La nueva reforma tributaria que presentó el Gobierno de Gustavo Petro por 12 billones de pesos trae una serie de impuestos para las personas naturales y las empresas. Además, contempla incentivos tributarios en determinados sectores.
Conforme a los criterios de
Le presentamos un abecé de los cambios que le podrían afectar:
¿Cómo queda la renta que pagan las empresas?
La nueva reforma buscará bajar de manera gradual la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento. El Gobierno propone un esquema de tarifas en función de su tamaño.
La tarifa de las grandes (renta líquida de más de 5.647 millones de pesos) se reducirá a 34 ciento en el 2025, a 33 por ciento en el 2026, 2027 y 2028 y a 33 por ciento en el 2029.
Las que tienen una renta de entre 295 y 5.647 millones de pesos pagarán una tasa nominal de 34 por ciento en 2025, de 33 por ciento en 2026, de 32 por ciento en el 2027, de 31 por ciento en el 2028 y de 30 por ciento en el 2029.
Y las pequeñas empresas, aquellas con una renta inferior a esos 295 millones de pesos, quedarán con una tarifa permanente de 27 por ciento desde este año.
Adicional a este esquema de tarifas, el Gobierno propone un aumento en la tasa mínima de tributación del 15 al 20 por ciento.
Además, propone en la tributaria eliminar el Régimen Simple de Tributación a partir del año gravable 2025.
¿Qué cambios tendrá el impuesto al patrimonio?
El proyecto radicado ante el Congreso busca ampliar la base gravable de este impuesto. En concreto, indica que se reduciría el umbral de entrada desde 72.000 UVT hasta 40.000 UVT, es decir, de 3.388 millones de pesos a 1.882 millones de pesos. Ello, según el Gobierno, permitiría que 75.341 contribuyentes paguen este tributo, lo que equivale al 1,3 por ciento del total de los declarantes del impuesto sobre la renta.
Así mismo, el proyecto mantiene la marginalidad de las tarifas del impuesto al patrimonio e incluye un nuevo umbral para el 0,1 por ciento de la población con mayor patrimonio (más de 240.000 UVT o cerca de 11.200 millones de pesos) con una tarifa de 2,0 por ciento (antes era de 1,5 por ciento).
Según Fedesarrollo, eso significa, por ejemplo, que una persona con un patrimonio líquido neto de $2.000 millones, que antes no pagaba impuesto al patrimonio, ahora pagaría un impuesto de $587.000. Mientras que una persona con un patrimonio líquido neto de $4.000 millones que antes pagaba un impuesto de $3 millones, ahora pagaría $14 millones.
Con el objetivo de controlar la elusión, también se buscará gravar los activos improductivos que hoy no están identificados en el impuesto al patrimonio.
¿Cómo cambia en materia de renta de las personas naturales?
El proyecto contempla una tarifa marginal de renta más alta para las personas naturales, que pasará del 39 al 41 por ciento. Según Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, el umbral más alto corresponde a personas con una renta líquida gravable mensual superior a 121 millones de pesos, lo que afectaría únicamente al 1 por ciento de la población ocupada con más altos ingresos.
Adicional a ello, se propone incrementar la tasa de las ganancias ocasionales del 15 al 20 por ciento y en el caso de las rifas y apuestas pasarla del 20 al 25 por ciento.
Según el Gobierno, en el 5 por ciento de los declarantes con mayores ingresos, las ganancias ocasionales tienen una representatividad promedio de 26,7 por ciento, mientras que en el total de los declarantes dichos recursos representan el 0,76 por ciento del total de rentas.
Igualmente, la reforma dice que se debe ajustar el beneficio por dependientes en la declaración de renta que se incluyó en la pasada tributaria.
Si bien este decía que el trabajador podía deducir 72 UVT por dependiente hasta un máximo de cuatro, el Gobierno propone ahora acotarlo a solo un beneficiario por cada dependiente para evitar que sea utilizado de forma indebida.
¿Qué pasará con la retención en la fuente?
En el proyecto se indica que la retención en la fuente tendrá una calibración para que esta sea lo más cercana posible al impuesto a pagar por parte del contribuyente, lo que buscaría reducir los saldos a favor.
Además, según explica Pwc, a partir del 1 de febrero de 2025 se incrementaría la tarifa marginal de retención en la fuente aplicable a los ingresos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y los pagos recibidos por concepto de pensiones de jubilación, invalidez y vejez de sobrevinientes, y por riesgos laborales. El incremento solo se propone para el rango marginal más alto (desde 2.300 UVT) del 39 al 41 por ciento.
Habrá cambios en la deducción por factura electrónica
En la actualidad, los contribuyentes que presentan sus facturas electrónicas en su declaración de renta pueden deducirse hasta el 1 por ciento del valor de sus adquisiciones, lo que para el 2023 supuso alrededor de 10 millones de pesos.
La tributaria dice que este beneficio es insuficiente para motivar a los compradores a exigir factura por lo que propone aumentar el incentivo de manera transitoria al 5 por ciento en el 2026 y al 3 por ciento en el 2027.
IVA a los juegos de suerte y azar y carros híbridos
En la actualidad, los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet no están sujetos al impuesto sobre las ventas (IVA), lo que según el Gobierno crea distorsiones en el mercado porque los establecimientos físicos sí están gravados.
La tributaria propone ponerles un IVA del 19 por ciento, con lo que esperan obtener ingresos tributarios del orden de 2,1 billones de pesos en el 2025.
El Gobierno nacional estima que este tipo de apuestas pasaron de registrar ingresos por 16 billones de pesos en 2021 a 35,6 billones de pesos en 2023.
También habrá cambios en materia de IVA en los vehículos híbridos, que hoy están sujetos con una tarifa reducida del 5 por ciento y que de aprobarse el proyecto pasaría a una general de 19 por ciento. Esto con el objetivo no solo busca asegurar una distribución más equitativa de la carga fiscal, sino también apoyar la transición hacia una matriz energética de cero emisiones en el país.
Mejora de vivienda:
La reforma propone facultar al Fondo Nacional del Ahorro para realizar operaciones de mejora de vivienda sin hipoteca. Según el Gobierno, esto contribuiría al fortalecimiento de la vivienda diferencial, así como a la utilización de materiales alternativos de construcción y la inclusión al sistema financiero de la economía popular.
¿Qué pasaría con el impuesto al carbono?
El proyecto propone un incremento de la tarifa del impuesto al carbono de 25.000 hasta de 75.000 pesos por tonelada de CO2, manteniendo el límite de tres UVT establecido desde el origen del impuesto al carbono en 2016. Además, se modifica su destinación.
Según diferentes expertos, este mayor impuesto elevaría la factura del gas natural.
Cambios en la Dian
La reforma incorpora una serie de disposiciones orientadas a fortalecer la fiscalización. Entre ellas, están:
_ La calibración de la retención en la fuente para asalariados, con el fin de que esta sea lo más cercana posible al impuesto a pagar por parte del contribuyente, lo que busca reducir los saldos a favor de los contribuyentes.
_ La implementación de recompensas para quienes denuncien delitos tributarios y aduaneros, como un mecanismo para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el fraude fiscal.
_ La Modificación del artículo 771-5 del Estatuto Tributario modificando el porcentaje máximo de pagos en efectivo como una medida que busca promover la bancarización.
¿Qué incentivos se contemplan en la reforma?
La reforma contempla varios incentivos. Por ejemplo, propone que los declarantes del impuesto de renta que realicen inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales, certificados por la Upme, podrán emitir bonos de transición energética que permiten deducir el 50 por ciento de la inversión en un periodo de hasta 15 años.
También propone la creación de un Bono de Transición Energética o que las empresas puedan recuperar el IVA pagado por los insumos utilizados a lo largo de la cadena de producción, equiparando así las cargas fiscales entre la producción nacional y los productos importados.
Igualmente, se propone pasar el IVA de los servicios hoteleros del 19 por ciento a excluidos de este gravamen cuando se presten en municipios con una población menor de 200.000 habitantes.