Ataque con explosivo contra patrulla de la Policía deja dos uniformados muertos en Santa Rosa, sur de Bolívar

La violencia no da tregua en el sur del departamento de Bolívar.

Un ataque con explosivos dirigido contra una patrulla motorizada de la Policía Nacional dejó un saldo de dos uniformados muertos en las afueras del municipio de Santa Rosa del Sur. 

Las víctimas fueron identificadas como  Omar Enrique Medina Cuberos, subintendente, y el patrullero,  Jorge Eduardo Ramírez Herrera. El atentado, que se enmarca en la creciente escalada de inseguridad en la región, ha generado consternación y alerta entre las autoridades y la comunidad.

Según información preliminar, el artefacto explosivo habría sido detonado al paso de la patrulla, provocando la muerte inmediata de uno de los agentes, mientras que su compañero, gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Las primeras hipótesis apuntan a que el ataque fue perpetrado por grupos armados ilegales que operan en la zona, (Eln, disidencias y Clan del Golfo) en medio de una lucha por el control territorial y el dominio de economías ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico.

Crisis de orden público en el sur de Bolívar

El atentado se suma a una serie de hechos violentos que han venido ocurriendo en la región. Dos semanas antes, a finales de febrero, estructuras criminales confinaron a la población mediante la colocación de cilindros explosivos en varios corregimientos del municipio.

En el sector de Altos de la Brisa, los grupos armados han impuesto un régimen de terror, colocando explosivos desde las seis de la tarde hasta la mañana siguiente, impidiendo la libre movilidad de los habitantes. Esta táctica ha generado un clima de miedo y zozobra en la comunidad, obligándola a permanecer en sus viviendas por temor a represalias.

El secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, advirtió sobre la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta contundente por parte del Gobierno Nacional.

“Es una situación compleja la que vivimos en el sur de Bolívar. No podemos permitir que se normalice este nivel de violencia. En este momento tenemos cuatro poblaciones confinadas por estos grupos. En una de ellas, siembran cilindros bomba al caer la tarde y los retiran en la mañana para infundir miedo en la comunidad”, expresó el funcionario.

Las poblaciones más afectadas por la violencia son Altos de la Brisa y El Tomate, en Santa Rosa del Sur, así como Minguillo y Mina Piojó, en Montecristo.

Desplazamiento forzado y violencia contra la comunidad

El recrudecimiento de la violencia también ha generado desplazamientos masivos en varias zonas del sur de Bolívar. Organizaciones comunitarias, como la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, han denunciado que los recientes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC, junto con el ELN, han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares en Mina Central, municipio de Morales.

Además del desplazamiento forzado, los combates han causado daños en la infraestructura local. Testimonios de los habitantes indican que las balaceras han afectado gravemente viviendas y la única institución educativa del sector, lo que pone en riesgo el derecho a la educación de los niños y jóvenes de la región.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana sobre la grave crisis humanitaria en los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo. De acuerdo con el organismo, la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados organizados (GAO), que buscan el control de los recursos mineros de la serranía de San Lucas, ha provocado homicidios selectivos, amenazas contra líderes sociales, reclutamiento de menores y un incremento en el uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados.

En lo que va del 2025, la Defensoría ha documentado al menos cuatro desplazamientos forzados masivos y el confinamiento de cinco poblaciones.

El asesinato de un líder social en Santa Rosa del Sur

A la lista de hechos violentos se suma el asesinato de Robinson Loaiza López, un líder comunitario de la vereda El Golfo, en Santa Rosa del Sur. El crimen, se presume, fue cometido por los mismos grupos armados que mantienen bajo amenaza a las comunidades rurales y no por un acto de la delincuencia común.

El homicidio de Loaiza López refleja la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los líderes sociales en la región, quienes han sido blanco de amenazas y asesinatos por su labor en defensa de los derechos humanos y la comunidad.

Llamado al Gobierno Nacional

Frente a la crisis de seguridad en el sur de Bolívar, el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, exigió al Gobierno Nacional definir una postura clara frente a los grupos armados ilegales.

“El llamado al Gobierno es que tomemos una decisión clara: si vamos a combatir a estos grupos o si vamos a negociar la paz con ellos. No podemos seguir sentados en una mesa de diálogo mientras en el territorio se siguen presentando desplazamientos, combates y asesinatos”, enfatizó Berrío.

La comunidad, por su parte, clama por una mayor presencia del Estado y acciones concretas que garanticen su seguridad y el respeto por sus derechos.

El ataque contra los uniformados de la Policía y la creciente ola de violencia en el sur de Bolívar han puesto en evidencia la fragilidad de la seguridad en la región y la necesidad urgente de respuestas efectivas por parte de las autoridades. Mientras tanto, las comunidades siguen atrapadas en un escenario de miedo y zozobra, esperando que la violencia no toque a sus puertas.

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