Ante el avance del presidente entrante Donald Trump sobre sus políticas de inmigración, con el objetivo de iniciar la preparación para el plan de deportación masiva antes de asumir el mando de Estados Unidos, ciertas ciudades y estados afinan sus maniobras para oponerse a la inflexible medida del republicano.
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De cara a la asunción de Trump, que tendrá lugar el próximo 20 de enero, ciudades como Los Ángeles, Chicago y Filadelfia prometieron proteger a los inmigrantes del plan de deportación masiva que busca llevar a cabo el presidente entrante. Aunque la voluntad del mandatario deberá ser respetada por las ciudades, los gobernadores demócratas tienen como principal objetivo obstaculizar las acciones en contra de los inmigrantes y retrasar la aplicación de la ley.
En este panorama, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles se declaró santuario para migrantes, en tanto la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del sur de California presentó una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para obtener detalles sobre cómo planean implementar el esfuerzo de la deportación masiva.
Entre el acalorado debate que genera la situación, los detractores de la política del republicano afirman que el plan de deportación masiva separará a las familias, provocando que padres inmigrantes deban volver a sus países mientras sus hijos, ciudadanos estadounidenses, deberían quedarse. Además, el plan costaría millones de dólares al gobierno estadounidense en medio de un escenario económico complicado.
Las declaraciones de los gobernadores demócratas sobre el plan de Trump
El gobernador de California, Gavin Newsom, aseguró que el estado se protegerá de las políticas de Trump convocando una sesión legislativa especial con el objetivo de resguardar las medidas progresistas. Por su parte, una semana después del triunfo del republicano, la ciudad de Los Ángeles aprobó una ley que prohíbe que sus recursos se utilicen para aplicar las leyes referidas a la deportación.
En Boston, estado de Massachusetts, la alcaldesa Michelle Wu sostuvo que protegerá a los inmigrantes sin estatus legal "de todas las maneras posibles", mientras que la gobernadora del estado, Maura Healey, remarcó que utilizará todas las herramientas a su alcance para "proteger a los residentes".
En esa línea, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, adelantó que la ciudad "no se doblegará ni cederá" ante las políticas republicanas. "Probablemente nos enfrentaremos a obstáculos en nuestro trabajo durante los próximos cuatro años, pero no nos detendrán y, sin duda, no daremos marcha atrás", declaró días después de las elecciones.