Van 16 años desde que en aquel 24 de marzo de 2009 se firmó el acta de inicio de obras de uno de los contratos más polémicos en Cali, pues se esfumaron $ 6.825'268.169.
El contrato MC-OP-03-07 tenía un costo total de $22.750'893.899 para la adecuación de estudios, diseños y construcción de la terminal Calima, la de cabecera localizada en la carrera 1, entre calles 70 y 73 y obras complementarias del sistema del Masivo Integrado de Occidente (MIO).
Bus del sistema de transporte Mío en Cali. Foto:Archivo particular
Esos firmantes, en esa época, fueron el entonces presidente de Metrocali, Luis Eduardo Barrera Vergara, (estuvo al frente de la entidad durante la alcaldía de Jorge Iván Ospina, de 2008 a 2011) y el contratista israelí Hafira Ve Hatziva Ltda – Subsidiaria Colombia.
Barrera Vergara hoy enfrenta un proceso, tras la imputación de cargos por presunto peculado en favor de terceros por parte de la Fiscalía General de la Nación, cargos que el exfuncionario no aceptó.
Lo curioso es que cuando se suscribió el contrato, el 18 de octubre de 2007, con la esperanza de ponerlo en marcha en un plazo de 10 meses y 15 días, Hafira Ve Hatziva Ltda - Subsidiaria Colombia tenía otro nombre :Talvered Investment.
Buses del MIO en Cali. Foto:Xiomara Martin
¿Se firmó un contrato con una empresa fantasma?
Aún más curioso es que dos años después de suscribir el contrato nació Hafira Ve Hatziva Ltda, mediante escritura del 20 de marzo de 2009, es decir, cuatro días antes de que Metrocali le girara el anticipo del 30 % del valor del contrato a la firma israelí, equivalente a esos $ 6.825 millones, y fue solo hasta octubre ese mismo 2009 que la escritura quedó inscrita con un capital que no sobrepasaba los $ 10 millones. El acta de inicio del controvertido contrato tiene fecha del 24 de marzo de 2009.
Así constaba en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, como lo conoció EL TIEMPO, que llegó a tener Hafira Ve Hatziva Ltda - Subsidiaria Colombia y el cual fue parte de la indagación que hicieron otros funcionarios en Metrocali, en administraciones distritales siguientes, buscando la manera de recuperar ese desembolso.
Pero esta historia se enreda más, pues durante la época, Hafira Ve Hatziva Ltda - Subsidiaria Colombia otorgó un poder a una tercera firma, Insumil S. A., para que suscribiera a su nombre contratos, propuestas dentro de un proceso licitatorio y en lo concerniente a representarla en Colombia.
Esta información es parte de los documentos que analiza la Fiscalía General de la Nación de informes dados a conocer por Metrocali en este embrollo de una década y media, con base en informes de la Contraloría de Cali y la General de la República, así como en documentos de control político en el Concejo de la capital del Valle del Cauca, a lo largo de todo ese tiempo.
El MIO opera desde hace más de una década y ha demandado inversiones billonarias. Foto:Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO
La historia se torna más compleja, cuando uno de los representantes de Insumil S. A. señaló no tener vínculo con Hafira.
El problema es que esos $ 6.825 millones del erario público jamás se recuperaron y lograr contar con ellos hoy es casi una utopía. Habría que esperar un milagro divino. Primero, porque los israelíes se fueron del país, pese a la insistencia desde 2013, cuando se originó la denuncia, para que quien figuraba como representante legal de Hafira, con el nombre de Guy Chen, acudiera a las oficinas de Metrocali, en el norte de la ciudad. Pero tampoco apareció.
De hecho, el acta de inicio del contrato fue firmado por una mujer, quien es parte de la investigación y hoy es una de las tres personas judicializadas en todo este proceso, entre ellas, Luis Eduardo Barrera. La otra persona también es un exfuncionario de Metrocali, del área jurídica. Este último y la mujer están en la etapa de audiencia preparatoria, mientras que en el caso del expresidente Barrera, la Fiscalía cuenta con un término de ley para que radique el escrito de acusación. En Metrocali aspiran a que empiece la etapa de juicio que haya lugar.
No obstante, habría más implicados en este gigantesco lío, entre exfuncionarios de Metrocali y particulares.
MIO en Cali. Foto:Santiago Saldarriaga
Ni devolvía y ni se podía acudir al amparo bancario
Cuando entre 2012 y 2013, la administración de Metrocali, durante el periodo del alcalde Rodrigo Guerrero, buscó hacer efectiva una garantía bancaria dentro de un proceso con dineros públicos, se encontró que el contratista no había cumplido con lo pactado, no solo en que no construyó la terminal, sino que no consignó el anticipo, como se esperaba, en una cuenta bancaria del banco Hapoalim B. M. Tel-Aviv Israel, que era el otorgante de dicha garantía.
En esta gestión, en Metrocali procedieron a presentar ante el Banco de Bogotá, el requerimiento para pago de la garantía, con la esperanza de que hubiera el amparo de la suma de dinero dada en calidad de anticipo al contratista. Pero, todo fue en vano. El banco israelí contestó que no era posible, de ninguna forma, porque el dinero nunca llegó a una cuenta bancaria, como era lo estipulado en una de las cláusulas del millonario contrato.
Lo que es peor, como lo señalaron en un comienzo la Contraloría de Cali y la General de la República, parte de los 6.825 millones habrían sido gastados por el contratista en tiquetes aéreos, reembolsos de caja menor para papelería, gastos de vehículo, renovaciones de matrícula mercantil, así como otros para el personal, pero no para la obra, llegando solo a la etapa de preconstrucción que era de tres meses. No pasó de ahí y es por ello, que en la Contraloría General de la República vienen insistiendo en que Hafira debía devolver el anticipo, porque no invirtió en la construcción como tal.
¿Qué pasó con la plata?
Ahora bien, el resto del dinero pasó a una cuenta bancaria de Hafira en el exterior, cuenta personal de uno de los miembros de la firma israelí, dificultando todavía la recuperación.
EL TIEMPO conoció que en Metrocali vienen haciendo seguimiento para lograr que a través de la justicia en el ámbito de lo contencioso administrativo, se pueda recuperar el dinero. Sin embargo, todavía no hay un resultado.
Por el lado penal, en la Fiscalía esperan que los responsables respondan por el presunto delito de peculado por apropiación a favor de terceros. La Fiscalía Cuarta delegada para la Unidad contra la Corrupción, en Bogotá, fue la que formuló cargos contra Barrera.
"Estas circunstancias se agravan aún más, si se tiene en cuenta que el contrato nunca se ejecutó y aun así no se tomaron las medidas administrativas o judiciales para garantizar su cumplimiento y en consecuencia, la amortización del anticipo, o su devolución", es parte del informe de la Contraloría que fue tenido en cuenta por la Fiscalía para la reciente imputación de cargos contra Barrera.
"Esta pérdida de recursos tuvo un alto impacto en el Valle, tanto por las obras que debían realizarse, como por la gravedad de los hechos", dice otro aparte.
"Hubo detrimento patrimonial y la consecuente responsabilidad fiscal", señala un informe de la Contraloría.
Entre diciembre del 2009 y enero del 2010, Hafira Ve Hatziva presentó a Metrocali estudios y diseños definitivos por $ 68.948 millones. En el ministerio de Transporte y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se habían pronunciado sobre no intervenir en el contrato porque no lo veían viable.
El contrato firmado entre Metrocali y la compañía israelí Hafira Ve Hatziva para la construcción de la terminal Calima fue cancelado de forma unilateral, en 2013.
Después se abrió una licitación y, finalmente, la terminal, ya con el nombre de Paso del Comercio, se construyó y abrió sus puertas, el 10 de septiembre de 2016. Se invirtieron $ 68.989 millones que con los $ 6.825 millones perdidos da un total de $ 75.814 millones. La Contraloría ha señalado que los responsables del peculado deben dar cuentas por mucho más de $ 8.529 millones. Se calcula que ese monto ya es superior a los $ 10.000 millones.
'No verificó la garantía bancaria': Fiscalía
"El día 24 de marzo de 2009, Barrera Vergara, en calidad de presidente de Metrocali, al parecer, suscribió el acta de inicio del contrato, sin haber verificado en debida forma la garantía bancaria que fue constituida y prestada para garantizar el desembolso, además del buen manejo del anticipo por valor de $ 6.825 millones", fue el reporte de la Fiscalía General de la Nación.
Según la Fiscalía, Barrera Vergara no habría verificado el posterior incumplimiento del contrato, donde no se cumplieron los tiempos del cronograma, se presentaron varias solicitudes de suspensión y había falta de claridad de los montos en que se invertía el anticipo.
"De igual forma, se estableció, que al parecer, no se tomó ninguna acción oportuna y eficaz para evitar que los dineros del anticipo fueran sustraídos por parte de la empresa contratista", dice el informe de la Fiscalía. "Lo anterior, conllevó a la liquidación unilateral del contrato, sin que se realizara, siquiera, la etapa de diseños y preconstructiva de la obra y los dineros no fueron reintegrados".
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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