ANI se reúne con comunidades de Sabanagrande para discutir concesión de Autopistas del Caribe y peaje en Arroyo de Piedra

Directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se reunirán este viernes en Sabanagrande para abordar el descontento de la comunidad ante la posible continuidad de la concesión Autopistas del Caribe. 

El encuentro, que comenzará a las 10 de la mañana, surge tras las recientes protestas en las vías Oriental y Cordialidad, donde habitantes expresaron su rechazo tanto al nuevo peaje en Arroyo de Piedra, ubicado en Luruaco, como a la prolongación del contrato con la concesión actual.

El secretario del Interior del Atlántico, José Antonio Luque, confirmó la visita de los directivos y señaló la importancia de atender las reclamaciones de la comunidad. “Las comunidades que protestaron el día anterior en las carreteras están en contra de esta concesión y no quieren más prórrogas”, afirmó, resaltando el malestar generalizado entre los pobladores afectados.

El nuevo peaje en Arroyo de Piedra ha sido uno de los puntos más sensibles en la discusión. Los habitantes consideran que representa una carga económica excesiva y cuestionan la transparencia en el manejo de los recursos por parte de la concesión Autopistas del Caribe. 

Este malestar se suma al rechazo generalizado hacia cualquier intento de renovación del contrato de concesión sin atender previamente las necesidades y demandas de la región.

La reunión con la ANI será clave para definir el futuro de la concesión y buscar soluciones que equilibren los intereses de las comunidades y las necesidades de infraestructura del departamento. 

Mientras tanto, los líderes comunitarios han dejado claro que mantendrán su postura hasta que las inquietudes sobre los peajes y la concesión sean resueltas de manera satisfactoria.

Nuevo peaje en Arroyo de Piedra

Este proyecto, según las declaraciones de las entidades detrás de su construcción, promete mejorar la infraestructura vial entre las dos ciudades del Caribe colombiano.

El peaje implica la creación de una doble calzada que contará con 4 carriles de recaudo por sentido, además de un carril para carga extradimensionada, un carril de cobro automático o telepeaje, y otro para bicicletas y motos.

El sistema de recaudo incluirá 7 islas de cobro, y el pavimento será de concreto rígido, con iluminación en 400 metros de cada sentido de la vía, junto con señalización vertical y horizontal.

Descontento de la comunidad

la comunidad reclama que la instalación de una nueva caseta agravará la situación económica de las familias que dependen de la movilidad para sus actividades diarias, es por esto que exigen tarifas diferenciales que alivien el impacto económico en las residentes locales.

Los pobladores también temen que el nuevo peaje en Arroyo de Piedra siga un camino similar al del peaje Papiros en la Vía al Mar, que enfrentó meses de protesta antes de que se suspendiera temporalmente su cobro para vehículos de categorías I y II.

La instalación del peaje no solo plantea desafíos económicos, sino también sociales y de movilidad. Según los líderes comunitarios, el incremento en los costos de transporte podría limitar el acceso a servicios esenciales como la salud y la educación, especialmente en municipios rurales.

Por último, el Comité No Al Peaje afirma que la construcción también afecta los intereses ambientales de la región.

“Hemos visto cómo están talando árboles como el guayacán y el matarratón, sin el aval de todas las autoridades ambientales competentes”, expresó Enildo Altamar, uno de los líderes del movimiento, quien además advirtió sobre el impacto en las especies que habitan la zona.

La comunidad sostiene que, aunque Autopistas del Caribe cuenta con permisos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), no posee autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), lo que pone en duda la legitimidad de las labores.

Respuesta de Autopistas del Caribe 

Autopistas del Caribe defendió la legalidad de sus actuaciones. Afirmaron que las obras en la zona no requieren una licencia ambiental al desarrollarse sobre una infraestructura existente y que cuentan con un permiso de aprovechamiento forestal único otorgado por la CRA.