Según datos de Price Waterhouse Coopers, PWC, en América Latina, Brasil lidera el listado de países con el mayor impuesto al valor agregado más alto con 27 por ciento. Ese impuesto al valor agregado se paga por un bien o un servicio y es recolectado por el Estado.
Conforme a los criterios de
En Colombia el impuesto se aplica en todos los momentos del ciclo económico, tales como la producción, distribución, comercialización e importación de un bien o servicio.
Además es considerado un impuesto de naturaleza indirecta, porque se paga en el momento de las transacciones comerciales; los empresarios son los intermediarios que posteriormente entregan el IVA recaudado a la DIAN, la entidad que se ocupa de administrar los tributos en Colombia.
Esta recaudación llega a los ingresos corrientes del Estado, dinero que en gran parte es invertido en proyectos de bienestar social, infraestructura, salud, educación, alimentación, servicios públicos, vivienda y, en general, en satisfacer las necesidades primarias de la población.
Detrás de Brasil, está Uruguay con 22 por ciento, Argentina con 21 por ciento; Colombia tiene el cuarto puesto con un IVA de 19 por ciento.
Cabe recordar que la Reforma Tributaria o Ley 1819 de 2016, estipuló que desde el 1 de enero de 2017 el IVA en Colombia cambiaría del 16 al 19 por ciento.
De acuerdo con los debates académicos y políticos de ese incremento, el aumento fue exagerado, pero otros lo consideraron necesario para cubrir las necesidades del Estado.
Para el caso colombiano, existen dos variantes de este impuesto, uno general de 19 por ciento y uno de 5 por ciento que se aplica a vehículos eléctricos e híbridos y al maíz y demás granos.
En el caso de Brasil el incremento ha sido uno de los más recientes en ser aprobado e implementado, pues data de diciembre de 2023 y fue aprobado en julio de este año.
En el caso de Uruguay, el impuesto del IVA de 22 por ciento se da sobre la prestación de servicios y existen artículos que tienen un impuesto diferenciado de 10 por ciento, como los alimentos, medicinas, servicios de hotelería y salud.
En Argentina se aplica un impuesto de 21 por ciento a los servicios públicos.