La presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Astrid Martínez, sale a controvertir afirmaciones de centros de estudios económicos como Fedesarrollo, que afirman que en el 2024 el Gobierno violó la regla fiscal utilizando ‘contabilidad creativa’. ¿Qué responde la doctora Astrid?
Entendiendo que la regla fiscal tiene la función de poner unas metas de déficit fiscal y de deuda, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que usted preside, ha venido tomando cada vez más importancia, como la tiene para el control de la inflación la junta del Banco de la República. Pero tengo entendido que el Carf tiene poca gente y no se ha logrado conformar el equipo que necesita…
En este momento tenemos el equipo mínimo, porque, como nos dicen en Hacienda, nosotros más que nadie conocemos las limitaciones…
Pues hay que confiar mucho en el comité que usted preside. Pero la pregunta es qué tan independiente puede ser el Carf. Ustedes despachan desde el Ministerio de Hacienda y son financiados por el Gobierno…
Autónomo es el Banco de la República por Constitución. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Hacienda por construcción legal, pero los miembros del comité son como los de la junta directiva del Banco de la República. También tenemos periodos fijos y eso hace que haya independencia. Y como los conceptos no son vinculantes, porque no somos un organismo político sino técnico, podemos ir al Congreso a explicar todos estos asuntos que hemos tratado hoy las dos. Damos elementos de análisis en los mercados, que son los acreedores, entre los cuales hemos ganado bastante confianza, porque reconocen nuestro carácter técnico, que es para lo que nacimos. Hay otros organismos de autoridad fiscal, como la Contraloría General de la República y el mismo Confis, que tienen que responder ante el Congreso en términos políticos. Nosotros damos elementos técnicos, y lo hacemos con total independencia.
¿Se han sentido ustedes en algún aspecto presionados por el Gobierno, doctora Astrid, en sus funciones?
No, para nada.
Arranquemos con una pregunta de coyuntura. ¿Qué opina de que Fitch Ratings le haya mantenido la calificación al país, pero le haya cambiado la perspectiva a la situación fiscal de estable a negativa?
Que el comunicado de la calificadora refleja las fragilidades de las finanzas públicas, sobre las cuales el Carf viene advirtiendo desde el año pasado. Es decir, sobre la necesidad de medidas correctivas que se requieren para estabilizar las finanzas públicas, por el riesgo de que la deuda continúe incrementándose por encima del ancla legal.
Ojalá ese concepto de Fitch no incremente los intereses de la deuda. El Gobierno ya paga por ese concepto cada año cerca de 4,7 % del PIB. Eso equivale más o menos a casi tres veces lo que se gasta en inversión. ¿Cómo podemos salir de este lío?
Pues estas conversaciones siempre llevan a un tema que es bien central, que es el crecimiento de la economía. Para poder hacer consolidación fiscal tiene que haber crecimiento. Y si no tenemos un crecimiento económico más alto, no vamos a poder salir de ahí.
Estas conversaciones siempre llevan a un tema que es bien central, que es el crecimiento de la economía. Para poder hacer consolidación fiscal tiene que haber crecimiento.
Además, han coincidido en esta época un enorme déficit con una gran iliquidez del Gobierno. No hay plata para pagarle a nadie…
Sí, la disponibilidad de caja es bien crítica, lo fue en el último trimestre del año; y este año empezó con un programa mensual de caja muy atado a la evolución del recaudo. Esa parte no la podemos monitorear porque la Dian no publica su plan mensual de recaudo. Nosotros tenemos un indicador que reconoce que hay una estacionalidad en los ingresos, cuando hay momentos de pagar; cuando viene la época de las declaraciones de renta de las empresas y el de las personas, por ejemplo. Hemos construido una senda para ir verificando mes por mes la evolución de ese recaudo, porque es una alerta muy importante tanto para el tema de posición fiscal como para el de la liquidez.
A propósito, ¿es cierto que el Gobierno violó en 2024 la regla fiscal, como afirma una entidad tan seria como Fedesarrollo? ¿El Carf estaría dispuesto a admitirlo?
La regla fiscal se cumplió en 2024, como lo ha afirmado el ministro de Hacienda y como lo define el Confis, que es la máxima autoridad fiscal que tiene el país.
Fedesarrollo no dice lo mismo. Hasta se habla de que lo disimularon con lo que llaman contabilidad creativa…
Fue alrededor de la figura de las transacciones de única vez que tuvimos una discusión técnica en el interior del Carf con el Ministerio de Hacienda, e hicimos un concepto no vinculante que fue al Confis, el que dirime en últimas estas discusiones técnicas. Entonces, no podemos tener una realidad con dos escenarios: uno en que no se cumple la regla y otro en que sí se cumple. Eso ya quedó dirimido por el Confis.
El ministro de Hacienda viene diciendo que la regla fiscal tiene que evolucionar…
Vamos a ver cuál es la propuesta y también tendremos las respectivas discusiones. Nosotros dijimos que no creíamos en que la reducción en el recaudo en 2023 era sobreviniente; el ministerio ha dado sus argumentos para decir que sí lo fue y la discusión técnica se ha basado en eso. Ahí yo no diría que hay contabilidad creativa, aunque toda la gente tiene derecho a opinar lo que quiera al respecto.
El argumento de que el Gobierno no cumplió la regla fiscal viene de que el déficit permitido era del 5,6 % del PIB y en la práctica fue del 6,8 %. ¿Cómo hace un gobierno para cumplir, sin cumplir?
Nosotros no nos pronunciamos sobre el déficit total, sino sobre el déficit primario. Ahí la ley dice que tenía que ser 0,2 por ciento del PIB y si las transacciones de única vez que se aprobaron hubieran sido las que señalamos, pues ese déficit hubiera llegado al 1,8 por ciento. Lo que nosotros decimos con respecto del déficit total es más general, en el sentido de que después de la pandemia y durante ella hubo un déficit total de 7,8 por ciento, y buscamos una senda para reducir ese déficit total. El déficit del Gobierno Nacional central venía cayendo hasta el 4,3 en 2023, que fue un año un poco excepcional, por los precios del petróleo y del carbón, que fueron favorables y porque el crecimiento en 2021 y 2022 fue muy alto. En el 2023 bajó y afectó el recaudo del 2024. Entonces, la meta ahí ya era menor, o sea, había un mayor déficit, pasaba de 4,3 a 5,6, y no se cumplió por todas estas cosas que estamos comentando.
¿Cree que el Gobierno está haciendo cálculos de ingresos sobre una base inflada, como también lo afirma una entidad tan seria como Fedesarrollo? En el 2024 se presentó el problema de los litigios, que supuestamente se resolverían generando un aumento del recaudo, y no hubo tal.
Lo de los litigios nosotros lo comentamos. El Gobierno mencionó también lo de la no deducibilidad de las regalías, y sobre eso, en transacciones de única vez iniciales, el concepto del Carf fue favorable; a principios de mayo, junio se hicieron esos primeros reconocimientos. Para ese año sí encontramos que hay unas diferencias entre lo que estaba proyectando el Gobierno y lo que nosotros calculamos.
El Gobierno se enfrenta a una gran inflexibilidad del gasto, lo reconocemos, y tiene que hacer el esfuerzo de buscar los ingresos para reducir ese desbalance y poder cumplir con las metas
¿Cuáles son esas diferencias?
Una primera es que por cuenta del gasto por 12 billones de pesos no aprobados por la ley de financiamiento, el Gobierno tenía que hacer un aplazamiento inicial por esa misma cantidad. Nosotros decimos: bueno, ahí hay una intención de recorte, cuando este se haga nosotros lo incorporamos en nuestras cuentas. Entonces, ahí van 12 billones de diferencia que el Gobierno sí tiene y nosotros no tenemos. Y de resto, tenemos una diferencia de 34 billones de pesos en las proyecciones; unas, por concepto de la gestión de la Dian y otras por como relacionamos recaudo y crecimiento. Castigamos, digamos, la proyección de gestión de la Dian, y ellos nos dicen que son 14 billones, nosotros decimos que son 6, y 25 billones adicionales que pensamos que no se van a recaudar si uno ve cuál ha sido la relación entre recaudo y crecimiento del PIB en el pasado, que es una especie de elasticidad de recaudo. Entonces, todo eso suma 46 billones de pesos que, decimos, obliga a que haya un ajuste que pueda ser el resultado o de recorte por esa suma o de ingresos que se obtengan por la gestión que efectivamente se dé, o por una reforma tributaria, o por otras iniciativas que corresponden al Gobierno. Pero nosotros nunca entramos a la casa de ellos a decirles cómo se debe dar ese ajuste. Eso es gestión de Hacienda.
¿O sea, ustedes no opinan sobre reformas tributarias futuras?
No, decimos: hay un ajuste necesario. Y el Gobierno se enfrenta a una gran inflexibilidad del gasto, lo reconocemos, y pues tiene que hacer el esfuerzo de buscar los ingresos para reducir ese desbalance y poder cumplir con las metas. Para este año ya es un déficit menor, un déficit total que es del 5,1 por ciento, y un déficit primario de 0,2 por ciento.
Sí, hay que decirlo, en este país hay poca capacidad de maniobra presupuestal. Colombia tiene uno de los esquemas de gasto más rígidos del mundo, pues todos los nuevos ingresos ya vienen amarrados a algún tipo de gasto específico. El Sena, el ICBF, las pensiones, las Fuerzas Militares y de Policía, etc...
Que ya han sido ordenados por la ley o por la Constitución.
¿En su opinión, doctora Astrid, cuál es el recorte que se debe hacer para que en el 2025 no esté amenazado el cumplimiento de la regla fiscal?
De 46 billones. Ya sea en recorte, ya sea que se incrementen los ingresos, o sea la suma de esas dos cosas.
De nuevo vuelvo a Fedesarrollo; allá estiman sus estudiosos que el recorte del gasto tendría que ser cercano a dos puntos del PIB, o sea casi tres reformas tributarias, quitando los intereses...
La suma de la que nosotros hablamos incluso es más alta, porque no estamos incorporando el aplazamiento del gasto como recorte de gasto; entonces faltarían 12 billones adicionales.
¿No será que el nivel de gasto actual es insostenible, por un lado, y que hay que ajustarse a la realidad de un recaudo menor, por el otro?
O incrementar el recaudo. Eso siempre está en la ecuación. Ahí la gestión de la Dian es importante que se haga, porque hay elusión, hay evasión, ¿no? Con el Estatuto Tributario debería ser posible hacer mayor gestión, se le han dado instrumentos, se le ha dado plata; hay un contrato de préstamo con el BID, firmado en el 2021, para mejorar los sistemas tecnológicos de la Dian.
Si habláramos de reducción del gasto, doctora Astrid, desde su punto de vista, ¿dónde es conveniente recortar más: en funcionamiento o en inversión?
No, el gasto en funcionamiento es el más rígido que hay. Por eso siempre queda el gasto en inversión como sacrificado. O sea, precisamente el esfuerzo que hay que hacer es para crear espacio para el gasto en inversión. Además, la inversión pública es muy importante para apalancar la inversión privada en muchos sectores.
Por ahí leí que el aumento, digamos, burocrático del Gobierno ha sido bárbaro…
No sé cómo lo miden. Nosotros en servicios personales lo tenemos incluido en la categoría de gasto inflexible.
¿Lo de contratar y contratar y contratar más gente, o lo de la proliferación de contratos por prestación de servicios?
Yo no puedo decir que la gente que se haya contratado no sea necesaria, no tengo cómo medirlo. La información que nosotros tenemos con respecto de servicios personales es de total inflexibilidad. De hecho, pues hace años que tenemos esa dificultad con respecto de la planta, y lo que se llamaba antes plantas paralelas, ¿no? Porque las plantas han limitado su crecimiento fuertemente, con medidas que se tomaron hace muchos años. Eso se suple con órdenes de servicio, ¿no? Eso es lo que habría que ver, cuáles de esas órdenes de servicio son innecesarias, y si habría que recortar más.
Bueno, y para terminar, pues a usted la definen como una demócrata con una orientación de centro-izquierda. ¿Se atreve a opinar de la actuación de este gobierno? ¿Se siente defraudada, se siente tranquila o ‘siguiente pregunta, amiga’? (Risas).
No, yo soy una persona, digamos, con un sentido de las instituciones muy arraigado, y esa es mi guía para opinar ahí. Me parece importante que en este gobierno se haya hecho manifestación continua de la voluntad de cumplir con la regla fiscal y yo rescato eso. Cuando alguien dice: “no, eso no se cumplió y entonces para qué la regla fiscal”, yo digo ¡no! O sea, ¿qué tal sin regla fiscal? Esa es una institución que debemos preservar.
Sería el despelote…
Ese es mi punto de vista con respecto a la gestión macroeconómica, en lo que soy totalmente ortodoxa, como economista. Ese es un activo importantísimo, y si no se da, y se dispara la inflación, a los que perjudica es a los más pobres. Entonces, es un activo que debemos defender todos.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO