¿Y qué pasó con el derecho internacional?

En las últimas dos semanas, Israel ha atacado repetidamente a Siria –destruyen-do instalaciones militares y ocupando territorio– en una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza militar contra Estados extranjeros salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad.

Mientras algunos países han condenado a Israel, Estados Unidos y la mayoría de los demás países se abstienen de hacer críticas. Probablemente temen que, si no se destruyen las armas de Siria, estas puedan caer en manos de organizaciones terroristas. No importa que el derecho internacional no permita tales excepciones; en realidad, el derecho internacional se ha convertido en otra víctima de los acontecimientos.

Los ataques de Israel en Siria no son un ejemplo aislado. Las ruinas del derecho internacional están a nuestro alrededor en múltiples direcciones. Rusia invadió Ucrania en 2014 y de nuevo en 2022, se anexionó ilegalmente territorio ucraniano, cometió atrocidades contra soldados y civiles ucranianos, y ahora se enfrenta a acusaciones de genocidio. China ha recurrido a la violencia para ampliar su control sobre el mar de China Meridional y ahora parece dispuesta a invadir Taiwán, algo que nadie cree que el derecho internacional pueda impedir.

Además, las intervenciones militares estadounidenses en Afganistán, Irak, Libia, Siria y otros lugares durante las últimas décadas se basaron en teorías jurídicas dudosas.

Paralelamente, los crímenes internacionales se producen en todo el mundo, tanto en lugares asolados por conflictos como Israel y Gaza, Birmania, Etiopía y Sudán, como en países autoritarios que están en paz.

También en la economía

Las guerras y la violencia tampoco son los únicos indicios del declive del derecho internacional. La misma tendencia afecta a la economía mundial. Su principal órgano de apelación, la Organización Mundial del Comercio, parece incapaz de funcionar y luce impotente mientras el mundo se vuelca hacia el proteccionismo.

Del mismo modo, los débiles historiales de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional son una burla a las ambiciones de sus fundadores. Se suponía que la CIJ debía prevenir la guerra, y la CPI garantizar justicia a las víctimas de crímenes de guerra. Pero ninguno de los dos tribunales hace hoy gran cosa.

Un hecho menos visible, pero igualmente importante, es que el derecho internacional de las inversiones ha provocado una reacción violenta de sus supuestos beneficiarios. Se suponía que los tratados bilaterales de inversión promoverían el desarrollo económico de los países más pobres protegiendo a los inversores extranjeros de la expropiación. Pero hay pocas pruebas de que la ley haya ayudado a estos países a ponerse al día. En cambio, las empresas multinacionales lo han utilizado para impedir que los países en desarrollo apliquen reformas económicas y normativas medioambientales que podrían reducir sus márgenes.

Mientras tanto, la legislación internacional que protege a los inmigrantes ha provocado una reacción nativista en muchos países de destino, especialmente en los que se han visto inundados de solicitantes de asilo. A medida que la democracia retrocede en todo el mundo, la legislación sobre derechos humanos se hace añicos. Muchos gobiernos están despojando a los ciudadanos de las protecciones legales básicas, y la represión política va en aumento en países que antes se creían en vías de libertad política. Incluso la Unión Europea, la organización internacional con más éxito, ha tenido que lidiar con gobiernos antiliberales en Hungría y, hasta hace poco, en Polonia, y se enfrenta a nuevos retos a medida que los partidos euroescépticos de extrema derecha ganan poder en sus Estados miembros.

Y en Estados Unidos no hay buenas señales. Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 a pesar de –o quizás debido a– su desprecio por el derecho internacional. En su primer mandato, Estados Unidos se retiró de más de una docena de acuerdos y organizaciones internacionales relacionados con la seguridad, los derechos humanos, el cambio climático y la migración. Ahora, Trump planea retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la institución internacional más benigna que existe. Pero Barack Obama y Joe Biden tampoco hicieron mucho por promover el derecho internacional durante sus respectivos mandatos. La recalcitrancia estadounidense ha sido ciertamente bipartidista.

Las razones

¿Por qué ha sucedido esto? La explicación más sencilla es que el derecho internacional es víctima de una reacción antiglobalización. La globalización fue en su día el camino prometido hacia la libertad y la riqueza, pero hoy la gente la asocia con migraciones incontroladas, pérdida de empleo, pandemias, crisis financieras y conflictos. Los beneficios que generó para el crecimiento económico mundial no fueron lo suficientemente grandes, generalizados o visibles como para compensar los daños reales o percibidos.

Se suponía que el derecho internacional establecería un orden mundial liberal. En la década de 1990, funcionarios y comentaristas sostenían que el derecho internacional se impone por sí mismo: a medida que se extiende, los Estados lo interiorizan a través de sus burocracias y la opinión pública lo afianza aún más. En realidad, el derecho internacional solo existe en la medida en que los Estados –es decir, sus dirigentes, sus élites y su opinión pública– están dispuestos a aplicarlo y, sobre todo, son capaces de hacerlo.

Hacer cumplir el derecho internacional es costoso para quien lo aplica, ya que debe imponer sanciones, cortar relaciones diplomáticas o emprender otras acciones que pueden perjudicarle tanto o más que al infractor. A medida que los gobiernos se daban cuenta de que la ley se interponía en el camino de sus objetivos, que cambian en respuesta a los cambios en las necesidades nacionales y las relaciones internacionales, el incentivo para mantenerla disminuía. Esa es la realidad.

