Juan Merchan, el juez de ascendencia colombiana del caso contra Donald Trump por el pago a la exactriz de cine porno Stormy Daniels para comprar su silencio, retrasó hasta el 19 de noviembre el anuncio de su decisión sobre la petición de la defensa de desestimar el caso.
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"La solicitud conjunta de la suspensión de los plazos en curso (...) hasta el 19 de noviembre es concedida", señala en un escrito del Tribunal Supremo de Manhattan, donde en mayo un jurado popular declaró al magnate culpable de 34 cargos por "falsificación contable agravada" para ocultar el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz sobre una supuesta relación extramatrimonial que el magnate siempre ha negado.
Y es que, jugando con el tiempo, Trump ha conseguido aplazar la mayoría de los juicios penales en su contra hasta después de las elecciones presidenciales, y ahora que fue declarado vencedor en los comicios, confía en que no tendrá que sentarse en el banquillo.
Pero su último obstáculo judicial antes de su regreso oficial a la Casa Blanca el 20 de enero es precisamente la condena en el único de sus cuatro procesos penales que sus abogados no han logrado retrasar más allá de 2024.
La imposición de una pena de prisión se ve muy improbable
Declarado culpable el 30 de mayo por el tribunal del estado de Nueva York, Trump, en teoría, podría enfrentarse a hasta cuatro años de cárcel.
Pero la posibilidad de que el juez Juan Merchan le imponga una pena de prisión parece ahora muy improbable, dadas las insuperables dificultades prácticas que supondría encarcelar a un presidente electo y luego en ejercicio, según los expertos.
En cuanto a los dos procesos federales que hay contra él, si bien el horizonte judicial de Trump se ha despejado este verano, ahora parece completamente despejado al menos durante los cuatro años de su nuevo mandato.
tal y como están las cosas, solo podría ser juzgado después de que haya dejado el cargo
En cuanto vuelva a la presidencia, Donald Trump podrá nombrar a un nuevo fiscal general que destituya a Jack Smith -el fiscal especial que tiene a su cargo otros dos procesos contra Trump- o simplemente ordenar al departamento de Justicia que retire los cargos.
Al hacerlo, podría invocar la política del departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Sin embargo, legalmente, esta política no debería aplicarse a los procesos penales que estén en curso antes de que asuma el cargo, ya que "se trata de una situación muy diferente", afirma Claire Finkelstein, profesora de Derecho de la Universidad de Pensilvania (noreste).
Pero como será la interpretación la que prevalecerá bajo una administración Trump, en estos procesos federales, "tal y como están las cosas, solo podría ser juzgado después de que haya dejado el cargo", añade.
Quedan los procesos en el estado clave del sudeste de Georgia, Donald Trump está procesado junto con otras 14 personas por delitos similares a los de su caso federal en Washington, en virtud de una ley estatal sobre delincuencia organizada.
En este caso, que se prolongará al menos hasta el año que viene, todo dependerá de la decisión del Tribunal de Apelaciones del Estado, que ha recibido una petición de los acusados para que desestime la acusación del fiscal.
¿Puede Trump posesionarse como presidente de Estados Unidos?
Tras el triunfo del republicano en las elecciones presidenciales el pasado 5 de noviembre, surge la pregunta de si puede ejercer como presidente pese a sus causas judiciales y qué pasará con esos procesos una vez llegue a la Casa Blanca.
La Constitución de Estados Unidos no impide que una persona condenada por delitos federales aspire a la Presidencia. Tampoco prohíbe que alguien asuma el cargo si es sentenciado o incluso encarcelado.
Los requisitos constitucionales para ser candidato presidencial son pocos: tener al menos 35 años, ser ciudadano estadounidense de nacimiento y haber residido en el país por lo menos 14 años.
El único impedimento para que Donald Trump asuma un segundo mandato, después de ganar hoy, sería una condena por insurrección. Esto significa que, aun enfrentando cargos federales o estatales, puede ejercer sus funciones como presidente.
La Constitución no establece impedimentos adicionales para candidatos que se encuentren en esas circunstancias, dejando abierta la posibilidad de que una persona asuma el poder incluso desde la cárcel.