Activista venezolano denunció torturas del régimen de Maduro y pidió asilo en Estados Unidos: el ICE lo detuvo y podría ser deportado

El ciudadano venezolano Gregory Antonio Sanabria Tarazona, de 31 años, fue detenido el jueves 12 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Houston, Texas, cuando acudía voluntariamente a una cita previamente programada como parte de su proceso de solicitud de asilo político. La detención generó una fuerte reacción entre organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas, quienes advierten que su deportación podría exponerlo nuevamente a una presunta persecución, tratos crueles y tortura en Venezuela.

Arresto en medio de su proceso de asilo

Sanabria, quien ingresó legalmente a Estados Unidos tras una travesía por Centroamérica y el cruce del Darién, había recibido un permiso de trabajo mientras esperaba la resolución de su caso. Se encontraba viviendo en Houston y viajaba a Dallas para trabajar en el sector de la construcción. De acuerdo con testimonios de sus allegados, acudió puntualmente a su cita ante ICE como parte de los requerimientos migratorios, momento en que fue arrestado sin previo aviso y trasladado al Centro de Procesamiento Montgomery, en Conroe, Texas.

Texas es actualmente el estado con mayor cantidad de inmigrantes bajo custodia del ICE. La audiencia preliminar del caso de Sanabria fue fijada para el próximo 1° de julio.

Posible deportación a El Salvador o retorno forzado a Venezuela

Durante una breve comunicación telefónica posterior a su arresto, Sanabria informó a un amigo que un funcionario de inmigración le advirtió que podría ser deportado a El Salvador. Esta posibilidad ha alarmado a sus representantes legales, quienes interpretan esta acción como una posible estrategia de presión para forzar una salida voluntaria hacia Venezuela, según indicó La Nación. 

La familia del activista teme que la amenaza encubra una eventual deportación directa al país del que huyó tras, según sus declaraciones, haber sido encarcelado, torturado y acosado por los servicios de inteligencia.

Kelvi Zambrano, abogado venezolano que representa a la familia desde Washington, anunció que pedirá medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas para evitar que Sanabria sea deportado, considerando el alto riesgo que enfrentaría si regresa a Venezuela.

Pronunciamiento de Human Rights Watch y contexto legal

Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch, declaró que el caso de Sanabria presenta “tiene todas las características de una solicitud de refugio clásica”, y que Estados Unidos tiene la obligación de proteger a personas que han sido víctimas de tortura estatal. “Hay motivos para temer que Gregory Sanabria sufra abusos si es devuelto a Venezuela”, afirmó en entrevista con The Washington Post.

La preocupación de Human Rights Watch se fundamenta en numerosos informes sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, en particular contra opositores políticos y antiguos presos de conciencia. La devolución forzada de solicitantes de asilo a contextos donde su vida o integridad corren peligro está expresamente prohibida por convenios internacionales suscritos por EE.UU., incluyendo la Convención contra la Tortura.

Antecedentes de represión: detención, torturas y persecución

Gregory Sanabria fue detenido en 2014 durante una de las mayores olas de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Como estudiante universitario, participó activamente en las movilizaciones convocadas en varias ciudades venezolanas que dejaron un saldo de al menos 43 muertos, cientos de heridos y más de 3.000 personas arrestadas.

Sanabria fue recluido en El Helicoide, centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde fue víctima de tortura física y psicológica. Según denuncias documentadas por Amnistía Internacional, el joven fue golpeado de forma reiterada, sufrió una fractura craneal y le rompieron la nariz. La situación se agravó en mayo de 2018, cuando fue brutalmente agredido durante una protesta carcelaria. Las imágenes de su rostro desfigurado circularon en redes sociales y generaron condena internacional.

“Deploramos la brutal paliza sufrida por el activista Gregory Sanabria en prisión”, publicó en ese momento la cuenta oficial de Human Rights Watch en la red social X (antes Twitter). 

María Corina Machado también denunció el caso, responsabilizando directamente al gobierno de Nicolás Maduro. “Un joven preso político es atacado en El Helicoide. Esto es tu responsabilidad, Nicolás Maduro”, escribió Machado.

Tras su liberación, obtenida bajo libertad condicional y con restricciones, Sanabria siguió participando en actividades políticas y de protesta. Fue entonces cuando notó que estaba siendo seguido. Temiendo por su vida, decidió abandonar el país.

Ruta de escape y llegada a EE.UU.

Gregory Sanabria salió primero hacia Colombia, donde su madre, María Graciela Sanabria, permanece residenciada. Desde allí cruzó varios países de Centroamérica y documentó parte de su recorrido por el Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del continente. Finalmente, logró llegar a la frontera sur de Estados Unidos, donde solicitó formalmente asilo.

Al ingresar de manera legal, recibió un permiso temporal de trabajo y comenzó a establecerse en Texas. “Bienvenido a América”, publicó en su cuenta de Instagram, reflejando su esperanza de iniciar una nueva vida lejos de la persecución política. Desde Houston, mantenía una rutina laboral en Dallas en el sector de la construcción.

Llamado urgente por protección internacional

“Pase lo que pase, no puede regresar”, expresó su madre en entrevista con The Washington Post. Renzo Prieto, amigo de Sanabria y también víctima de detención política en Venezuela, declaró: “Exigimos que se aclare su situación de inmediato. Gregory Sanabria necesita y merece protección internacional, ya que de ser deportado a Venezuela, su vida corre peligro”.

La detención de Sanabria ha reavivado el debate sobre el trato que reciben los solicitantes de asilo político en Estados Unidos, especialmente aquellos provenientes de contextos de persecución comprobada. Organizaciones y defensores de derechos humanos solicitan a las autoridades estadounidenses que revisen con urgencia su situación y garanticen que se respeten los compromisos internacionales en materia de protección a refugiados.

La Nación (Argentina) / GDA

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*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.