Cartagena, Nación y Unesco izaron banderas sobre las ruinas de Aquarela: la historia de la torre que amenazó el patrimonio

El pasado 2 de noviembre, Cartagena de Indias celebró sus 40 años como Patrimonio Histórico de la Humanidad, un título otorgado en 1984 por la Unesco. 

Este año, sin embargo, la conmemoración tuvo un significado mayor con la entrega de la demolición total de la torre de Aquarela, el polémico edificio que durante siete años amenazó y puso en riesgo el preciado reconocimiento que hizo la Unesco a la ciudad.

El edificio, que había sido levantado a una cuadra del emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, en el barrio Torices, además, invadía 619.5 metros cuadrados de espacio público, los cuales fueron devueltos el pasado sábado a la ciudad.

Las ruinas de lo que fue Aquarela hoy representan el final de un largo conflicto legal y cultural que tuvo a la ciudad en vilo por más de siete años. Pero a su vez, marcan el inicio de demandas contra la nación y la ciudad a manos de los constructores (Promotora Calle 47, empresa registrada en la ciudad de Medellín), puesto que el proyecto, debido a vacíos de la ley y normativas para proteger el patrimonio y la declaratoria dada por la Unesco, tenía todos los permisos de construcción en regla, incluidas cinco licencias de construcción firmadas por el notario uno de Cartagena.

Una obra que puso en riesgo la declaratoria patrimonial

No demolemos un edificio, sino que protegemos el Patrimonio de Cartagena ante el mundo. Esto es una victoria que va más allá de nuestra ciudad o del país, es ponerle fin a un riesgo enorme que nunca debió existir

La construcción del edificio Aquarela, el complejo de 27 pisos que impactaba al Castillo San Felipe de Barajas, generó una controversia que alertó a autoridades cartageneras e instituciones encargadas de proteger el patrimonio de la ciudad: el Ministerio de Cultura, la primera responsable por ser el administrador y responsable de la vigilancia y control de las fortalezas, y monumentos de la ciudad. 

El primero en advertir sobre la amenaza de la obra había sido un líder social de Paseo Bolívar, que una mañana del año 2014 advirtió en plena sesión del Concejo sobre las vallas que anunciaban un supuesto proyecto para vivienda de interés social (VIS) con 5 torres de apartamentos, y que serian levantadas a una cuadra del Castillo de San Felipe de Barajas. Sin embargo, no fue escuchado.

El clamor del líder social llegó a oídos de Alfonso Cabrera, director de patrimonio de Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, que de inmediato envió un oficio al Ministerio de Cultura, donde, en una decisión de escritorio, no vieron el riesgo del proyecto urbanístico para el cuadrante patrimonial de la ciudad.

A su vez, la Promotora Calle 45, responsable de las moles, inició una férrea campaña en medios de comunicación, con impacto nacional, para promover el proyecto como una solución a la precaria vivienda de interés social en Cartagena.

No obstante, muchos periodistas, conocedores a fondo de la ciudad, no creyeron tamaña mentira, tan grande como la misma torre de Aquarela.

Sin embargo, el proyecto ya había sido comercializado y cientos de compradores hicieron largas filas, de noches enteras, para hacerse a un apartamento.

Años después los órganos de control denunciarían que las torres uno y dos, en su mayoría, serían para los mismos constructores, familiares y amigos cercanos. De vivienda de interés social… poco.

Unesco le puso la lupa 

Desde su edificación, la Unesco advirtió que el proyecto afectaba gravemente la relación visual y simbólica entre el castillo y su entorno, lo cual contradecía los criterios que Cartagena había cumplido para obtener su estatus de Patrimonio Mundial.

En 2017 la Unesco solicitó la demolición de la estructura, señalando que su permanencia implicaría graves consecuencias para la conservación del Castillo San Felipe, uno de los emblemas históricos de la ciudad y de la independencia colombiana. 

La obra contó con todos los permisos de ley, incluidas sus licencias de construcción, no obstante, el talón de Aquiles del proyecto fue la ocupación ilegal de 619.5 metros cuadrados de espacio público de Cartagena, donde pusieron la lupa las autoridades para cerrar la obra y evitar la construcción de todo el proyecto.

Pese a las advertencias, la edificación se mantenía en pie generando un conflicto legal que incluyó demandas, resoluciones judiciales y plazos incumplidos. 

Un hito para la protección patrimonial

Durante el acto conmemorativo de los 40 años de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad, las autoridades izaron las banderas de Colombia, Cartagena y la Unesco sobre los escombros de la polémica torre, la cual fue sometida a una demolición piso por piso, que había iniciado en febrero pasado, por orden del alcalde mayor de la ciudad, Dumek Turbay.

“No demolemos un edificio, sino que protegemos el Patrimonio de Cartagena ante el mundo. Esto es una victoria que va más allá de nuestra ciudad o del país, es ponerle fin a un riesgo enorme que nunca debió existir”, señaló Turbay Paz en el acto de restitución del espacio a la ciudad.

A su lado, el Ministro de Cultura, Juan David Correa, también subrayó la importancia de esta acción, considerando que "el patrimonio es mucho más que unas edificaciones". El funcionario destacó que, al final, esta decisión ha sido fundamental para devolver la confianza en el respeto de los valores históricos y culturales de la ciudad.

El proceso de demolición de Aquarela

La demolición de Aquarela fue responsabilidad de la Empresa de Desarrollo Urbano (Edurbe S.A.), que contrató a la firma especializada Atila para llevar a cabo el proyecto.

Para derribar la polémica mole el Distrito puso sobre la mesa un presupuesto de aproximadamente $11.897 millones de pesos. La demolición se desarrolló en cuatro fases, empleando diversas técnicas, piso por piso, que iban desde hombres mano a mano, maquinaria convencional y grúas de alta capacidad.

El riesgo era alto y no se podía hacer por implosión, porque la mole estaba rodeada por viviendas, conjuntos residenciales, una universidad, un polideportivo y corredores viales de alta movilidad.

En la primera fase se derribaron los pisos superiores: desde el 25 hasta el 20, mediante mano de obra y maquinaria convencional.

La segunda fase consistió en desmontar diez niveles adicionales usando cortes diamantados, que permitieron desmantelar los módulos de concreto sin comprometer la seguridad de los alrededores.

La tercera fase continuó con maquinaria de largo alcance hasta el piso cuatro.

Finalmente, la cuarta fase cubrió los últimos tres niveles del edificio, dejando el área lista para la reestructuración del espacio.

Según el alcalde Turbay Paz, el éxito de la demolición radica en que no se presentaron contratiempos. “El desmonte de los 27 pisos se realizó de la mejor manera. Con esto, hemos blindado y salvaguardado la declaratoria de Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad”, expresó el mandatario.

Aquarela y el futuro del patrimonio en Cartagena

Así se veía la Torre de Aquarela el pasado mes de enero, antes de iniciadas obras de demolición piso por piso.

Foto:John Montaño/ EL TIEMPO

La recuperación del estatus patrimonial de Cartagena va más allá de la demolición de Aquarela. Con este acto, las autoridades esperan que la ciudad siga siendo un referente cultural y turístico en el ámbito nacional e internacional. La declaratoria de Patrimonio Mundial representa no solo un reconocimiento simbólico, sino una garantía de que Cartagena preservará su identidad histórica para las futuras generaciones.

Ser Patrimonio de la Humanidad trae consigo beneficios como el aumento del turismo y la posibilidad de acceder a recursos de la Unesco para la conservación de su arquitectura. Así mismo, refuerza la imagen de la ciudad en el exterior y estimula la inversión en infraestructura turística y cultural.

Defensa de los derechos de los compradores de Aquarela

Aunque el edificio ya no existe, su historia no termina aquí. Uno de los desafíos que enfrenta ahora la Alcaldía es atender a las decenas de familias que invirtieron en Aquarela y que, con su demolición, han visto frustrados sus sueños de vivienda. El alcalde Turbay Paz ha emprendido una acción legal para apoyar a estas personas afectadas, denunciando penalmente a los promotores del proyecto por estafa masiva.

En este sentido, la Alcaldía busca el levantamiento del "velo corporativo" de los accionistas de la promotora, para que los responsables respondan con sus bienes ante los compradores perjudicados. Además, ha impulsado medidas para asegurar que el lote donde estaba Aquarela sirva como garantía en las compensaciones, de modo que tanto el Distrito como las víctimas puedan recuperar parte de lo perdido.

La acción popular contra los promotores de Aquarela

Recientemente, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena admitió una demanda de acción popular presentada por la Alcaldía en representación de los afectados. Esta demanda tiene como objetivo que las empresas involucradas en el proyecto Aquarela, entre ellas Promotora Calle 47 SAS, devuelvan los montos pagados por los compradores y reconozcan la vulneración de los derechos de los consumidores.

Los puntos clave de esta acción popular incluyen:

1. Declarar que las empresas demandadas violaron los derechos de los compradores del proyecto Aquarela VIS.

2. Ordenar el reembolso total de los pagos realizados por los compradores para la adquisición de los inmuebles en el proyecto.

3. Levantar el velo corporativo para que los accionistas respondan personalmente ante los afectados.

4. Imponer sanciones a los responsables por los perjuicios causados.

Un llamado a la responsabilidad y el respeto al patrimonio

La demolición de Aquarela es un precedente importante para Cartagena y para toda Colombia en cuanto a la defensa del patrimonio cultural. En adelante, la ciudad espera que las lecciones aprendidas sirvan para evitar situaciones similares y asegurar que cualquier desarrollo urbanístico se lleve a cabo respetando la historia y el entorno de la ciudad.

Con la demolición de Aquarela y la reafirmación de su estatus como Patrimonio de la Humanidad, Cartagena cierra un capítulo que pone en evidencia la importancia de la preservación patrimonial y la necesidad de que todas las partes implicadas, desde promotores inmobiliarios hasta las autoridades, asuman una responsabilidad con el entorno cultural de la ciudad.

Para Cartagena, el caso Aquarela queda como una prueba superada en la defensa de su identidad cultural y patrimonial, un compromiso renovado que los cartageneros celebran con orgullo y que, de ahora en adelante, servirá como ejemplo de la importancia de proteger el legado que pertenece no solo a la ciudad, sino al mundo entero.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas