El país está pendiente de la sesión que tiene programada la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) para este lunes en la que –al menos en el orden del día– se tiene previsto votar la ponencia que ordena la formulación de cargos a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por violación de topes electorales.
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El expediente, con ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), señala que se encontró evidencia de gastos no reportados por 5.355 millones de pesos, una conducta con alcances penales desde 2017.
Los magistrados llegan a la sesión en medio de un tenso clima derivado de una seguidilla de declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que ha descalificado al CNE e insistido en que la investigación busca un supuesto intento por sacarlo del poder, dentro de lo que denomina un ‘golpe de Estado’.
Este fin de semana, desde la Universidad Nacional, donde se llevó a cabo la asamblea general del Pacto Histórico por la defensa de su proyecto progresista con miras al 2026, el mandatario volvió a cuestionar la competencia del tribunal electoral para investigarlo.
“Al Presidente de la República lo juzga solo una instancia. La Comisión de Acusación. Una sola y eso que no debería tampoco. El Presidente de la República tiene un fuero que está escrito en las sentencias y que por decisión constitucional se ha preservado en Colombia. Pero aquí, en el caso de Petro, había que quitar ese fuero de la noche a la mañana por magistrados que no tienen competencia para decidirlo. Una trampa al estilo colombiano que se llama una puñalada trapera”, señaló en una intervención en la que también llamó a la movilización.
“Al golpe de Estado se le responde popularmente con la revolución”, dijo.
Y volvió a arremeter contra el magistrado Prada por las críticas que hizo en su época como congresista del Centro Democrático en su contra.
Y añadió que el entonces congresista resultó implicado en una investigación por presuntas presiones a testigos para cambiar versiones en busca de favorecer al expresidente Álvaro Uribe.
“Sindicado de haberle comprado los testigos a Uribe para tratar de salvarlo de la cárcel. Dirigiendo la investigación contra el Presidente de la República. Nos creen bobos”, afirmó Petro.
Y del magistrado Ortiz insiste en relacionarlo con el exregistrador Alexánder Vega, hoy copresidente del partido de ‘la U’.
CNE le responde a Petro
Esta andanada de señalamientos llevó al CNE en pleno a pedir garantías para sus magistrados y a defender la legitimidad de sus actuaciones. Se habló de sesionar en una guarnición militar, posibilidad que fue descartada por mayoría.
Ya en el terreno legal, a través de un comunicado emitido el sábado, el órgano subrayó que la investigación no pone en riesgo el fuero presidencial.
Y recordó que decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado reconfirmaron que es la entidad indicada para investigar presuntos topes electorales en la campaña del actual Presidente y demás contiendas.
“En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor Presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial. Por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral”, dijeron.
Además de las críticas a su competencia, el jefe de Estado también asevera que el CNE tiene un plazo para iniciar indagaciones a campañas de 30 días que fue violado. “El CNE no puede investigarme ahora. Por eso es un golpe. El CNE tenía 30 días para hacerlo después de elecciones y lo hizo en su momento y determinó que no había ninguna irregularidad”, afirmó.
Los tres escenarios
Sin embargo, fuentes del CNE exhiben normas que el propio Presidente suscribió siendo congresista, que le permiten a esa entidad evaluar y revisar cuentas de campaña en cualquier momento.
Y advierten que el límite de 30 días es para las investigaciones en la Comisión de Acusación de la Cámara.
Como lo señaló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO en la edición dominical, es poco probable que los magistrados tomen una decisión de fondo hoy.
Salvando las diferencias, los tres escenarios que hay sobre la mesa supondrían que la discusión sobre el proceso de la campaña del presidente Petro se extienda varias semanas.
Las decisiones del CNE requieren mayoría calificada (dos terceras partes). El pleno del CNE está integrado por nueve magistrados y son necesarios seis votos para que la ponencia sea aprobada.
Sin embargo, hoy hay ocho magistrados, ya que todavía no se ha dado la directriz para reintegrar al liberal Altus Alejandro Baquero (la Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión del Consejo de Estado de apartarlo del cargo por diferencias de criterio en cuanto a su experiencia mientras se pronuncia de fondo sobre una tutela de Baquero).
Como en el papel hay tres votos seguros a favor del jefe de Estado, esto significa que los otros cinco que apoyan la ponencia que pide imputar a la campaña Petro no serían suficientes para tener una decisión vinculante y habría que acudir a conjueces.
En el caso de Baquero, hay un debate jurídico sobre cómo debe actuar el CNE. Por un lado, los defensores de Baquero exigen que se restablezca de inmediato en su cargo, pues ya se conoció la determinación de la Corte Constitucional y hasta se emitió un comunicado oficial frente al tema. Aseguran que son más que suficientes estas comunicaciones debido a que se dan en el marco de un amparo de derechos fundamentales. De no ser así, dicen que debería posponerse el estudio de los casos hasta que sea reintegrado, puesto que son muy importantes como para marginarlo de estos.
Sin embargo, en las directivas del CNE no comparten esta tesis y por eso no han procedido a reintegrar al togado nominado por el Partido Liberal. “No ha avanzado porque ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado han comunicado”, indicó la presidenta del tribunal electoral, Maritza Martínez.
Según Martínez, el proceso de notificación oficial de la Corte o del Consejo de Estado podría demorarse debido a lo dispendioso que es ese procedimiento.
El segundo escenario consiste en que la magistrada Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) solicite evaluar la evidencia ya que estuvo incapacitada. Si esto ocurre, la votación se aplazaría para el 26 de septiembre.
Existe un tercer escenario, revelado en primicia por EL TIEMPO. Se trata de un recurso de nulidad y/o aclaración interpuesto por Héctor Carvajal, apoderado del presidente Gustavo Petro, el cual cuestiona la decisión del Consejo de Estado que dio el visto bueno al CNE y a la Comisión de Acusación para investigar al primer mandatario.
De acuerdo con la Unidad Investigativa de este diario, por lo menos dos magistrados pedirán que se aplace la votación hasta que se resuelva ese recurso.
Por fuero constitucional, en el remoto escenario de que el CNE abriera proceso formal contra la campaña Petro Presidente y encontrara probados los cargos, tendría que remitir copias a la Comisión de Acusación, el único órgano que puede investigar y sancionar al jefe de Estado. Si procede una eventual acusación, pasaría a votación de la Cámara de Representantes en pleno.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Periodista de Política