Atentado en Arauca: el Eln repite la historia y pone en cuidados intensivos la ‘paz total’

Soldados Julián Patiño Arango y Bayron Andrés Correa Vargas. Sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano. Esos nombres y esos rangos militares seguro no suenan conocidos para la mayoría de los colombianos. Pero sus muertes en un atentado con rampas de cilindros bomba contra la base del Ejército en Puerto Jordán, Arauca, esta semana, y las graves heridas que sufrieron otros 25 uniformados pusieron en cuidados intensivos la negociación de paz con el Eln.

Patiño, Correa y Zúñiga no son las primeras víctimas de la arremetida violenta del Eln desde que esa guerrilla se negó a la prórroga del cese del fuego, a comienzos de agosto pasado. Pero el ataque del martes, que fue perpetrado a pocos metros de un colegio que atiende a cerca de 1.400 estudiantes, así como la escalada en contra de la población civil y la infraestructura en Arauca, Chocó y Norte de Santander le han mostrado al gobierno del presidente Gustavo Petro lo erradas que estaban sus cuentas sobre las posibilidades de un proceso exitoso con el grupo de alias Antonio García.

Tras dos años de un proceso con bajo impacto en la seguridad y tranquilidad de las poblaciones sometidas a su violencia en al menos una decena de departamentos, se pasó de la ‘paz en tres meses’ que prometió Petro en campaña a un escenario en el que la Casa de Nariño se planteó una ruptura.

Pese a los reclamos desde varios sectores políticos y algunos mandatarios regionales, y a las dificultades del proceso, el Gobierno tomó la decisión de no romper la mesa con el Eln porque, pese a las múltiples crisis, sigue siendo su mayor apuesta. Por eso, horas después de que Petro señaló que el proceso estaba “prácticamente cerrado”, la delegación del Gobierno, a cargo de Vera Grabe, habló de “suspensión”.

“Su viabilidad está severamente lesionada, y su continuidad solo puede ser recuperada con una manifestación inequívoca de la voluntad de paz del Eln”, dijo Grabe. El viernes, vía X, el Presidente le pidió al Eln “gritar” una eventual voluntad de paz.

Con 28 acuerdos parciales firmados y con el logro de la suspensión del secuestro por solo algunos meses, la mesa con el Eln era, de las siete de la ‘paz total’, la que mayores avances podía mostrar. Esto, en medio de las denuncias de fortalecimiento estratégico de esa guerrilla en todo el país, del aumento de sus extorsiones, de su negativa pública a dejar las armas, de las constantes violaciones al cese bilateral de fuegos y de las exigencias de ‘García’ que han torpeado el proceso, congelado hace cinco meses.

Los analistas advierten que lo que se está viendo hoy, que encaja con la estrategia histórica del Eln de aprovechar las intenciones de paz del Estado, es consecuencia de los graves errores en el diseño de la ‘paz total’ y en la lectura de la realidad del conflicto en el país.

“El primer error en este proceso fue decir que se iba a lograr la paz en tres meses. El Eln no se iba a tomar bien eso y pues generó que se entrara a la mesa con presiones y que ellos dijeran: ‘El Presidente nos necesita y necesita que estemos aquí sentados’. Eso de por sí ya genera unas complicaciones muy fuertes en la mesa”, señala Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación.

La debilidad del mecanismo de verificación de la tregua –del cual nunca se conocieron los informes sobre violaciones de los compromisos–, la decisión de la guerrilla de romper el acuerdo sobre el fin del secuestro extorsivo cuando el Gobierno se negó a financiar sus filas, o el hecho de condicionar la estabilidad del proceso por los diálogos regionales con Comuneros del Sur y por permanecer en la lista de GAO son solo algunos de los episodios que dan cuenta de cómo el Eln, fundamentalmente el sector más guerrerista liderado por ‘Antonio García’, manejó los tiempos de la negociación.

“El Eln ha cerrado todas las puertas. No parece haber el menor asomo de coherencia y mantiene una actitud de abierta hostilidad a un gobierno de izquierda que ha cedido en muchos temas”, dice Carlos Velandia, quien en el pasado perteneció a esa organización armada y hoy es promotor de paz.

Por su parte, Diego Arias, analista de paz y excombatiente del M19, sostiene que esto es muestra de que la guerrilla sigue viendo el proceso de paz no como una posibilidad de reintegrarse a la vida civil, sino como una estrategia para aumentar su poderío militar. “Es decir, no está apremiado ni política ni militarmente para pactar la paz”, afirma.

De hecho, según los organismos de inteligencia, en el último congreso del Eln, celebrado en la clandestinidad este año, se habría dado el mandato de no firmar la paz con el gobierno Petro y hacer tiempo para llegar con más fuerza ante una nueva administración en dos años.

