La muerte al ganadero Esteban Rafael Urueta y dos de sus trabajadores: Fredys Beleño y Gerardo Marzola Coronado, en una finca entre los municipios de Ciénaga de Oro y Chimá (Córdoba), sigue impune y con los presuntos asesinos libres.
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Se trata de Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, quienes supuestamente habrían ejecutado el triple crimen; se habrían entregado ante la justicia, luego habrían indicado el lugar donde fueron hallados los tres cuerpos de las víctimas, pero ante la falta de una orden captura recuperaron su libertad.
Lesmer Quintero es el abogado de los dos presuntos responsables del triple crimen, y estaría buscando un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación para entregarlos nuevamente ante la justicia.
Extraoficialmente se conoció que el asesinato lo habrían llevado a cabo utilizando un arma contundente y a los trabajadores, Fredys Beleño y Gerardo Marzola Coronado, los habrían incinerado, como lo señaló en sus redes sociales el propio presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, -Fedegán-, José Félix Lafaurie, horas después del hallazgo de los cuerpos sin vida.
El abogado Lesmer Quintero señaló, en redes sociales y en extensas entrevistas ante medios digitales, que efectivamente es el representante de Cristian Petro Almanza y Fernando Soto Garcés, quienes le estregaron poder para defenderlos.
Según el mismo José Félix Lafaurie, el abogado Lesmer Quintero tendría escondido a los presuntos responsables del asesinato, a pesar de que ya se habían expedido las órdenes de captura en su contra.
El abogado manifestó con relación a estas afirmaciones que no tenía a estas personas que solicitaron sus servicios profesionales.
Pidió garantías
El profesional del derecho reconoce además que hace los contactos con la Fiscalía, y busca los acuerdos para que Cristian Petro y Fernando Soto Garcés se entreguen a la justicia, pero, asegura, que necesitaría de garantías para hacerlo.
“El Departamento puede confiar que no me uniré a un caso criminal y que actuaré en derecho en favor de mis defendidos, así como se haría con cualquier persona indiciada por cualquier crimen en Colombia”, señaló.
Por falta de una orden de captura recuperaron su libertad
De igual manera, el abogado expresó que al parecer los dos implicados en el asesinato del ganadero y los trabajadores, habrían estado en poder del grupo Gaula, quienes supuestamente se hicieron pasar como paramilitares para retenerlos y someterlos al parecer a interrogatorios, pero que durante este proceso, sin existir una orden de captura en su contra recuperaron su libertad.
Sobre esta situación las autoridades de Policía en Córdoba no se han manifestado.
Recompensa se podría ampliar a 150 millones de pesos
Desde la Gobernación de Córdoba se ratificó el ofrecimiento de la recompensa por 50 millones de pesos para quienes den información que conduzca a la captura de los presuntos responsables.
Sin embargo, la recompensa llegaría a 150 millones de pesos porque la familia del ganadero Esteban Urueta González ofreció 50 millones de pesos más y un empresario otros 50 millones de pesos, para un total de 150 millones de pesos.
Desde la Policía Metropolitana de Montería manifestaron que no hay nada nuevo con relación a los análisis que se realizan a los cuerpos en Medellín y que oportunamente informarán a los medios de comunicación.
Francisco javier Barrios
Especial para EL TIEMPO
Sincelejo