En un trino, el secretario de Transparencia del gobierno de Gustavo Petro, Andrés Idárraga, denunció a la Registraduría por haber adjudicado un contrato para la realización de las elecciones a las Juntas Administradoras Locales (JAL) a un consorcio que tiene la participación de Thomas Greg & Sons. La acción fue presentada ante la Fiscalía y la Procuraduría.
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"La Secretaría de Transparencia tuvo conocimiento de conductas presuntamente constitutivas de hechos de corrupción, que podrían tener incidencia penal y disciplinaria, relacionadas con la celebración de contratos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que presuntamente no cumplirían con los requisitos legales", dijo el funcionario.
Según Idárraga, cumpliendo las funciones que se le asignaron a principio de Gobierno, se analizó dicha información y encontró que "podría llegar a configurarse conductas constitutivas de hechos de corrupción". Estas fueron las razones por las que Idárraga dio traslado para que se aclaren hechos con "posible incidencia penal y disciplinaria".
Ante dichos señalamientos hechos por el secretario de Transparencia, el registrador Hernán Penagos se pronunció en la jornada de este miércoles. Aseguró que para dicho proceso de selección la entidad tuvo la "precaución" de invitar a la Procuraduría y en ese acompañamiento no se encontraron riesgos que dieran lugar a observaciones.
"La Procuraduría también dijo que los señalamientos que se dieron desde una oficina del Gobierno no tienen fundamento desde la legalidad. Quiero precisar que fue un trabajo que se llevó a cabo de manera impecable, se cumplieron todas las obligaciones que establece el estatuto contractual. Recuerden que la Registraduría tiene la posibilidad de contratar directamente la logística electoral porque así lo dice la Ley 80, no obstante, dimos la orden de que se abriera una convocatoria pública, que pudieran participar no solamente proponentes colombianos sino extranjeros, y que se definieran unos requisitos mínimos", señaló Penagos.
Luego, el registrador hizo hincapié en diferenciar la logística electoral del proceso. "Pareciera que muchos no conocen como funciona el sistema electoral. Una cosa es la logística electoral y otra cosa es el proceso. En la logística apoyan varios proveedores que se encargan de múltiples tareas que no puede hacer la Registraduría como transmisión, impresión y comunicación".
Investigaciones polémicas
No es la primera vez que hay polémica por actuaciones de la Secretaría de Transparencia. Varias de sus acciones de ha leído como una extensión de la agenda política del presidente Gustavo Petro. En este caso, el primer mandatario ha sido crítico de Thoma Greg & Sons y ahora Idárraga ha procedido con entablar una acción judicial y disciplinaria por la adjudicación a un consorcio con esta empresa entre sus miembros.
Antes de ello, también hubo cuestionamientos pues Idárraga emitió un listado de candidatos que deberían estar inhabilitados para las elecciones de 2023. Esto fue leído de mala manera pues es el Ejecutivo el que indicaba quién debía participar y quién no.