Ante esta situación y la posición firme del presidente Petro de una salida negociada con el Eln, la estrategia del Gobierno es buscar enderezar un proceso del que hasta ahora el único que ha sacado ventaja es el victimario.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que en este momento la prioridad debe ser salvar lo que se pueda de este proceso. “Hay que ser creativos y ver si se puede dejar algo que se le pueda dar continuidad en el siguiente gobierno. Claro, siempre y cuando ese gobierno tenga la intención de seguirlo, porque la situación política de Colombia de cara a 2026 no es clara”, afirma.

Diego Arias considera que sí es posible revivir la mesa y llegar a buen puerto durante el resto de este mandato, siempre y cuando el Gobierno actúe con firmeza y sea el que marque el rumbo de la negociación: “Tendría que haber un giro estratégico para que este proceso no agonice, lo cual implica retomar y perfeccionar el cese del fuego, acotar la agenda temática y garantizar que el proceso culmine con una agenda de transformaciones acordada junto al desarme verificable de la guerrilla”.

El factor Venezuela

Para los expertos, la situación de Venezuela es otro factor que incide en el futuro de los diálogos y, por ende, en el porvenir de la ‘paz total’. Ese país es hoy la retaguardia militar de esa guerrilla (y de las disidencias de ‘Iván Márquez’) y sirve de refugio para ‘García’ y otros cabecillas de esa estructura armada. También juega un rol activo en los tres procesos de carácter político que adelanta la oficina del Comisionado para la Paz. De ahí que desde el Congreso hayan expresado su preocupación.

“Ellos tienen protección y refugio en Venezuela, muchos de sus campamentos están en Venezuela y eso hace que sea muy difícil la situación. La mayor cantidad de operaciones de inteligencia que ellos hacen las ejecutan desde el lado venezolano e inclusive la gente a la que ellos llaman a rendir cuentas, o para el pago de vacunas y de extorsiones, tienen que pasar la frontera. Eso por supuesto dificulta que el conflicto se desescale”, comenta Lina Garrido, representante a la Cámara por el departamento de Arauca.

Con la seguridad de que el Estado no usará los bombardeos en su contra, el Eln ha venido reorganizando en la zona de frontera asentamientos que antes estaban al otro lado del límite con Venezuela, donde el régimen de Maduro utiliza a ese grupo para intimidar y a la vez le brinda protección.

“Más allá del tema de la comandancia y de ‘Antonio García’, hay un asunto aún más complejo para Colombia que es la presencia del Eln en Venezuela y la situación por ahora incierta en ese país. La guerrilla, desde su congreso del 2015-2016, tomó la decisión de tener una agenda de respaldo al proyecto bolivariano, sea quien sea el que quede en el poder, ese será un elemento muy importante de cara al futuro de la negociación”, añade Llorente.

¿Apostar por otra mesa?

Una duda adicional surge en medio de esta nueva crisis. ¿Es posible una negociación con el Eln mientras el Gobierno insista en sostener diálogos políticos con el frente Comuneros del Sur?

Si bien la demanda más reciente es que los saquen de la lista de GAO, tema en el que el Gobierno habría empezado a ceder con la publicación de un borrador de decreto que añadía la palabra “rebeldes” a la definición de grupos armados organizados al margen de la ley, lo evidente es que el Comando Central (Coce) también quiere frenar en seco el avance de los diálogos de la disidencia, grupo con el cual hay una negociación andando desde julio y compromisos firmados en temas de desminado.

Para esa guerrilla, la negociación paralela con este frente que opera en Nariño representa no solo la demostración de que no tiene control real sobre todas sus estructuras en el país, sino una presión para su propia mesa de negociación, dada la disposición de los Comuneros de desmovilizarse antes de 2026.

Para Luis Fernando Trejos, experto en conflicto y profesor de la Universidad del Norte, este escenario era predecible teniendo en cuenta la resolución en la cual se le otorga carácter político a la disidencia de Nariño y se inicia un diálogo sociopolítico con estos. “Eso había sido una línea roja que había trazado el Eln y que se había convertido en una especie de inamovible para poder retomar la negociación”, señala.

Germán Valencia, investigador sobre conflicto y paz del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, considera que el mensaje del Eln con el ataque en Arauca fue un claro indicador de que no quieren negociar. No obstante, el académico afirma que esto podría dejar espacio al Gobierno para intentar sacar adelante “paces pequeñas” que se han abierto también en el marco de la ‘paz total’.

¿Seguirá el Eln dando portazos violentos a la paz, como lo ha hecho históricamente desde el asesinato del exministro Argelino Durán –que enterró las negociaciones del gobierno Gaviria con la Coordinadora Guerrillera– hasta el atentado de la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que mató a 23 jóvenes apenas arrancando el gobierno de Iván Duque, en 2019?

Más allá de los cálculos políticos que puedan desprenderse de esta suspensión, los analistas coinciden en que lo ocurrido con el Eln es un duro golpe para la política insignia del gobierno Petro, una apuesta que enfrenta enormes retos en los otros tableros de negociación: pocos avances con las disidencias de ‘Calarcá’ e incertidumbre jurídica con la ‘Segunda Marquetalia’ y las bandas que hacen parte del experimento de ‘paz urbana’ en Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá.