‘A veces toca pararse firme, así lo acusen a uno de estar obstaculizando acuerdos de extradición’: Otty Patiño

El comisionado de Paz Otty Patiño, podrá —si todo sale como lo espera el Gobierno— anotarse un primer triunfo cuando el Frente Comuneros del Sur complete el proceso de entrega de armas en tres meses. Este avance, sin embargo, contrasta con las tensiones y desafíos que persisten en otros frentes de la política de ‘paz total’, donde la falta de metodología, el fortalecimiento de los armados y la ausencia de un marco jurídico complican el camino.

En entrevista, Patiño lanzó duras críticas al Comando Central del Eln (COCE), al que acusó de autoritario y de haber desperdiciado la oportunidad de lograr un histórico acuerdo de paz. Sobre el espinoso tema de la extradición, cuestionó el uso de circulares rojas en medio de procesos de diálogo y defendió la autonomía del Estado colombiano para avanzar en acuerdos sin interferencias externas. En cuanto al ‘clan del Golfo’, reconoció que es el proceso más difícil por su expansión y que, aunque la decisión del Gobierno es combatirlos militarmente, la puerta está abierta si deciden apostar por el camino de la paz.

¿Qué significa para la ‘paz total’ la entrega de material de guerra de los Comuneros del Sur?

Es un gran avance para nosotros y, creo, para todo el país. Es positivo que se haya logrado destruir esta cantidad de explosivos. En la guerra, lo que más daño causa a la población civil son las armas explosivas y las minas antipersonal, incluso a los propios combatientes, que a veces las instalan y luego ellos mismos caen en ellas. Desde luego, también afecta a la Fuerza Pública. Por eso, el hecho de haber destruido ese material explosivo envía un mensaje muy fuerte para rechazar ese tipo de guerra, tan indeseable, atroz y dañina para tantas personas. 

Ese es un tema muy importante, pero además hubo otros anuncios que pasaron desapercibidos, aunque representan un avance muy significativo en la región. Por ejemplo, la creación de una comercializadora para fomentar la economía minera en la zona. Hoy existe la oportunidad de que muchas personas hagan una transición hacia una economía minera legal, lo cual puede traer consigo múltiples posibilidades de cambio rápido. Todo el proceso de transición de la economía basada en la coca hacia cultivos lícitos es otro elemento clave. También lo es la posibilidad de que la Comisión de la Verdad pueda ingresar a ese territorio, para contribuir con la búsqueda de la verdad.

Acordaron la sustitución de cultivos en 5.000 hectáreas, además de otras 15.000 hectáreas con las disidencias de Walter Mendoza, el otro grupo que hace presencia en la zona. ¿Cuándo veremos los resultados de esos acuerdos?

Yo creo que antes de que termine este año eso debe estar en marcha, y desde luego, el Estado, al asumir estos compromisos, adquiere una dinámica muy fuerte en esa región. Eso también nos parece igualmente importante.

En términos del desarme del Frente Comuneros del Sur, ¿cuál es el siguiente paso?

Tiene que haber un proceso de concentración de sus integrantes, así como un proceso para resolver su situación jurídica. A la mayoría se les puede solucionar este tema de manera relativamente sencilla, pero hay un 10 % para quienes el panorama es más complejo. Tendríamos que evaluar cómo su contribución a la transformación del territorio, especialmente por parte de quienes hoy conforman la dirección de estos frentes, podría servir como una forma de redimir parte de sus penas. Su participación activa en la reconstrucción y desarrollo del territorio puede ser clave en ese proceso.

Eso puede sonar a impunidad para varios sectores. ¿Cómo sería eso que usted propone?

Esto no ocurre solo en el caso de los Comuneros del Sur, sino en muchas otras regiones donde los excombatientes no quieren salir del territorio. Ellos quieren quedarse allí, incluso pagando sus penas, y por eso es necesario imaginar formas en las que puedan cumplir sus condenas dentro del propio territorio. Esto tendría que hacerse bajo el control y supervisión de las comunidades, de las autoridades indígenas, de las autoridades regionales y, por supuesto, con mecanismos que permitan a la justicia tener presencia y ejercer control sobre la penalización en esos territorios.

¿Cómo van a garantizar la seguridad de los integrantes del Frente Comuneros del Sur una vez entreguen las armas y se concentren?

La Fuerza Pública tiene un papel muy importante. En eso hemos venido trabajando cada semana en sesiones con el Ejército y la Policía, de tal manera que, en la medida en que ellos vayan abandonando estos territorios, el copamiento por parte de las instituciones militares y de justicia se dé de manera muy rápida. No podemos permitir que se repita la situación en la que una fuerza ilegal abandone un territorio y este sea ocupado por otra. Ese es el gran desafío que tenemos en Nariño.

Usted habla de la ausencia de un marco jurídico para este problema, pero esa barrera también existe en otros procesos. ¿Se han planteado llevar al Congreso una ley que permita la desmovilización o el sometimiento de estas estructuras?

No hablemos de una ley de sometimiento, sino de lo que llamamos justicia transicional, de mejoramientos o ampliaciones dentro de ese marco. Pero veo muy complicado que, dado el poco tiempo que queda, se pueda construir una nueva justicia transicional. Y, sobre todo, porque la justicia transicional pone en vilo a la justicia ordinaria. Creo que lo que debemos hacer es fortalecer la justicia ordinaria, contar con una justicia que realmente rija. Todos los esfuerzos de paz han dejado a la justicia ordinaria en una situación de gran debilidad. Hoy, yo sí creo que, acudiendo a otros elementos de la justicia ordinaria, al final de estos procesos de superación de la violencia, esa justicia terminará siendo más fuerte que si se iniciaran nuevos esfuerzos de justicia transicional.

Carlos Erazo, el negociador del Gobierno, dice que la paz con este grupo llegará en 2025. ¿Usted lo ve igual de viable, teniendo en cuenta este contexto?

Sí. ¿Sabe de qué depende? Curiosamente, depende más del Estado colombiano, y hablo también de los territorios, que del propio grupo. Yo siento que los Comuneros tienen una vocación decidida de pasar a la legalidad plena. Por supuesto, ellos están pensando en su protección, en cómo van a vivir en estas nuevas circunstancias y, desde luego, en cómo algunos de ellos van a responder por los delitos cometidos. Yo sí creo que, en temas como los de la Fiscalía, incluso se podría acudir a mecanismos como la aplicación de la justicia transicional indígena, que podría ser otro instrumento válido en ese contexto. 

El Consejo Superior de la Judicatura también puede contribuir fortaleciendo los juzgados en estos municipios. De esa manera, la aplicación de la ley contaría con instrumentos válidos en cada uno de los territorios, y podríamos tener, al final, mayor justicia y mayor seguridad. Por supuesto, la seguridad no puede estar basada únicamente en el uso de la fuerza. Un ejercicio de la fuerza que no tenga cierto nivel de aceptación por parte de la comunidad resulta muy débil.

También se propone una concentración de tropas del Frente 33. ¿Por qué en este momento, cuando están en guerra con el Eln en el Catatumbo?

Ese desafío que tiene el Catatumbo es interesante y muy importante. Mi percepción es que el Eln quiso convertir el Catatumbo en una retaguardia para su estrategia de guerra. Derrotar esa estrategia en el Catatumbo también representa el inicio de una estrategia de paz. No es suficiente, claro, porque derrotar una estrategia de guerra no implica automáticamente el triunfo de una estrategia de paz, pero sí es la condición básica para abrir esa posibilidad. Este plan tiene que ver con eso. Uno de los elementos fundamentales es el retorno, pero no un retorno a lo mismo. El retorno debe ir acompañado de un cambio en las economías ilegales.

Hoy, aunque no es lo único que existe, lo que más florece en buena parte del Catatumbo -y hay que hacer esa aclaración- es la economía de la coca, especialmente en Tibú. Tibú es un municipio que tiene, creo, cerca de 40.000 hectáreas de coca, y lograr que eso empiece a cambiar de manera decidida es muy importante.

¿Usted ya le echó tierra a ese proceso con el Eln?

Lo que pasa es que Silvana y este otro señor que hizo la entrevista con ella son, en realidad, un eco de lo que dice el COCE. Da la impresión de que no están pensando por sí mismos ni acudiendo a lo que realmente piensa la gente en los territorios. De tal manera que el COCE tiene que cambiar para que el Eln pueda cambiar, y no simplemente seguir repitiendo las mismas palabras doctrinarias de quienes hoy mandan allá. Esa dictadura del COCE, creo yo, tiene que transformarse. 

Deben abrir espacios democráticos para que la gente se exprese en los distintos territorios y pueda cambiar su manera de actuar y de pensar. Fíjese en el caso de los Comuneros. Ese proceso se dio porque el COCE fue incapaz, a pesar de haber tenido la oportunidad, de liderar la transformación en Nariño. Tuvieron la oportunidad porque la gente de Comuneros les dijo: “Ayúdenos a dirigir este proceso”, pero el Eln no quiso hacerlo. Incluso nosotros, como Gobierno, les dijimos: “No queremos fracturar al Eln, pero sí queremos que quienes quieren hacer la paz sean escuchados”. Ellos no aceptaron. 

De tal manera que, a la larga, eso va a repercutir en los cambios necesarios. La derrota de la estrategia criminal del COCE no tiene por qué significar una guerra total contra el Eln, pero sí puede abrir la puerta a una transformación profunda dentro de esa organización.

¿Si otros frentes deciden apostar por la paz, ustedes los escucharán?

Se oyen voces. Nosotros no hemos querido forzar ese escenario para no generar daños mayores, pero sí, se escuchan voces, incluso desde dentro de las propias filas del Eln o de sus simpatizantes, que dicen que es necesario escuchar, que es necesario que los dirigentes del Comando Central del Eln cambien su actitud.

Otra apuesta de ustedes es el proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que también plantea muchos interrogantes jurídicos. ¿Es optimista con esta negociación?

Es un proceso difícil, porque en el sur la economía ilegal, especialmente la de la coca, es muy fuerte. Y, desde luego, la visión que tienen los Estados Unidos sobre esas economías ilegales -y también el propio Estado colombiano- no puede desconocer. Sin embargo, la conciencia de que se está llegando a un límite, en el que esa economía ilegal no puede seguir persistiendo en los territorios, es cada vez más fuerte. La intolerancia que muestra el Estado colombiano, y en especial los Estados Unidos, frente a esas economías, incluso con medidas como las solicitudes de extradición, también influye, y creo que puede influir positivamente.

Hay que saber ver lo positivo incluso dentro de lo malo. Este no puede ser un proceso que se imponga a la fuerza, ni a punta de amenazas de extradición, pero si se asumen con seriedad estas realidades eso puede ayudarnos en Colombia a acelerar las transformaciones que ese contexto exige.

¿Qué va a pasar con la extradición de Araña?

El caso de Araña me parece muy interesante, porque comenzó con un episodio bastante fastidioso. Fastidioso en el sentido de que se puso en cuestión si el Estado colombiano tiene autonomía para desarrollar un proceso de paz, o si estamos necesariamente sometidos a la justicia y a la persecución de los instrumentos que tiene Estados Unidos. Por supuesto, hay un respeto de nuestra parte por los acuerdos de extradición que se han firmado. Lo que es inadmisible es que un proceso de paz, como el que se está desarrollando, sea interrumpido por circulares rojas justo en el momento en que se están llevando a cabo acuerdos. 

Ese es un tema que se ha venido trabajando con la Fiscalía y con Estados Unidos, pero hay muchas cuestiones que tocan temas de justicia, de soberanía nacional, y que debemos ir puliendo, conversando con calma. A veces toca pararse firme, así lo acusen a uno de estar obstaculizando los acuerdos de extradición. Es una posición incómoda, no siempre fácil de explicar, pero ahí estamos, buscando cómo combinar ambas cosas.

Justamente, usted esta semana decía que es posible levantar la orden de captura si el proceso muestra avances, y eso ya se lo hemos escuchado al presidente Petro. ¿Cuál es ese umbral que ustedes usan para determinar que un proceso es irreversible y que vale la pena insistir en él?

Hay distintos elementos que constituyen ese umbral. Por un lado, hemos visto que, en la medida en que los actores ilegales se concentren territorialmente, eso se convierte en un elemento muy importante, porque permite decir que pueden ser monitoreados de manera efectiva. También, en la medida en que contribuyan a la transformación del territorio, ese es otro criterio relevante. Si ayudan o impiden el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, ese también es un indicador clave para determinar si realmente están cambiando su forma de actuar. Desde luego, el final de las extorsiones, que es un flagelo muy fuerte en los territorios, también entra como otro indicador importante. 

Es decir, hay una serie de elementos que ya se han puesto sobre la mesa para evaluar si realmente están comprometidos con la paz o si, por el contrario, están aprovechando los ceses del fuego para expandir y profundizar su dominio territorial.

¿Por qué considera que los operativos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra fueron “inoportunos”?

El reclamo de ellos es una protesta que, creo, tenía alguna justificación. Recientemente habían hecho un comunicado en el que manifestaban su disposición a abandonar la práctica armada incluso este mismo año, y de pronto se produjo ese ametrallamiento contra unidades suyas, lo cual resultó, en efecto, bastante inesperado. Hablé con el ministro de Defensa sobre la necesidad de armonizar las acciones que llevamos desde la Consejería con las de la justicia y las propias Fuerzas Militares. Claro, es muy difícil para las unidades del Ejército hacer distinciones entre fuerzas ilegales que operan en los territorios, especialmente con el temor que tienen muchos de sus integrantes de incurrir, por omisión o acción, en situaciones que puedan resultar perjudiciales para ellos. Aun así, creo que es posible lograr una coordinación más consistente, y en el Ministerio de Defensa hemos encontrado una muy buena disposición para trabajar de forma articulada y coherente en ese sentido.

¿Y el ‘clan del Golfo’? ¿Ustedes sí consideran oportuno instalar una mesa con ese grupo?

Es un proceso bastante difícil, tal vez el más complejo de todos, porque el Gobierno ha tomado la decisión de no darles espacio. Es el grupo que más ha crecido, que más se ha expandido, y frente al cual existen más quejas, especialmente de agencias de derechos humanos, sobre su capacidad de seguir ampliando su dominio. También hay reclamos de que, frente a ellos, ha habido más tolerancia que con otros grupos. En fin, hay muchas quejas, algunas justificadas, sobre todo porque esta organización surgió sobre la huella del antiguo paramilitarismo. Eso lleva a que mucha gente diga: “Son lo mismo, más paramilitares”, aunque yo no creo que sea así. Sin embargo, ese imaginario de violencias recicladas y reproducidas genera una percepción bastante negativa. 

El Gobierno ha tomado la decisión de combatirlos, pero también mantiene abierta la puerta, aunque sea una combinación muy difícil, para establecer diálogos que lleven a decisiones rápidas, en las que se demuestre si realmente tienen la voluntad de avanzar hacia la paz. Es, sin duda, el proceso más complicado que tenemos en este momento.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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