Advierten inminente colapso humanitario para 150.000 personas en Antioquia por conflicto armado

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La fundación Sumapaz, entidad encargada de promover los derechos humanos y el desarrollo local en Colombia, especialmente a través del apoyo a las comunidades empobrecidas y excluidas de Medellín, emitió un comunicado en el que advierte sobre una inminente crisis humanitaria que puede golpear a dos de las subregiones más afectadas por el conflicto en Antioquia.

En el comunicado emitido el pasado sábado 22 de febrero, la organización señala que el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño están en grave riesgo humanitario por el recrudecimiento del conflicto armado en la región.

Los municipios en riesgo

La fundación señaló que desde el 2018 han estado enviado alertas tempranas sobre esta situación, en tanto la presencia de los grupos armados ilegales se ha agravado en esta región posterior a la firma del acuerdo de paz.

En particular, la Fundación Sumapaz precisó que municipios del Nordeste y el Magdalena Medio, además de otros ubicados al Sur del departamento de Bolívar, se encuentran viviendo un deterioro progresivo en materia de derechos humanos por la violencia generalizada persistente en estas zonas.

Los municipios afectados que menciona la fundación son: El Bagre, Remedios, Segovia, Puerto Nare, Puerto Berrío, Yondó Casabe, Tiquisio, Regidor, Río Viejo, Arenal, Morales, Santa Rosa, Simití, San Pablo, Cantagallo y La Gloria.

En el comunicado, Sumapaz critica la inacción del Estado en estas regiones que han llevado a que la crisis llegue a un límite insostenible para los habitantes de los 16 municipios afectados por la actividad de los grupos armados al margen de la ley.

“La respuesta de los gobierno de turno y las autoridades departamentales y municipales no ha atendido de manera oportuna la situación en materia de prevención y protección, ello va dejando en riesgo inminente a más de 150 mil habitantes en riesgo de convertirse en víctimas de un colapso humanitario sin precedentes”, afirman en el comunicado.

En la misiva también se señala que: “las alertas, emitidas entre 2018 y 2024, detallan un deterioro progresivo en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario y las graves repercusiones de la violencia generalizada que persiste en estas zonas. En el Sur de Bolívar, la Alerta de Inminencia 012-19 señaló cómo en Santa Rosa del Sur los ilegales reclutan forzosamente a niños y adolescentes, destruyendo a cientos de familias y el tejido social. La Alerta Estructural 010-19 denunció en Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca el control territorial de poderosos grupos ilegales, exponiendo a la población enfrentamientos y retaliaciones”.

La Fundación también se remite a una serie de alertas estructurales realizadas entre 2020 y 2024, en las que destacan la situación que se vive en los municipios mencionados por violencia multidimensional alimentada por la confrontación entre los grupos armados ilegales por el control territorial y de las economías derivadas de actividades como la minería ilegal.

Además, a través de estas alertas, la Fundación señaló que el riesgo de desplazamiento masivo y los asesinatos de líderes sociales ha crecido de manera descontrolada por esta misma situación.

Asimismo, en el documento la fundación denuncia el aumento de casos de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos en esta región del país, a la par de la expansión de los grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuya actividad ha restringido la movilidad y libertad de las comunidades.

Llamado al Gobierno Nacional

“Estas advertencias, ignoradas por años, dibujan un panorama de violencia alimentada por el narcotráfico, la minería ilegal. la extorsión; con minas antipersonal y desplazamientos como trágicas consecuencias”, se lee en el documento.

Acto siguiente, la fundación se dirige al Presidente de la República: “el presidente Gustavo Petro debe recordar el ineludible compromiso y promesa inicial de su gobierno en el que consideraba la unificación de la zona del Magdalena Medio Bajo un nuevo esquema departamental con municipios del Sur de Bolívar, Sucre, Cesar, Santander, Antioquia y Boyacá, con Barrancabermeja como epicentro”.

Para dicho fin, Sumapaz explicó que es necesario que el Estado asegure las condiciones de seguridad y vida de los habitantes de esta región: “un compromiso que, hasta ahora, no ha pasado de ser un discurso más. Mientras las conexiones de esta región con los departamentos como Bolívar languidecen en el abandono, las cabeceras departamentales parecen mantenerse ajenas a la realidad de los municipios que componen esta región, evidenciando una crisis que sigue sin resolverse”.

En ese sentido, al cierre del comunicado la Fundación Sumapaz denuncia que la ausencia marcada del Estado colombiano ha convertido estas regiones en un ‘polvorín’ a punto de estallar y que “la omisión, denunciada reiteradamente, recae como una responsabilidad ineludible sobre el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales”.

Finalmente, aseguran que a menos que se adopten medidas urgentes que ayuden a que la situación no siga creciendo en estas 3 regiones, estas podrían sumarse a los efectos colaterales de la crisis humanitaria del Catatumbo.

“La vida de más de 150 mil personas está en juego, y el tiempo se agota”, sentencia el comunicado.

NICOLÁS TAMAYO ESCALANTE

Periodista de Nación, en Medellín.