Horas después de que se reviviera la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro se conoció que su trámite lo adelantará la Comisión Cuarta de Senado. Dicha célula legislativa es liderada por Angélica Lozano, que fue una de las partidarias de apoyar la apelación para garantizar que el contenido de la reforma laboral fuera aprobado y no dependiera del resultado de la consulta popular, que pudiese no alcanzar el umbral.
El Ejecutivo no tomó a bien la determinación del Senado. Incluso el primer mandatario fue crítico con Lozano por buscar “aprobar la reforma por ley sin pueblo”. También hizo énfasis en que volvería a presentar una propuesta de consulta popular e hizo a un lado a totalidad el hecho de que su proyecto de reforma laboral quedó con vida de nuevo.
Una posición un tanto distinta tuvieron los ministros del gobierno, pues estos confirmaron que buscarán la aprobación de la reforma, pero son pesimistas en cuanto a que se logre en cinco semanas. Es más, fueron críticos con la determinación de Efraín Cepeda de enviar dicho proyecto a la Comisión Cuarta.
En diálogo con EL TIEMPO, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que acudirán al debate del proyecto resucitado, pero a renglón seguido señaló; “a nosotros no nos da absoluta confianza en un cien por ciento lo que vaya a ocurrir con la reforma”. En ese sentido habló de un panorama adverso en la célula legislativa que asumirá la propuesta.
“En la cuarta tienen mayoría Cepeda y sus amigos, diez sobre cinco”, dijo el ministro, que también cuestionó el papel que puede tener Angélica Lozano: “Ha jugado con la oposición. Angélica Lozano no es ninguna independiente. Ni es del gobierno. Y es la que preside la comisión”.
Sin embargo, las cuentas que hace Sanguino y que no son tan favorables no se ajustan a la realidad de la célula legislativa. Si bien es cierto que el último antecedente de dicha comisión en su relación con el gobierno fue el archivo en diciembre de 2024 de la reforma tributaria o ley de financiamiento, las cargas estarían muy equilibradas e incluso podrían ser favorables al gobierno.
Si se mira a profundidad, no sería un 10-5, sino que las cuentas darían siete votos posibles para el gobierno, seis para la oposición y dos votos más que no son tan claros. Este análisis se hace con base a las decisiones que expresaron en las votaciones de la apelación, la consulta y otras decisiones anteriores.
La argumentación de Antonio Sanguino se fundamenta en parte en que hay presencia de dos conservadores, dos del Partido de la U y tres del Partido Liberal. Sin embargo, el origen partidista no implica lejanía frente al gobierno. En algunos casos es todo lo contrario.
Por los azules, que tuvieron orden de votar no a la consulta, están Diela Liliana Benavides y Juan Samy Merheg. Aunque el último sí se puede identificar como contrario al gobierno, votó no a la consulta y no quiso expresarse en la apelación, la segunda es afín al gobierno.
Benavides es una de las tres congresistas conservadoras de gobierno, del grupo de Carlos Andrés Trujillo. Ante la decisión de su bancada de no apoyar al gobierno en la consulta, prefirió no asistir a la sesión. De esta forma, sería un voto menos en la tesis del gobierno de que la oposición tiene mayorías.
Eso sí, si se repite la decisión conservadora de emitir una orden de bancada contraria al Ejecutivo, no podría apoyarlo de frente. Sin embargo, como hizo este miércoles, podría ausentarse de las sesiones en las que se vote y de esta forma ayudar a que la reforma se apruebe.
En cuanto a ‘la U’, también se repartirían los senadores en uno por bando. Lemos, que es uno de los coordinadores ponentes, ha sido contrario al Ejecutivo y fue bastante crítico con la actitud que este asumió con la consulta. Sin embargo, apoyó la apelación, por lo que podría decirse que se abriría el margen para que diga sí a algunos puntos de la reforma. Además, en su mensaje tras su designación dejó ver interés en sacar adelante el proyecto: “Nos asiste un ánimo constructivo, somos conscientes del momento país y de la responsabilidad que tenemos. Nuestro objetivo será lograr una reforma equilibrada que dé tranquilidad al país”.
Por otro lado, John Moisés Besaile, hermano del condenado Musa Besaile, es de los senadores de la U que son cercanos a la administración Petro. Siempre estuvo entre los que iban a apoyar la consulta y son los del bloque oficialista en esa colectividad.
Por el lado de los liberales, los senadores son afines al Gobierno, así se evidenció en todo momento en la sesión de este miércoles. Jhon Jairo Roldán es el segundo coordinador ponente y es muy cercano al Ejecutivo en sus propuestas. Claudia Pérez también está en el listado de los seis senadores rojos que le han caminado a los proyectos del gobierno, al igual que Laura Fortich, que incluso ha figurado en eventos públicos de la propia Presidencia.
Hay dos congresistas más que se posicionan como cercanos al gobierno. La más clara de todas es Aida Avella, del Pacto Histórico. El segundo es Paulino Riascos, de ADA –partido que hizo parte de la coalición de izquierda hasta hace unos meses-. Aunque este último ha sido crítico de la administración Petro, en la sesión del miércoles se le vio votando por las propuestas gobiernistas.
Por otro lado, están los casos de Richard Fuelantala y Angélica Lozano, ambos ponentes. El primero ha apoyado algunas propuestas del gobierno, como la reforma pensional –que le dio el sí a cambio de un artículo para que los indígenas se pensionaran de forma anticipada-. Sin embargo, en la jornada en la que se discutió la consulta prefirió no emitir ningún voto a favor del Ejecutivo, a pesar de que el ministro Benedetti lo tenía entre sus cuentas como apoyo seguro.
En cuanto a Lozano, esta es una de las congresistas independientes. Sin embargo, en este caso, esta ha dicho que es importante sacar adelante la reforma laboral. Hizo énfasis durante el debate de las últimas semanas que la vía es el Congreso, pues ir a las urnas no aseguraba que la consulta tuviese el umbral mínimo para ser vinculante.
¿Cómo está la oposición?
El resto de los congresistas de la Comisión Cuarta estarían claramente en la oposición. Ellos son: Enrique Cabrales y Carlos Meisel, de Centro Democrático, y Carlos Abraham Jiménez y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical. Los del uribismo se abstuvieron de votar la apelación y le dieron el no a la consulta, mientras que los del partido de Germán Vargas Lleras le dieron el sí a la apelación y rechazaron el llamado a las urnas. Solo apoyaron el resurgir de la reforma laboral como forma de evitar la convocatoria a la consulta.
En un principio se pensaría que estos cuatro, junto con Juan Samy Merheg, negarían cualquier apoyo a la reforma laboral. Sin embargo, Meisel, que es ponente, no fue tajante en su posición frente a la iniciativa. “Recibo la designación como ponente de la reforma laboral apelada. Con estudio y rigurosidad haremos todos los intentos por aprovechar esta oportunidad de sacar una reforma que fortalezca lazos fraternos entre empleador y trabajador, que genere empleo y promueva emprendimientos”, declaró.
Así será el cronograma del proyecto
Desde la jornada del miércoles, Angélica Lozano dio un cronograma de lo que se tendría que hacer para sacar adelante la reforma. Ahora como encargada del trámite del proyecto, hizo algunos cambios frente a lo que expuso en la plenaria del Senado, pero aun así se comprometió a sacar adelante el proyecto antes del 20 de junio.
Con ese objetivo en mente, publicó un cronograma en el que señala que el trámite debería comenzar el lunes de la próxima semana, con una audiencia pública. El martes y el miércoles deberían destinarse para hacer la ponencia. Luego, el jueves debería radicarse el texto a discutir. El siguiente lunes debería anunciarse y su aprobación en tercer debate debería estar lista para el 30 de mayo. Esto corre en tres días lo que proyectó la senadora en plenaria y haría que el cuarto debate no pudiera tomar más de cuatro días o se corre el riesgo de que no haya tiempo para conciliar los textos que aprueben Senado y Cámara.
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción política