Admiten tutela contra entidades del Estado y empresas por presunta vulneración de derechos en proyecto Sirius-2

hace 1 mes 82

El Juzgado Segundo Administrativo Mixto del Circuito de Riohacha admitió una acción de tutela interpuesta por las fundaciones Woumain Wajira, Proyectando Futuro y Jóvenes para el Progreso y Desarrollo Social, en contra de varias entidades del Gobierno Nacional y empresas petroleras.

Lo anterior, por la presunta vulneración de derechos fundamentales de comunidades étnicas del departamento de La Guajira.

La tutela fue presentada contra el Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol S.A. y Petrobras S.A., en el marco del proyecto de exploración y explotación del pozo de gas Sirius-2.

Según el texto del auto, las fundaciones accionantes alegan vulneración a derechos fundamentales, la consulta previa, debido proceso, derecho de petición, mínimo vital, seguridad alimentaria y autodeterminación de los pueblos indígenas wayús y comunidades afrodescendientes.

El juzgado ordenó notificar a todas las entidades demandadas y solicitó un informe detallado sobre los hechos que motivaron la acción de tutela, en un plazo de dos días a partir de la notificación del auto en el cual podrán ejercer si a bien lo tienen sus derechos de contradicción y defensa.

También pidió identificar a los funcionarios competentes que deben responder por las decisiones relacionadas con el caso.

Asimismo, el despacho requirió al Ministerio del Interior y a la Anla certificar si se han realizado procesos de consulta previa con las comunidades étnicas ubicadas en las zonas de influencia del proyecto Sirius-2 y, en caso afirmativo, detallar las comunidades consultadas y las fechas de dichos procesos.

Más detalles del proceso

Asimismo, el Juzgado solicitó información al Ministerio del Interior sobre las comunidades indígenas, Rom y minorías asentadas en la jurisdicción de los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Dibulla, además de los elementos que definen su cultura, costumbres, tradición y cosmovisión.

Además, la Anla, Ecopetrol S.A y Petrobras S.A deberán aportar con destino a la presente acción, los documentos que permitan determinar el alcance, contenido, plan de ejecución y zonas de influencia del proyecto de “exploración/explotación pozo gas Sirius-2”.

El abogado Pablo Segundo Ojeda Gutiérrez fue reconocido como apoderado de las fundaciones accionantes, quienes han insistido en que este tipo de proyectos extractivos no pueden ejecutarse sin el respeto pleno a los derechos colectivos de los pueblos originarios del territorio.

Una de las costumbres más representativas de esta comunidad es la producción artesanal.

La acción de tutela fue presentada el 6 de marzo de 2025 ante el Consejo de Estado, que la remitió el 17 de marzo a los juzgados del circuito de Riohacha, donde fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Administrativo Mixto.

Finalmente se resalta que se abstendrá de vincular como entidad accionada al presidente de la República sujeto a lo resuelto por el Consejo de Estado en el auto de remisión del 11 de marzo de 2025, es decir, por no encontrarse dentro de sus funciones conforme al artículo 189 de la Constitución política.

¿Qué solicitan las organizaciones accionantes?

En el documento de tutela, las fundaciones peticionarias solicitaron al juez tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, consulta previa, seguridad alimentaria, pesca artesanal, derecho de petición, autonomía, autorreconocimiento.

Asimismo, autodeterminación, integridad social, cultural y espiritual, ambiente sano, turismo y mínimo vital de las comunidades indígenas wayuu y afrodescendientes ubicadas en las zonas costeras de Dibulla, Riohacha, Uribia y Manaure.

De igual manera, pidieron que se ordene al Presidente de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y a las empresas Ecopetrol y Petrobras llevar a cabo un proceso de consulta previa con dichas comunidades.

En Riohacha las autoridades mantienen control en las playas.

Esto, al considerar que el proyecto de exploración y explotación de gas del pozo Sirius-2, la construcción del gasoducto marino y el trámite de cinco licencias ambientales se realizan sin haber realizado este proceso obligatorio.

También solicitaron la suspensión provisional del trámite de las licencias ambientales mientras se garantiza el derecho a la consulta previa, invocando el principio de igualdad y citando como precedente judicial el fallo emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta.

Este último ordenó un procedimiento similar en favor de la comunidad indígena de Taganga, bajo criterios que consideran aplicables al caso de las comunidades costeras de La Guajira.