Durante la audiencia preparatoria en el juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, la fiscal Lucy Laborde Betancourt reveló nuevas pruebas que exponen cómo el exdiputado del Atlántico habría gestionado apoyos financieros para una campaña electoral, utilizando recursos de dudosa procedencia.
Según la Fiscalía, Petro y su expareja, Day Vásquez, estaban activamente buscando aportes económicos para impulsar una campaña política. Este hecho se evidencia a través de una serie de conversaciones obtenidas por los investigadores, en las que se detallan acuerdos y solicitudes de dinero.
Además, en los mensajes se reflejan transacciones relacionadas con la compra de bienes y gastos personales de alto valor, lo que refuerza la acusación de enriquecimiento ilícito.
Pagos irregulares y compras de lujo
Durante su intervención, el fiscal Laborde Betancourt especificó que los chats evidencian pagos para la adquisición de una casa en Tubará, Atlántico, además de gastos en cirugías estéticas, vehículos, muebles y joyas.
Se observa la entrega de sumas significativas de dinero destinadas a diversas multas, incluyendo la financiación de campañas y gastos personales, lo que refuerza la hipótesis de que estos recursos provendrían de fuentes irregulares
Lucy Laborde BetancourtJefa de la Fiscalía 3 delegada contra lavados de activos
Este patrón de transacciones llevó a los investigadores a profundizar en los métodos empleados para ocultar la procedencia del dinero. Uno de los hallazgos más relevantes es la presunta utilización de la empresa de energía Grupo Delta Limitada como fachada para cubrir el delito de lavado de activos.
Una empresa utilizada como pantalla
Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Foto:Vanexa Romero/ El Tiempo
De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro habría empleado Grupo Delta para dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero obtenidas de manera ilícita.
Aunque la compañía figura en registros comerciales con sede en Bogotá y dedicada a servicios de arquitectura. La investigación señala que sus operaciones fueron instrumentalizadas dentro del esquema de blanqueo de capitales.
Laborde Betancourt también detalló que se han identificado cheques y transferencias financieras giradas desde Petro Burgos hacia una fundación, lo que ha generado sospechas sobre el destino final de estos fondos.
Por ello, la Fiscalía ha solicitado una información minuciosa de estos movimientos económicos para determinar si formaban parte de un entramado de financiamiento irregular.
Un proceso judicial en marcha
Nicolás Petro enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos que, según la Fiscalía, se habrían cometido mientras ejercía como diputado de la Asamblea del Atlántico.
Su detención en julio de 2023 marcó un punto de inflexión en el caso, especialmente después de que la Fiscalía revelara que el acusado había admitido haber recibido dinero de fuentes cuestionadas.
El juicio continúa en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, donde el ente acusador sigue presentando pruebas que buscan demostrar la responsabilidad de Petro en el manejo irregular de recursos.
Se espera que en las próximas audiencias se presenten nuevos testimonios y documentos clave para esclarecer el origen y el destino de los involucrados en este escándalo de corrupción.