Bajar el impuesto de renta a empresas estimula el crecimiento, pero golpea a hogares de menores ingresos, alertan economistas del Banco de la República

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Aunque uno de los objetivos del Gobierno para impulsar la reactivación de la economía apunta a aliviar la carga impositiva de las empresas en el país, para lo cual propuso en su proyecto de ley de financiamiento una reducción gradual de la tasa de renta que estas pagan, la iniciativa podría tener impactos no deseados en términos de equidad y bienestar de los hogares menos calificados y de menores ingresos, según se desprende de un reciente análisis elaborado por un grupo de economistas del Banco de la República.

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"La reducción del impuesto sobre la renta de las empresas incentiva el crecimiento económico y el bienestar en el largo plazo, sin embargo, dichas ganancias en el bienestar se distribuyen de forma desigual entre los agentes de la economía, lo que genera distorsiones en términos de desigualdad", advierte el análisis '¿Sobre quién recaería la carga de reducir el impuesto sobre la renta de las empresas?', elaborado por Hernán Rincón Castro y Juan Pablo Ángel Mojica, y publicado en Borradores de Economía 1260, uno de los medios de difusión de las investigaciones del banco emisor.

Lo que indica el proyecto de ley de financiamiento del Gobierno, que ya está en poder del Congreso de la República para su discusión y votación, es un esquema de tarifas en función del tamaño de la empresa, las cuales se reducirán del actual 35 por ciento hacia adelante hasta cierto punto.

Así, por ejemplo, la tarifa de las grandes empresas (renta líquida de más de 5.647 millones de pesos) se reducirá del 35 por ciento al 33 por ciento entre el 2025 y el 2029, de aprobarse dicho proyecto.

Las que tienen una renta de entre 295 y 5.647 millones de pesos pagarán una tasa nominal de 34 por ciento el próximo año, 33 por ciento en 2026, de 32 por ciento en 2027, de 31 por ciento en 2028 y de 30 por ciento en 2029.

A su vez, las pequeñas empresas, aquellas con una renta inferior a 295 millones de pesos, quedarán con una tarifa permanente de 27 por ciento desde este año, según contempla la misma iniciativa, en la que el Gobierno deja claro que esa reducción gradual no aplicará a los sectores extractivos de minas e hidrocarburos.

Con lo aprobado hasta el momento, el Banco de la República (cuya sede aparece en la imagen) tendrá el encargo de manejar recursos para las pensiones.

Sede principal del Banco de la República ubicada en pleno centro de Bogotá, en la carrera 7.a con calle 13.

Foto:CESAR MELGAREJO

Contrapesos

Tras realizar varios simulaciones, que tuvieron en cuenta aspectos como disminución de las transferencias a los hogares, aumento en el impuesto al trabajo y en el impuesto al consumo, para determinar el impacto que conlleva una reducción en la tasa de renta para las empresas y encontrar que en efecto habría efectos en los hogares menos calificados y de menores ingresos, los investigadores advierten sobre la necesidad de adoptar algunas medidas que mitiguen esos golpes negativos sobre ciertos segmentos de la población.

"Con el fin de lograr al mismo tiempo una menor carga tributaria sobre las empresas, que redunde en mayor crecimiento económico, pero con más equidad y bienestar para todos los hogares, se requiere utilizar los instrumentos de política de manera más equilibrada", comentan los economistas Rincón Castro y Ángel Mojica, quienes consideran que "las reformas fiscales que afectan negativamente a los hogares no calificados y de menores ingresos son las que amplían en mayor magnitud el diferencial de ingresos y generan menores ganancias (incluso perdidas) en el bienestar agregado de la economía".

Para los investigadores es claro que para lograr esos objetivos es necesario complementar dicho ajuste tributario con medidas que logren reducir la informalidad, pero, además, será necesario aumentar la calificación del trabajo y ampliar el acceso de los hogares al mercado financiero. 

"Infortunadamente, son políticas que no se relacionan directamente con los

instrumentos a disposición de la autoridad fiscal, sino con cambios institucionales que requieren de consensos y decisiones más amplios de la sociedad", advierten los economistas del Banco de la República.

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