Consejo de Estado acepta demanda de gremios del Caribe contra cobro de valorización en el corredor Cartagena-Barranquilla

El Consejo de Estado admitió una acción de nulidad presentada por los gremios del Atlántico y Bolívar contra las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 emitidas por INVÍAS. 

Estas resoluciones buscan implementar un cobro por valorización nacional en los corredores Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, lo que ha sido cuestionado por su impacto y legalidad. Los gremios también solicitaron medidas cautelares para suspender los efectos de dichos actos administrativos mientras se resuelve la demanda.  

Entre los argumentos de nulidad expuestos se incluyen supuestos vicios graves, como la retroactividad del cobro, que contraviene el artículo 363 de la Constitución, y la falta de evidencia sobre un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados, exigido por la Ley 1819 de 2016. 

Asimismo, se denuncian errores en la delimitación de la zona de influencia, ausencia de estudios técnicos y socioeconómicos que evalúen la capacidad de pago de los contribuyentes, y fallas en el cálculo de la base gravable, donde no se descontaron ingresos previamente generados por peajes.

Otro punto crítico señalado es el método de distribución de la contribución, que los gremios calificaron como arbitrario y alejado de criterios objetivos. Además, se argumentó que INVÍAS no contaba con la competencia para modificar la resolución inicial ni para alterar el método de distribución del avalúo catastral al comercial, como lo hizo en mayo pasado.

En paralelo, los gremios presentaron un nuevo argumento ante la Corte Constitucional, alegando que el cobro de valorización nacional desvirtúa su carácter de contribución al carecer de una destinación específica. 

Según el artículo 251 de la Ley 1819 de 2016, los recursos recaudados pueden ser asignados discrecionalmente por el Gobierno a entidades distintas de las encargadas de ejecutar las obras que originan el cobro, transformándolo, en la práctica, en un impuesto.

Este enfoque, según los gremios, vulnera el artículo 317 de la Constitución, que prohíbe que el Gobierno Nacional administre y cobre impuestos sobre la propiedad inmueble. La Corte Constitucional, en su sentencia C-525 de 2003, ha establecido que la contribución de valorización debe estar vinculada de manera directa y exclusiva a las obras públicas que beneficien a los propietarios de inmuebles de una zona específica, lo cual no se estaría cumpliendo.

El Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar respaldan además la demanda presentada por el senador Mauricio Gómez Amín contra el cobro de valorización nacional. Este recurso busca proteger a los propietarios de los inmuebles de la región Caribe frente a lo que consideran un cobro injustificado y carente de sustento legal.

En el marco de estas acciones, las organizaciones gremiales esperan que tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional resuelvan a favor de los demandantes, anulando las resoluciones que autorizan el cobro y estableciendo precedentes claros sobre los límites de la valorización nacional.

Por ahora, las autoridades judiciales han comenzado a evaluar las pruebas y argumentos presentados, mientras los gremios del Atlántico y Bolívar continúan liderando la defensa de los derechos de los propietarios afectados en la región.