No ayudó el hecho de que, en la década de 1990, fuera habitual afirmar que el derecho internacional se adentraba en las jurisdicciones tradicionales de los Estados, con disposiciones para regular las relaciones familiares, las normas religiosas, los valores culturales y la organización de la economía. Los partidarios del derecho internacional creían que este estimularía a los países a adoptar valores morales y políticos comunes; obviamente, no ha sido así. También creían que los países se arrodillarían ante el Consenso de Washington –es decir, libre comercio e inversión, derechos de propiedad, mercados sólidos, impuestos bajos–, ya que todas estas cosas parecían tener sentido en Estados Unidos y Occidente en la década de 1990. Pero esas políticas resultaron difíciles de imponer en otros países y –ahora lo sabemos– difíciles de mantener en casa.

La prosperidad nacional depende de la estabilidad, y la estabilidad requiere un amplio reparto de los beneficios económicos, el respeto de las culturas y normas locales y la sensación entre los ciudadanos de que sus dirigentes políticos responden ante ellos, no ante las ONG extranjeras y las burocracias internacionales que se han convertido en cómodos balones políticos.

En el pasado, el derecho internacional se centraba en proteger la soberanía, establecer formas básicas de coordinación (como fronteras, husos horarios, normas marítimas y protocolos de comunicación) y, con un éxito más limitado, restringir las formas más extremas de violencia, especialmente en la guerra. Bastantes Estados llevan tiempo instando al mundo a volver a este enfoque modesto pero sostenible. Estados Unidos, defensor del internacionalismo liberal, se interpuso en su camino. La pregunta es qué pasará ahora con Trump.

Eric Posner (*)

© Project Syndicate

CHICAGO

(*) Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago.

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HRW alerta sobre la erosión de las ‘reglas internacionales’

La inacción “cobarde” de muchos gobiernos a la hora de defender el derecho internacional y las instituciones alienta la “erosión” de las reglas internacionales, denunció esta semana la ONG Human Rights Watch, que teme que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca empeore la situación.

Desde Gaza a Sudán, pasando por Birmania, Haití, Venezuela o Nicaragua, el mundo fue testigo en 2024 de “las violaciones más extremas”, denunció la directora de la organización Tirana Hassan en una entrevista con la AFP con motivo de la publicación, el jueves, del informe anual de la organización.

Marcado por más de 70 elecciones en otros tantos países y por mortíferos conflictos, el 2024 fue un test para “la integridad de las instituciones democráticas” y el derecho internacional, dice el informe de casi 550 páginas que analiza la situación de más de un centenar de países. Lamentablemente, muchos gobiernos “no han superado esta prueba”, afirma HRW, que cita el “aumento de la represión” en Rusia, India, Venezuela o Nicaragua, y los conflictos en Gaza, Sudán y Ucrania.

Las guerras y otras crisis humanitarias, marcadas por “la cobarde reticencia de muchos gobiernos” a la hora de combatir las violaciones de derechos, han puesto de manifiesto “la erosión de las normas internacionales para la protección de civiles y el devastador coste humano cuando se pisotean”, insiste esta ONG guardiana de los derechos humanos en el mundo.

“Cuando los gobiernos no actúan para proteger a los civiles en peligro, no solo los abandonan a la muerte y las heridas, sino que socavan las normas que protegen a la población en el mundo”, dice el informe.

En el banquillo de los acusados se encuentran los “autócratas” que han “reforzado su poder en países como Rusia” y Malí, así como “democracias liberales” que “no siempre son defensoras fiables de los derechos humanos, ni en casa ni en el extranjero”. El primero y más importante de ellos es el Estados Unidos de Joe Biden, que “ha seguido transfiriendo armas a Israel” pese a que “se acumulan las pruebas sobre el uso de armas estadounidenses para perpetrar crímenes de guerra y matar a civiles” en Gaza, señala Tirana Hassan.

La “incoherencia” que han mostrado algunos Estados en su defensa de los derechos humanos es “muy peligrosa, porque envía el mensaje de que algunos derechos se aplican a algunos y no a otros”, advierte.

La situación podría empeorar con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, alerta HRW, que teme que “repita o amplifique las graves violaciones de derechos” que se constataron durante su primer mandato, lo que, además, envía un mensaje a los autócratas “a hacer lo mismo”.

“La administración Trump sugiere que habrá ataques contra los derechos humanos, los derechos de los migrantes, las mujeres y las personas LGBT a nivel nacional. Pero el impacto en política exterior también podría ser muy grave”, afirma Tirana Hassan. Si EE. UU. se aleja de nuevo del sistema multilateral, “dejará un enorme vacío que llenarán actores como China, a quienes nada les gustaría más que poder avanzar en sus políticas contrarias a los derechos”, añade.

A pesar de este sombrío panorama de la situación de los derechos humanos en el mundo, “no todo es pesimismo”, dice Hassan, señalando que, ante la inacción de los gobiernos y la justicia internacional, los movimientos populares están tomando el relevo, como el que en agosto desalojó del poder en Bangladés a la ex primera ministra Sheikh Hasina, cuando gobernaba el país con mano de hierro. Estos “movimientos de resistencia” ponen de manifiesto una “realidad crucial: la lucha por los derechos suele estar liderada por personas comunes y corrientes hartas de la injusticia y la corrupción”, afirma HRW. Una lucha que es “el reto de nuestro tiempo”, insiste.

“Si algo nos ha enseñado 2024, es que ignorar los derechos humanos, ignorar su violación, no es un ejercicio académico: hay vidas afectadas, la gente muere”, remató.