Después de siete años de espera, el edificio Aquarela, que alguna vez puso en riesgo el Patrimonio de Cartagena, ya es historia. Este sábado 2 de noviembre, las autoridades locales y de la Nación confirmaron su demolición total.
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"¡Se acabó la pesadilla!”, así reportó la Alcaldía Distrital este suceso, que se da el mismo día en que la ciudad celebra sus 40 años como Patrimonio Histórico de la Humanidad, galardón que fue concedido por la Unesco.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien destacó que ya el edificio ‘Aquarela’ es parte del pasado. “Sus paredes se redujeron a ruinas”, resaltó.
“No demolemos un edificio, sino que protegemos el Patrimonio de Cartagena ante el mundo”, recalcó el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz.
Este es un modelo de cumplirle a la sociedad, de que los plazos se cumplen y eso le devuelve la esperanza a la gente
A esta celebración también se sumó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que anunció la demolición definitiva, tras un proceso controlado de siete meses.
"Han pasado los nueve meses a los que nos comprometimos públicamente. Yo lo quiero felicitar alcalde Dumek Turbay. Este es un modelo de cumplirle a la sociedad, de que los plazos se cumplen y eso le devuelve la esperanza a la gente”, expresó el ministro Juan David Correa.
El costo de la demolición
Correa reconoció el trabajo conjunto con este Ministerio y recordó que la demolición del edificio comenzó el 22 de marzo con un costo de 11 mil millones de pesos, bajo el liderazgo de la Alcaldía de Cartagena.
“Hoy ya no hay rastro de Aquarela. Solo los escombros. Este es un ejemplo para el mundo: cuando hay convicción plena del valor tan grande que tiene la historia de esta ciudad y su reconocimiento ante mundo, eso hay que defenderlo”, agregó el alcalde.
Tras confirmarse la demolición total de la estructura, personal encargado de los trabajos celebraron el hecho con banderas de Colombia, de la ciudad y de la Unesco.
La historia de Aquarela
La historia del edificio Aquarela comenzó en 2017, cuando su construcción, a una cuadra del Castillo de San Felipe, generó alertas internacionales debido a su impacto negativo en el entorno histórico.
La fortificación española, construida entre los siglos XVI y XVII, fue diseñada para defender la ciudad de piratas y corsarios, y su simbólica estructura, junto con las murallas que rodean la ciudad, representa la identidad patrimonial de Cartagena.
La interferencia visual causada por Aquarela amenazaba con despojar a la ciudad de su estatus de Patrimonio de la Humanidad, un título que ostenta desde ese 2 de noviembre de 1984.
En 2018, la polémica obra atrajo la atención de expertos de la Unesco, que advirtieron que la única forma de salvaguardar el patrimonio de Cartagena era mediante la demolición del edificio.
La Unesco escribió, entonces, un amplio llamado de atención al Ministerio de Cultura de Colombia para que actuara en defensa de esta riqueza cultural. El organismo de la ONU indicó que Aquarela no solo afectaba la estética del entorno, sino que también rompía con las normas urbanísticas que protegen estos sitios históricos.
El proceso para la demolición
Sin embargo, pasaron 6 años antes de que las autoridades locales, que temían demandas de los constructores, tomaran una acción contundente.
Fue hasta febrero de 2024 que se iniciaron oficialmente los trabajos de demolición. Los largos retrasos, explican desde la administración de la ciudad, se debieron en parte a apelaciones legales y a conflictos con la constructora del proyecto, que intentó varias veces revertir las sanciones y conservar la estructura.
La demolición de Aquarela no solo ha sido un proceso complejo en el ámbito urbanístico, sino también en el legal. En abril, la constructora del proyecto presentó un recurso de apelación contra las sanciones que le fueron impuestas, alegando que se le negaba el derecho fundamental de petición y el acceso a información pública sobre el proyecto.
Sin embargo, el Juzgado Cuarto Administrativo de Cartagena ratificó las sanciones, manteniendo la orden de demolición y la restitución de 619 metros cuadrados de espacio público que invadía la mole.
A medida que avanzaban las medidas judiciales, la Alcaldía tomó posesión de las oficinas de la constructora en Medellín y embargó sus bienes en un esfuerzo por proteger los derechos de los inversores del proyecto.
Deivis López Ortega
Redacción EL TIEMPO
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