Chambacú: desalojo de la piedra en el zapato para uno de los proyectos del alcalde de Cartagena

Los predios de Chambacú, uno de los cuadrantes con mayor proyección de Cartagena, ubicados a pocos metros del Centro Histórico de la ciudad, hoy hacen parte de uno de los proyectos urbanísticos insignia de la actual administración del alcalde Dumek Turbay Paz. 

Allí, el Distrito tiene planeado construir un complejo deportivo, con amplios espacios verdes, que se sumarían al Parque Espíritu del Manglar- que fue recuperado y construido por Turbay Paz, cuando fue Gobernador de Bolívar- y que entraría a formar parte de un corredor con la Ciudad Colonial, con el fin de ampliar la zona turística. 

Sin embargo, al proyecto deportivo del Distrito se le atraviesa una comunidad que habita en la pobreza extrtema e indigencia: malviven en casas de madera y latas que montaron hace más de tres décadas y a las cuales se ha ido sumando más y más miseria. 

El TIEMPO recorrió la zona y evidenció la bomba de tiempo social que acosa a Chambacú, donde alguna vez Judith Pinedo, exalcaldesa de Cartagena, planificó construir una megabiblioteca pública, pero la comunidad se opuso.  

La realidad hoy en este cuadrante es que- una de las zonas en las cuales han puesto sus ojos poderosos empresarios- está convertida en un anillo de pobreza donde además, según la policía, operan expendios de droga. 

La inspectora de Policía, Luz Marina Villamil, emitió una orden de desalojo con un plazo de 10 días para evacuar la zona. 

La medida ha generado protestas y bloqueos de la troncal de Transcaribe por parte de las comunidades que allí habitan.

También hay acciones legales y la impugnación de una tutela que buscaba suspender el desalojo.

El pasado 3 de febrero, manifestantes bloquearon el carril exclusivo de Transcaribe en la estación Chambacú, exigiendo que la Alcaldía cambie la decisión y ofrezca garantías para la reubicación de las familias afectadas. 

Sin embargo, el Distrito ha reiterado que el proceso es legal y se ha desarrollado con el acompañamiento de la Personería Distrital de Cartagena.

Batalla por Chambacú en los tribunales

Días antes de la protesta, el ciudadano Leonardo Rubio Blanco presentó una acción de tutela ante el Juzgado 13 Civil de Cartagena contra la Inspección de Policía de la Comuna 2 y la Secretaría del Interior. Argumentó que la orden de desalojo vulneraba el debido proceso y la confianza legítima de los habitantes del sector.

No obstante, el juzgado declaró improcedente la tutela tras evaluar las pruebas y argumentos de ambas partes, avalando la recuperación del espacio público en los lotes distritales de Chambacú.

Video de la jornada de bloqueos en Chambacú

Eliseo Noriega, abogado de varias personas afectadas por la orden de desalojo, explicó que el fallo del juez se basó en una falla técnica: el abogado que interpuso la tutela no presentó los poderes especiales de los habitantes de Chambacú, lo que impidió que la acción prosperara.

"El juez consideró que para este tipo de situaciones se requiere un poder especial. Como no lo presentó, declararon improcedente la tutela", señaló Noriega. 

Sin embargo, destacó que existe la posibilidad de impugnar el fallo, presentando los documentos correspondientes para que un juez de segunda instancia evalúe el caso.

Además, el abogado informó que se han interpuesto recursos de apelación y reposición contra la decisión de la inspectora de Policía. La apelación está en manos del secretario del Interior, quien deberá pronunciarse en los próximos días.

Desplazados, miembros LGBTIQ+, adultos mayores, menores de edad y madres cabeza de hogar

Noriega aseguró que la inspectora de Policía se extralimitó en sus funciones, pues, según la Corte Constitucional, los inspectores no tienen la facultad de declarar desalojos, sino que esta es una competencia exclusiva de un juez de la República.

"La Corte ha señalado que el Distrito debe hacer un censo para clasificar a las personas afectadas: desplazados, miembros de la comunidad LGBTIQ+, adultos mayores, menores de edad y madres cabeza de hogar. Estas personas deben recibir una especial protección constitucional", enfatizó.

El abogado y otras organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que se incluyan a estas personas en programas de vivienda social y que se les otorgue apoyo económico para garantizar su sustento tras el desalojo.

El respaldo del Distrito al desalojo

Por su parte, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, ha sido claro en su postura: el desalojo de Chambacú es una medida necesaria para recuperar el orden en la ciudad.

"Entiendo que esto afectará las actividades económicas de quienes ocupan la zona, pero debemos respetar la ley y las órdenes policivas. Este sector ha sido un foco de desorden público, inseguridad y manejo inadecuado de residuos. En ciertos horarios, especialmente en la noche, se convierte en un punto de consumo de estupefacientes y otros actos delictivos", explicó el mandatario.

El alcalde comparó el caso con otros desalojos recientes en la ciudad, como el de los cocheros, quienes fueron reubicados o recibirán subsidios. En el caso de Chambacú, aseguró que el Distrito ha diseñado un plan de apoyo para los afectados.

Alternativas para los desalojados

Turbay anunció que las personas desalojadas recibirán apoyo integral y psicosocial, además de un subsidio de arrendamiento por al menos tres meses. Además, la Secretaría de Hacienda, tras un proceso de caracterización, evaluará la entrega de capital semilla para que los afectados puedan emprender en espacios legalizados y evitar perjuicios económicos a futuro.

"Queremos garantizar que quienes resulten afectados tengan oportunidades de desarrollo en condiciones dignas. No se trata solo de desalojar, sino de brindar soluciones reales para su reubicación", aseguró el alcalde.

Un conflicto con múltiples dimensiones

El conflicto en Chambacú refleja un problema de fondo en Cartagena: la falta de soluciones estructurales para quienes ocupan terrenos en condiciones informales. Mientras que el Distrito argumenta que la recuperación del espacio público es fundamental para el desarrollo de la ciudad, la comunidad denuncia que la medida la deja en la incertidumbre sin alternativas claras de reubicación.

El caso sigue su curso en los tribunales y en la administración distrital. Mientras los abogados insisten en que el proceso de desalojo debe ser revisado por los jueces, la Alcaldía se mantiene firme en su decisión de recuperar el sector.

En medio de la disputa legal, la comunidad sigue viviendo con la incertidumbre de no saber qué pasará con sus hogares y sus fuentes de ingreso en los próximos días.

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