Cada semana de 2024 han sido asesinados al menos 3 líderes sociales, según la Fiscalía

En la tarde del pasado 30 de agosto, cuando se encontraba dentro de una tienda del corregimiento de Puerto Bélgica, municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, Jorge Ávila, un líder social que hacía parte de varios procesos comunitarios en la región, fue asesinado por dos sicarios, quienes también asesinaron a una mujer que lo acompañaba. Este líder social, que pese a sus problemas de locomoción, se desempeñaba como tallerista y era ‘sembrador de comunicación no violenta’ en zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), es una de las más recientes víctimas de una tragedia que parece no tener fin y a la que este Gobierno tampoco parece haberle encontrado solución.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la Nación, de Luz Adriana Camargo, en lo corrido de este ño con corte al 11 de septiembre, van 133 casos de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. El año pasado, en este mismo punto, se habían cometido 131 crímenes de este tipo, cifra que ascendió a 191 hechos a final de 2023.

La Fiscalía determinó, al contabilizar los casos en los que ya hay impulso procesal, que en los últimos dos años estos crímenes han sido cometidos en su mayoría -32 hechos- por las disidencias de las Farc. El ente investigativo también determinó que hay 27 casos en los que aún se está verificando el autor del hecho, 14 que están ligados al ‘clan del Golfo’, nueve a la ‘Segunda Marquetalia’ y ocho del Eln. Además de otros 27 crímenes que han sido perpetrados por particulares y uno por las Fuerzas Armadas.

Lo llamativo de este dato es que todas las estructuras criminales mencionadas hacen o hicieron parte de las mesas de la ‘paz total’, espacios en los que no hay compromisos claros sobre el respeto a la vida de los líderes sociales pese a que su protección fue una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro.

De hecho, no hay que perder de vista que con todos estos grupos hubo treguas: un cese del fuego de un año con el Eln, otras más con el ‘clan del Golfo’ y la ‘Segunda Marquetalia’ durante 2023 y una más, aún vigente con las disidencias de Calarcá.

Sobre esto, EL TIEMPO conoció que entre los análisis técnicos del ente investigativo se concluye que los procesos de paz -como el acuerdo de 2016- sí han servido para reducir las cifras. 

¿Medidas funcionan?

Si bien el número de casos viene bajando desde 2022, cuando se presentó el pico de estos crímenes, con 212, ni siquiera el que la Corte Constitucional haya declarado el Estado de Cosas Inconstitucional ante la violencia contra los líderes sociales y el que se haya urgido al Gobierno a tomar medidas para su protección, ha logrado una disminución sustancial en el número de episodios.

Hace un año, en esa línea, el Gobierno anunció que en el marco de esta declaratoria multiplicaría el presupuesto destinado a la protección y que la partida ascendería a los 30.000 millones de pesos. Además, lanzó la campaña contra la estigmatización llamada ‘Paz sin estigmas’ y afirmó que la prioridad sería implementar la política pública de reconciliación, la cual contempla medidas en pro de los defensores de derechos humanos.

Sin embargo, para organizaciones que le hacen seguimiento a estos crímenes las medidas adoptadas por el Gobierno no son suficientes. Leonardo González de Indepaz, instituto que le hace seguimiento a la situación de los líderes sociales en el país y que registra 117 crímenes en lo corrido del año, sostiene que aún hay muchas deficiencias en la implementación de las políticas públicas que pretenden ser herramientas para la protección de los líderes.

“No se ve ningún efecto positivo de este tipo de campañas, es más, la política ha sido mal ejecutada y en el algunos casos no se ha implementado del todo por parte de la oficina de los derechos humanos del Ministerio del Interior”, señaló González.

Dicha oficina está a cargo de Franklin Castañeda, quien en diciembre, en conversación con este diario, afirmó que no estaban contentos con los resultados. Para la construcción de este informe, EL TIEMPO se comunicó con la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior en aras de conocer su avance en cada uno de los temas planteados hace nueve meses; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, la Unidad Nacional de Protección señaló que en lo corrido del año se ha presentado una disminución en el número de solicitudes de protección. Hasta el 31 de agosto los líderes habían solicitado 10.596 medidas. En 2023 esa cifra ascendió a 21.469 y en 2022, el año más letal para los defensores, 14.446.

Sobre este tema, la Procuraduría anunció esta semana la creación del Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social (Ipra), una especie de termómetro que mide aspectos como las respuestas de los entes territoriales y del Gobierno a los pedidos de proteger a líderes sociales. La primera fase de esta herramienta incluyó a 103 líderes en 36 municipios de cuatro subregiones del país que están siendo afectadas por grupos armados ilegales (Montes de María, Bajo Cauca, norte del Cauca y el sur de Córdoba).

Las conclusiones del primer sondeo son que el 38 por ciento de municipios de las cuatro regiones no tiene medidas de prevención a favor de esta población; que en materia de protección el 50 por ciento de pueblos no tienen activadas las rutas a favor de líderes; y que en garantías de no repetición el 70 por ciento de municipios no tienen jornadas de no estigmatización.

En cuanto a percepción de seguridad, el 40 por ciento de líderes tiene poca confianza en sus territorios; el 60 por ciento afirma haber sido amenazado directamente por su liderazgo; el 66 por ciento desconoce el Plan Integral de Prevención; y más del 40 por ciento de estas personas argumentaron que las medidas de prevención no les han dejado adelantar sus ejercicios de liderazgo.

Las investigaciones

Con respecto al esclarecimiento de estos casos, de los 324 episodios registrados desde 2023 por la Fiscalía, 123 cuentan con impulso procesal, es decir, se encuentran al menos con una orden de captura activa. En general, hay 29 en juicio, 26 en investigación, 58 en indagación con orden de captura, un caso precluido por la muerte del acusado y solo nueve en ejecución de penas.

Uno de los pocos crímenes que cuenta con sentencia condenatoria es el de Shaina Vanessa Pretel Gómez, una reconocida activista trans y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ de 28 años, que hizo parte de Afro-Resistance, un espacio que tenía como foco temas raciales relacionados con los derechos humanos y la justicia social.

El homicidio de Shaina Vanessa fue perpetrado por Brayan Andrés Gutiérrez Guerrero , en el barrio Poblado II de Cali. En el ataque, que ocurrió en el apartamento de la joven, también recibió impactos de bala Fabián Andrés Paz, quien resultó herido, y quedó ilesa Mayer Cárdenas, mujer trans. El perpetrador de dicho crimen fue capturado por la Policía Nacional y hoy se encuentra en prisión pagando una pena de 220 meses.

Con respecto a los responsables de los crímenes que ya cuentan con impulso procesal, la Fiscalía desde su Unidad Especial de Investigación (UEI), a cargo de Hernando Toro, atribuye gran parte de los crímenes en contra de los defensores de derechos humanos al grupo armado al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 10 de junio cuando integrantes del frente ‘Carlos Patiño’ del ‘Estado Mayor Central’ le dispararon a Hernán Enríquez Mora, un líder social y profesor oriundo del municipio de Suárez (Cauca), pero que trabajaba en Argelia. De acuerdo con las autoridades de la zona, el docente, que hacía parte de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, fue asesinado en un retén ilegal en el sector conocido como el cruce de Las Perlas.

Ese departamento es justamente es el que reúne la mayor cantidad de casos en los dos últimos años según el reporte de la Fiscalía: 62 episodios, 20 de ellos con impulso procesal.

González sostiene que el recrudecimiento de la violencia en este departamento está ligado a las conflictividades que se viven en la región. Para el analista, aunque es perentorio que en las mesas de diálogo que adelanta el Gobierno en el marco de la ‘paz total’ se exija el respeto por la vida de los defensores, considera que el fenómeno es más complejo.

“Este fenómeno va mucho más allá de la ‘paz total’ y al analizar tenemos que ver los otros conflictos que existen. Lo que nosotros hemos encontrado a partir de nuestros análisis es que en las zonas en las que se han cumplido los cese del fuego se nota una disminución. Pero en zonas en donde nunca se cumplió como el Cauca no hay disminución. A esto se le suma que el Gobierno no ha implementado las políticas de protección y autoprotección de las comunidades”, añadió el director de Indepaz.

En términos de investigación, al Cauca, en el mismo periodo de tiempo, le siguen los departamentos de Antioquia (40 casos), Valle del Cauca (29), Nariño (22), Arauca (19), Bolívar (15), Córdoba (13), Norte de Santander (12), Putumayo (12) y Bogotá (10). 

Cauca y Antioquia agrupan la tercera parte de los homicidios

Cauca es el principal escenario de violencia en contra de líderes sociales. En lo transcurrido de este año van 21 homicidios, según Indepaz. El líder indígena Eduin Mauricio Capaz Lectamo, quien ha dedicado su vida a la defensa del ambiente y del territorio en ese departamento, cuenta cómo es su lucha en medio de amenazas e intimidaciones. “El Cauca es una de las regiones con mayor complejidad a la hora de ser un líder social indistintamente de qué sector represente o sea su voz”, dice Capaz, miembro del pueblo nasa.

