Cascada de tutelas y los otros puntos de la estrategia del gobierno Petro para su defensa en el proceso del CNE

Este viernes se conoció oficialmente la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) con la que el presidente Gustavo Petro –en su condición de candidato- y otros responsables de su campaña quedaron imputados oficialmente por la presunta superación de los topes en las elecciones presidenciales de 2022. En este tiempo, el primer mandatario y su defensa han dejado ver cuál es la línea de defensa que seguirán.

Gustavo Petro y sus allegados han enarbolado la tesis de que el CNE no es competente para imputar al mandatario, así sea en su condición de candidato. Han insistido en que el fuero es integral y que la instancia para llevar a cabo el proceso es la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que lleva un proceso similar en esa línea. Bajo esa argumentación, se han radicado varias tutelas.

Al Consejo de Estado y otras instancias han llegado al menos 12 tutelas cuyo objetivo de alguna forma u otra es ponerle freno al proceso que lleva el CNE. La mayoría de accionantes no tienen relación directa con el gobierno Petro, pero es llamativo que el motivo de la acción judicial es muy similar en cada una.

En todas las tutelas se invoca la “presunta vulneración de derechos y garantías fundamentales” y se pide “la suspensión inmediata de la investigación en relación con la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico”. Solo hay una de las última que va más allá y habla de “arbitrariedad del organismo del Estado”.

La mayoría de las tutelas en cuestión llegaron la pasada semana, por lo que en el máximo tribunal administrativo aún no se ha tomado una decisión de si se admiten o no. En el aluvión de recursos también se han descartado varios, como el que interpuso el representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez.

Este había radicado una tutela bajo el argumento de que el CNE afectó su derecho fundamental a elegir. Aunque en un primer momento fue estudiada, luego se determinó que de ninguna manera se había vulnerado sus derechos “pues su derecho a elegir fue ejercido con plenitud en la oportunidad legal para ello y, de los hechos narrados no se encuentra vulneración alguna de su derecho a ser elegido".

Una tesis similar tuvo una tutela radicada en el Tribunal Superior de Medellín. De igual manera, en dicha instancia, se determinó que no había vulneración a los derechos a elegir pues se garantizó la elección en los procesos de votación de 2022.

El único recurso que actualmente está surtiendo la vía judicial en este caso no va directamente contra el CNE sino en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil, que fue la que emitió el concepto que ratificó las competencias del tribunal electoral para imputar al Presidente, en su calidad de candidato. Esta tutela fue interpuesta por el propio Gustavo Petro y busca que no se aplique la decisión que avaló la imputación.

Llevar los tiempos al máximo

Además de la cascada de tutelas, la estrategia de la defensa del presidente Petro apuntaría a alargar los tiempos del proceso hasta cerca de la preclusión. El proceso tiene hasta el 29 de julio de 2025 para completarse o se cumplirían los tres años de plazo para que se lleve a cabo una acción administrativa en primera instancia.

Quedan poco más de ocho meses, pero desde ya se ve un intento de la defensa presidencial para extender los plazos al máximo. EL TIEMPO conoció que la citación para notificar se emitió este viernes, 18 de octubre, pero la defensa esperará todo el margen que le da la ley. No asistirán a la notificación en persona, que tienen un periodo de cinco días para hacerlo, y esperarán la notificación de oficio, que son cinco días más.

De esta forma, serán al menos 10 días para la sola notificación y es a partir de esta fecha que comienzan a correr los tiempos del proceso. La notificación se estaría dando oficialmente la primera semana de noviembre y ahí comienzan a correr los términos para la presentación de descargos, que son 15 días hábiles.

Esto haría que fuera hacia la última semana de noviembre que comience la práctica de pruebas, que es un término de al menos 60 días hábiles o lo que equivale a casi tres meses. Este periodo puede llegar a extenderse a lo que equivale dos meses más. Esto implica que hacia finales de abril y comienzos de mayo se dé paso a los alegatos de conclusión, que es un periodo de 15 días hábiles.

Luego se dan hasta dos meses para que haya oficialmente una decisión. Un pronunciamiento en firme en primera instancia se estaría dando en una fecha muy cercana a la última semana de julio, cuando se cumplen los tres años dados por la ley para llevar a cabo este proceso. Para conocedores de los procesos en el CNE han señalado estas acciones desde la defensa como movidas dilatorias.

Presión a los magistrados

El presidente Gustavo Petro anunció este punto de su estrategia en un trino. Luego de conocerse la resolución oficial que lo imputaba, este hizo un llamado a una ‘denunciatón’ en contra de los togados que procedieron a acoger el pedido de abrir la investigación.

“Apenas entreguen el documento del CNE abriendo cargos contra el presidente de la república, y que ya esté firmado, invito a todas y todos los abogados de Colombia a poner la denuncia por prevaricato contra los firmantes. Con este hecho inicia formalmente el golpe de estado en Colombia”, dice la comunicación.

Los argumentos de la defensa

Además de las distintas movidas jurídicas, la defensa también ha planteado una defensa legal que ya dejó entrever en sus argumentos al proceso similar que lleva la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Un documento que reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO evidenció esta argumentación.

Gran parte de la justificación es que hay un error en la forma en que se ha interpretado los vuelos facturados por la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI). “Se anularon varias facturas en el proceso. En primer lugar, hubo una renegociación con Sadi porque ya eran clientes antiguos desde la campaña al Senado, esto les permitió negociar nuevamente 20 días después de haber firmado el contrato de primera vuelta, pues era evidente que iban a usar el avión mucho menos de lo que se les cobraría, así bajó el valor total de 4.190 millones a 2.770 millones de pesos”, dice un documento allegado por Mauricio Pava.

De igual manera, han insistido que entre las pruebas se han incluido pagos posteriores a la campaña, como es el caso de los testigos y el evento del Movistar Arena. Asimismo, que los préstamos de Fecode y la USO nunca fueron para la campaña sino que se destinaron a temas de la Colombia Humana.