarmas por varias acciones que se han emprendido desde la Casa de Nariño contra la autoridad electoral a poco menos de dos años de las elecciones.

Primero fue la Secretaría de Transparencia la que denunció a la Registraduría por haber adjudicado un contrato para la realización de las elecciones a las Juntas Administradoras Locales (JAL) a un consorcio que tiene la participación de Thomas Greg & Sons. Luego, hubo un intento de recordar el presupuesto. Y ahora, es la imputación de cargos de la SIC a funcionarios de la entidad en el marco de una investigación que adelanta por una presunta cartelización en la contratación de los pasaportes con Thomas Greg & Sons.

Para la senadora Angélica Lozano, estas acciones preocupan a todas las organizaciones políticas “por afectación a las garantías e imparcialidad de la Registraduría y la no intervención del Gobierno Nacional”. Y añadió: “Si el Ejecutivo de turno invade estas competencias, puede convertirse en policía política, algo que la separación de poderes debe evitar”.

En la misma línea se pronunciaron desde la Corporación Excelencia en la Justicia. Insistieron en que el buen funcionamiento de la Registraduría es esencial para la democracia y que la acción de la SIC genera preocupación ante injerencias de igual calado respecto a otras autoridades autónomas o independientes del país”.

Quien también se pronunció sobre el tema fue el exfiscal Francisco Barbosa, quien incluso tuvo un cruce de mensajes con el presidente Gustavo Petro. El exjefe del ente acusador aseguró que se trata de una persecución contra la entidad y dijo que “no dejaremos solo al Registrador. Hay que rodearlo para que con la institucionalidad y la Constitución del 1991 defienda la objetividad del resultado electoral de 2026”.

Presidente Gustavo Petro insiste en que es constitucional la acción

Mientras tanto, el presidente Petro y Rusinque defienden la legalidad del procedimiento e insisten en que es constitucional.

“La SIC ha recibido múltiples denuncias sobre posible corrupción en los procesos contractuales que adelantan distintas entidades del Estado, entre los que se encuentra la Registraduría. Pero ¿cómo podríamos corroborar estas quejas sin acceso a la información? Es justamente por eso que la Superintendencia está facultada para hacer visitas administrativas. No son como las han pintado, como un escuadrón violento y equipado que tumba puertas e intimida personas”, aseveró la Superintendente.

Agregó que no es la primera vez que la SIC visita entidades públicas. Van más de 125 visitas con “el fin de verificar la libre competencia en los procesos de contratación”.

El presidente Petro, por su parte, dijo que el procedimiento era constitucional en una respuesta al exfiscal Barbosa vía X: “¿Por qué algunos sectores políticos y de la prensa, al lado de Francisco Barbosa, no quieren que la Superintendencia cumpla su función constitucional en la contratación de la Registraduría?”.

Con el Gobierno coinciden varios juristas, así como el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo, quien en diálogo con este diario aseveró que la SIC tiene la facultad para investigar a cualquier persona natural o jurídica del derecho público o privado, nacional o extranjera que actúe como agente del mercado.

“No tiene nada que ver la autonomía jurisdiccional de la Registraduría. La Superintendencia ha investigado a muchas instituciones y las ha sancionado. Ahora el hecho de que se investigue no significa que se sancione, pero sí puede imputar cargos a funcionarios”, opinó el exfuncionario.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política