Para el líder, esto ha llevado a que la sociedad caucana haya sido permeada “no solo por la economía ilícita, sino por la cultura alrededor de esas economías”. Según él, los ataques y las amenazas son tan recurrentes que en ocasiones pasan desapercibidos para ellos mismos. Por eso, su llamado es el mismo que hicieron otros defensores antes de que fueran asesinados: mayor presencia del Estado.

“Pero también piden empoderamiento de las estructuras sociales, que sean los gobiernos propios, tanto afros como campesinos e indígenas, los que puedan enmarcarse en el desarrollo de cada una de sus comunidades. Que se les pueda dar desarrollo a la educación, la salud, la economía, todo esto que las los grupos sociales han establecido”, señaló Capaz Lectamo.

La situación más crítica se vive en el norte del Cauca, en donde las estructuras criminales se disputan el territorio. Municipios como Toribío, Santander de Quilichao, Caloto, Caldono, Páez y Miranda han sido el epicentro de crímenes como los de José Alirio Chocué, Eywar Yamid Moran, Edilberto Chilhueso, Víctor Alfonso Yule Medina, María Reina Gómez y el de Carlos Andrés Ascue Tumbo, un destacado líder y guardia indígena del territorio Sa’th Tama Kiwe asesinado el pasado 29 de agosto.

Según líderes de la región, es la consecuencia de la falta de implementación del acuerdo de paz entre el Estado y las antiguas Farc.

“Se depositaron muchas esperanzas en el acuerdo de paz, pero debido a la ralentización de su implementación y la reorganización de grupos actores armados, varios territorios del Cauca se volvieron escenarios de violencia y las voces de los líderes se vuelven voces incómodas que muchas veces las quitan con acciones de amenazas, de intimidación y asesinatos”, destaca Capaz.

El líder indígena afirma que es común que circulen las amenazas y que estas lleguen en forma de panfletos de cualquier estructura criminal no identificada o que se hable incluso de la presencia del cartel de Sinaloa.

Pero en Antioquia la situación no es mejor. En lo corrido del año han sido asesinados 17 líderes sociales, lo que representa el 14,53 por ciento de los casos nacionales, según cifras recopiladas por la Fundación Sumapaz.

Las subregiones que registran tres casos cada una son las del Nordeste y Suroeste. Además, entre el año 2020 y el 2024 los municipios de Ituango y Tarazá fueron epicentro de nueve asesinatos de líderes sociales en cada uno, convirtiéndose en los lugares donde más se registraron hechos violentos contra esta población.

Medellín es el tercer municipio con más afectaciones, con siete asesinatos en estos últimos cuatro años, mientras que Cáceres y Remedios registraron cinco casos desde la época de la pandemia. “Las dinámicas territoriales son muy claras, muestran no solo la consolidación de grupos armados ilegales sino cómo estas se imponen a partir de escenarios de liderazgos. La situación obedece a diferentes actores. Son los líderes quienes se oponen a la imposición de normas y conductas por parte de los mismos grupos armados, pero también la falta de garantías de los actores del Estado”, indicaron desde Sumapaz.

En Antioquia el ‘clan del Golfo’ tiene presencia en seis subregiones, entre ellas el Nordeste y Suroeste, donde la estructura está al mando de alias Chiquito Malo, que aunque tuvo sus orígenes en el Urabá ahora actúa también desde seis puntos del departamento.

“Hemos identificado presencial de las AGC en todo el departamento, sin contar ‘la Oficina’, Eln y disidencias; y en la medida en que existan estos grupos armados se van disminuyendo las garantías a los líderes que defienden los derechos humanos en el departamento”, concluyeron desde la Fundación Sumapaz.

Yeri Edwin Gaitán: 'Acá ser un líder comunal es convertirse en un blanco'

“Acá ser un líder es convertirse en un blanco. O acatas lo que dicen los disidentes o te matan”, comenta uno de los habitantes de Jamundí a EL TIEMPO, municipio en el que el 1.° de julio de este año fue asesinado Yeri Edwin Gaitán, un líder comunal que desde muy joven le apostó a luchar por un mejor alcantarillado, vías o vivienda en el corregimiento de Villacolombia. Gaitán fue presidente en este pedacito de territorio, antes de que las disidencias en lo alto de Jamundí segaran su vida luego de, según información de la comunidad, se reunió con miembros de la Tercera Brigada para informar sobre una nueva amenaza de ese grupo a personas que no querían pagar una extorsión para la construcción de una vía.

Narciso Beleño: 'Creen que nos van a callar, pero no es así'

Narciso Beleño no solo era el presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), era parte vital del tejido social de su región, un hombre que, como recuerdan quienes lo conocieron, había transitado todo el camino de la lucha campesina en la región desde 1985. Por esa lucha incansable en defensa de los derechos de su comunidad en una zona en donde hace presencia el ‘clan del Golfo’ y el Eln, había recibido varias amenazas. De ahí que su asesinato, ocurrido el 21 de abril en su casa, calara tan hondo entre los habitantes de Santa Rosa del Sur. “Creen que nos van a callar, pero no es así”, señaló una de las personas que lo conoció,

y que pidió guardar reserva de su nombre.

Alba Rocío Riaño: 'Nunca recibió un estudio de nivel de riesgo'

Quienes conocieron a Alba Rocío Riaño recuerdan que no había tema sobre su barrio del que no conociera al menos un detalle. Esta líder comunal era vicepresidenta de la junta de acción comunal (JAC) en el barrio Verbenal-El Paraíso, en la localidad de Ciudad Bolívar, y antes de que fuera víctima del ataque que terminó con su vida, había recibido varias amenazas de muerte. Daimer Quintero, presidente de la JAL, denunció en aquel momento que pese a las medidas de protección solicitadas, la mujer nunca recibió un estudio de nivel de riesgo. Riaño murió el pasado 24 de junio en el Hospital de Meissen, de Bogotá, nueve días después de recibir dos impactos de bala en su cabeza.

Foto principal

De izquierda a derecha en la foto principal:

1. Elieced Ávila Ávila.

2. Emerson Pulgarín Sánchez

3. Geovanny Luna Cárdenas

4. Argemiro Mayo García

5. Libardo Rosero Tapia

6. Higinio Bastos Marín

7. Fidel Antonio Hernández

8. José Gregorio Naranjo

9. Billy Smith Salgado

10. Fabián Castaño Serna

11. Faber Rincón Pérez

12. Aldinebin Ramos

13. Eywar Yamid Moran

14. Jaime Ernesto Páez

15. Jackson Romaña

16. José Antonio Lozano

17. Ludivia Galíndez Jiménez

18. Víctor Mezú

19. Eliécer Guevara

20. Josué Castellanos

21. Deivi Junco Hernández

22. Segundo Virgilio Imbachí

23. Cristian Alberto Castrillón

24. Carmelina Yule Paví

25. Álvaro Javier Morales

26. Efrén Zapata

27. Émerson David Silva

28. Éver Albeiro Espí

29. Jaime Alonso Vásquez

30. Manuel José Bermúdez

31. Jorge Navarro González

32. Clarivet Ocampo

33. Zayra Enciso Gómez

34. Edilberto Chilhueso Rivera

35. Narciso Beleño

36. Luis Alfredo Leones

37. Hilton Eduardo Barrios

38. John Freddy Gil

39. Yarlinton Robledo

40. Lelis Armando Santana

41. Miguel Ángel Bautista

42. John Jarry Vargas

43. Emilse Bailarín Domicó

44. Sandra Lorena Anacona

45. Luis Eduardo Cedeño

46. León Eugenio García

47. Luis Oswaldo Yule

48. Carlos César Camacho

49. Alfredo Alonso Osorio

50. Ramón Arturo Montejo

51. Marian Rodríguez Camelo

52. Hernán Henríquez Mora

53. Mauricio Collazos

54. Deyby Yair Bueno Villano

55. Alcides Sucerquia

56. Hader Enrique Escobar

57. Alba Rocío Riaño

58. Yoli María Toloza

59. Jorge Méndez

60. Eyber Danilo Poto

61. Jeisson Buenaños Pinilla

62. Yeri Edwin Gaitán

63. Dideison Espinosa

64. Armando Luis Rivero

65. María Reina Gómez

66. Jhon Jairo Forastero

67. Édgar Victoria

68. Dino Ul Musicue

69. Rafael Arcángel Ramírez

70. Francisco Jiménez

71. Carlos Alberto Aristizábal

72. Elider Antonio Díaz

73. Wilfrido Izquierdo

74. Beyanid González

75. Camilo Sánchez

76. Víctor Alfonso Yule

77. Willis Guillermo Robinson

78. Óscar Javier Guerrero

79. Carlos Andrés Ascue

80. Jorge Ávila

81. Jermín Luis Padilla Valdez

82. Manuel Salvador Sánchez

83. Luis Fernando Osorio

84. Dairo Yovani Aquite

*Las fotos no corresponden a la totalidad de los líderes sociales asesinados, sino a un porcentaje de ellos. 

CAMILO CASTILLO, CARLOS LÓPEZ, MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX, CAROLINA BOHÓRQUEZ Y ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Periodistas de Política, Justicia y Nación