Alertan grave incumplimiento con delimitación del páramo de Santurbán: han pasado siete años del fallo

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Desde hace siete años el páramo de Santurbán, el agua para los santandereanos y el medio ambiente está en vilo al no tenerse clara cuál es la delimitación de este emblemático complejo natural.

Pues bien, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, presentó su vigésimo segundo informe ante el Tribunal Administrativo de Santander sobre supuestos incumplimientos por parte del Ministerio de ambiente frente a la Sentencia T-361 de 2017.

Este informe, que abarca el periodo de enero a abril de 2025, revela graves omisiones en el proceso de delimitación del páramo.

Empleadas de Migración Colombia y de la Procuraduría hicieron la denuncia

El documento entregado por las entidades de control es contundente al señalar los reiterados incumplimientos del Ministerio de Ambiente.

Entre las omisiones más preocupantes que revela el comunicado, se destaca la ausencia, por tercera vez consecutiva, del informe cuatrimestral de evaluación.

El ente de control y la Defensoría manifestaron su preocupación tras la orden judicial de la Corte Constitucional, el acto administrativo de delimitación del páramo aún no ha sido expedido.

Vista aérea del terreno donde extraen oro. El color turquesa del agua es debido al mercurio.

El retraso de siete años muestra una grave situación en el incremento de minería ilegal, la informalidad y la falta de control en la provincia Soto Norte, en donde está Santurbán.

Aunque se han hecho varios intentos de socialización, de las siete mesas de trabajo que se planearon, solo una surtió efecto.

"Para el ente de control y la Defensoría genera particular inquietud la Resolución 221 de 2025 del MADS, tramitada en solo 97 días sin garantizar la participación ciudadana efectiva, ignorando más de 8.000 firmas de oposición y vulnerando derechos fundamentales; además, advirtiendo que esta medida no sustituye el proceso de delimitación del páramo ordenado por la Corte Constitucional", dice el comunicado.

Ante estos hechos, las entidades solicitaron al Tribunal evaluar sanciones por posible desacato, rechazar nuevas prórrogas, suspender la Resolución 221 de 2025 y exigir al MADS reiniciar el proceso garantizando participación ciudadana.