Vivienda se suma a sectores a los que les cortan el flujo de recursos para pagar subsidios

La Navidad para unas 40.500 familias colombianas de bajos ingresos (estratos 2 y 3) no será tan alegre este año como esperaban que lo fuera. La razón, no podrán cumplir su sueño de tener vivienda propia, pues el Gobierno anunció esta semana la suspensión del programa 'Mi Casa Ya', con el que cerca de 360.000 hogares, de 363 municipios del país, pudieron acceder a una vivienda en condiciones favorables en los últimos 10 años.  

No es la primera vez que el país afronta en este Gobierno una situación similar debido al corte en el flujo de recursos que el Gobierno debe dirigir a otros sectores que, como el de la energía y la salud, requieren para cubrir los compromisos adquiridos con los más pobres, impactando, de paso, al sector empresarial y a la economía en general, como se lo hicieron saber al Ejecutivo los gremios del sector eléctrico a inicios de septiembre pasada en carta enviada al Ministerio de Hacienda y al Departamento de Planeación Nacional (DNP). 

En la misiva, agremiaciones como Acolgen, Andeg, Andesco, Asocodis, Ser Colombia y Naturgas, advirtieron de un déficit acumulado de cerca de 1,8 billones de pesos (1,3 billones para energía eléctrica y alrededor de 500.000 millones para gas natural) para el año que termina.

Además de los montos de subsidios que los prestadores han aplicado a los usuarios, al 31 de agosto del 2024, la Nación les adeuda a las empresas 1,3 billones de pesos para energía eléctrica y 351.000 millones para gas natural, lo cual pone en riesgo la estabilidad de las empresas. 

Dicha situación tiende a empeorar, pues los gremios señalan que para el 2025, las necesidades de apropiación de subsidios ascienden 5,1 billones de pesos (3,8 billones para energía eléctrica y 1,2 billones para gas natural), pero en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) del próximo año, hay una partida de solo 4,3 billones para subsidios, un recorte del 19 por ciento respecto a lo destinado en 2024.

Los subsidios pendientes, en el caso del servicio de energía, ascienden a 2,4 billones de pesos, y en el caso de gas natural a 628.000 millones.

Salud, en urgencias

La situación en el sector salud no es diferente, el cual está a punto de apagarse, según lo vienen denunciando distintas organizaciones de este importante renglón de la economía, que ha evidenciado en enorme hueco existente para mantenerlo en operación.

Un estudio realizado por Sectorial.co, al finalizar el 2023, indica que las EPS quedaron con recursos líquidos de reservas técnicas por 7,5 billones de pesos, que usarían para cubrir parte del faltante de caja del 2024. Por su parte, cálculos del centro de estudios económicos Anif, apuntan que la salud en Colombia enfrentará un déficit de financiamiento de 9,5 billones de pesos, que podría aumentar hasta los 16 billones.

Además, de no contemplar los faltantes históricos por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y de recursos no Plan de Beneficios en Salud (PBS), el déficit total será de 23,4 billones de pesos, lo que representa el 1,5  por ciento del PIB proyectado para 2024.

“Vemos con preocupación el panorama actual y futuro de la salud en Colombia. No estamos hablando de un apagón de energía, se trata de miles de vidas que se perderán, debido a la incapacidad a la que se enfrenta el sistema para atender las necesidades de los ciudadanos. El Gobierno Nacional debe y puede evitar el riesgo inminente que conlleva la afectación del derecho fundamental a la vida”, expresó en su momento Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Así las cosas, que los 16 billones de pesos que hacen falta para atender las necesidades del sistema de salud colombiano está explicado por la falta de pago de deudas del Acuerdo de Punto Final (1,2 billones) y la insuficiencia histórica de los recursos para cubrir los costos y gastos del sistema (UPC y No UPC) (14,7 billones).

Vivienda, golpe reciente

Como si las crisis que viene arrastrando el país de un tiempo para acá en los sectores eléctrico y de la salud no fueran suficientes, ahora se les suma la de la vivienda, a la que le acaban de cerrar uno de los programas banderas ('Mi Casa Ya') con el que, además, el propio Gobierno pretendía darle un impulso a la construcción y por esa misma vía, generar más empleo y contribuir con la reactivación de la economía.

De nuevo los problemas de caja del Gobierno Central este año y los previstos para el 2025, en el que de entrada hay un Presupuesto con un hueco de 12 billones de pesos obligan al Ejecutivo a tomar la vía fácil del recorte de programas clave para las poblaciones más vulnerables y no la de reducir el gasto público (burocracia), como se lo han solicitado desde varios frentes.  

"Los cupos que se encontraban disponibles para el beneficio de las coberturas a la tasa de interés se han agotado, por tal razón, los hogares que no lograron la marcación para tomar el beneficio sobre el desembolso del crédito hipotecario o el inicio del contrato de leasing habitacional, a partir de la fecha, no contarán con dicho beneficio”, explicó el Ministerio de Vivienda al anunciar el cierre del programa 'Mi Casa Ya' el martes de la semana que está por concluir.

La noticia cayó como 'baldado de agua fría' tanto para quienes ya contaban con esos recursos para comprar su vivienda, como para los constructores y la economía, pues sin duda esto tendrá repercusiones sobre el empleo, el cual ha tenido una débil recuperación.

No es para menos. Cálculos de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) apuntan a que no solo se afectarán una 40.500 familias que aspiraban a dichos subsidios para comprar su vivienda, sino que, además, el golpe al bolsillo de los más vulnerables será significativo, en la medida que las cuotas hipotecarias se incrementarían en más de 30 por ciento para los beneficiarios de dicho programa.

Hogares, los más damnificados

Guillermo Herrera Castaño, presidente de Camacol, explicó que, por ejemplo, para el caso de una casa que cuesta 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes, unos 117 millones de pesos, la cuota mensual pasaría de 484.220 pesos a 633.899 pesos, lo que significaría un incremento del 30,9 por ciento. Y en el caso de una vivienda de 150 salarios mínimos mensuales (195 millones), la cuota mensual pasaría de 1'221.488 pesos a 1'509.284 pesos, un incremento de 23,6 por ciento o  cerca de 288.000 pesos.

“No es una decisión que se haya tomado ahora; es algo de lo que se alertó desde que inició este gobierno. Hoy, lo que sucede con ‘Mi Casa Ya’, es producto de problemas que aumentaron durante el 2024 en la gestión de los recursos para las coberturas”, precisó el vocero gremial.

En igual sentido se pronunció Sandra Forero, ex presidente de Camacol, quien señaló que lo anunciado por el Gobierno es la "estocada final" a dicho programa, algo que se venía venir desde hace algún tiempo.

La exdirectiva recordó que siempre se ha hablado de que en Colombia se necesitan unos 75.000 subsidios cada año (3 billoes de pesos, de los cuales el Gobierno había anunciado 50.000 para el 2024 (2 billones) y apenas se llevan 20.000, lo que indica que el déficit de subsidios para el 2025 es enorme.

"Si este déficit persiste para el año entrante vamos a tener cero subsidios porque 'Mi Casa Ya' son dos subsidios, cobertura y cuota inicial", indicó Forero.

Para José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, el efecto de esta decisión puede llegar a ser indeseable en la economía por el impacto a largo plazo. "El Gobierno puede buscar alternativas en recortes de gasto, en otros programas que tengan menos impacto positivo en la economía para no afectar a los subsidios y esto no es nuevo, porque desde el año pasado se le advertía que los cambios que se habían aplicado en el programa estaban impactando la velocidad en la que se asignaban estos recursos, ahora no solo es la velocidad sino el programa mismo y esperamos que para 2025, cuando se mantengan los problemas fiscales haya otras soluciones", argumentó López.

Cálculos preliminares apuntan a una pérdida de 30.000 empleos en el sector, cuanto este genera, al menos, unos 19.000 por mes, a lo que se suma que unos 20.000 hogares tendrán que desistir de la compra de su vivienda, con lo cual los constructores, en el 2025, tendrán que frenar en inicio de nuevos proyectos de vivienda ante la falta de demanda que se avecina.