Advierten que para cumplir la regla fiscal en el 2025 se necesitará un recorte de $ 46 billones

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sostiene que en ausencia de las transacciones de única vez que incluyó el Gobierno por 31,9 billones de pesos en el 2024 no se habría cumplido la regla fiscal -norma que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se superen unos límites de deuda- y recalca que para este 2025 se necesitarán realizar ajustes de por lo menos 46 billones de pesos.

Y es que en la presentación del plan financiero del 2025 el ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró que como los ingresos tributarios del 2024 cayeron 18,5 billones de pesos en términos nominales respecto al 2023 los consideraron como transacciones de única vez que no deterioran el balance primario neto estructural. Sin embargo, para Astrid Martínez, presidenta del organismo independiente, la caída del recaudo no se puede considerar como una sorpresa.

En total, el Carf estima que la disminución del recaudo fue de 71,2 billones de pesos frente a lo que se había programado en el Presupuesto del 2024. Además, considera que esta situación tendrá implicaciones fiscales “persistentes” para este 2025 y en adelante. “Para contrarrestar el incumplimiento de las metas de recaudo del 2024 se requieren medidas de carácter estructural, no transitorio, en materia de ingresos y de gastos”, se puede leer en su último pronunciamiento.

Para este 2025, el organismo también ve improbable que el Gobierno pueda llegar a cumplir la meta de recaudo de 299,9 billones de pesos. La proyección de ingresos tributarios del CARF es 34 billones de pesos inferior (1,9 puntos el PIB) a la contenida en el plan financiero del gobierno. Además, considera que el decreto de aplazamiento emitido en enero por 12 billones de pesos solo tendrá impacto fiscal cuando se materialice como una reducción de gastos.

“En el escenario base, el cumplimiento de la regla fiscal requeriría medidas para incrementar los ingresos o reducir los gastos por, al menos, 46 billones de pesos (2,6 por ciento del PIB). Adicionalmente, se advierte sobre unos riesgos como el exceso de gasto comprometido, pero aplazado de 2024 a 2025, y la decisión del salario mínimo, que significan una presión fiscal adicional de 28,5 billones de pesos (1,6 por ciento del PIB)”, sostiene el Carf.

Adicional a ello, el organismo resalta que el pago de intereses previsto en el plan financiero implica que uno de cada tres pesos de recaudo tributario deberá destinarse al pago de la deuda, lo que restaría espacio al gasto social y a la inversión.

“Es urgente que el gobierno nacional implemente medidas estructurales, en materia de ingresos y gastos, orientadas a estabilizar las finanzas públicas y al cumplimiento sostenido de la regla fiscal. La creciente carga del pago de intereses, el bajo crecimiento económico y la inflexibilidad del gasto público requieren una gestión decidida para asegurar la convergencia de la deuda al ancla (55 por ciento del PIB) en el mediano plazo”, sostiene.