¿Más sobrecostos y pérdida de empleos? Los riesgos de revivir la reforma laboral a través de una consulta popular

Este martes se conocieron las 12 preguntas que harán parte de la consulta popular que el gobierno del presidente Gustavo Petro espera que el Senado de la República apruebe próximamente.

Este es el plan B del Gobierno Nacional ante el hundimiento de la reforma laboral el pasado 18 de marzo en la Comisión Séptima del Senado. No obstante, es rechazado por los empresarios por la pérdida de empleo y sobrecostos que representaría.

Varias de las preguntas incluyen los temas clave de la reforma laboral que fue hundida como, por ejemplo, que la jornada laboral diurna termine a las 6:00 de la tarde y no a las 9:00 de la noche como rige actualmente.

Adicionalmente, se les preguntará a los colombianos si están de acuerdo con que el trabajo en un día de descanso dominical o festivo se pague con un recargo del 100 por ciento. Hoy en día es del 75 por ciento.

También se hacen preguntas sobre temas relacionados con la formalización laboral, permisos médicos, un bono pensional para los campesinos e incentivos para las micro, pequeña y medianas empresas.

No se puede replicar la reforma laboral

Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, es “muy dudoso” que algunas preguntas puedan hacerse en forma tan específica, hasta el punto de reproducir los borradores de la reforma laboral, mediante el mecanismo de consulta popular.

“El gran problema de las preguntas como están siendo planteadas es que abordan cada decisión suponiendo que no tienen ningún costo para los trabajadores, para el empleo, para las empresas, para el Estado o en términos de informalidad”, agrega.

Igualmente, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, asegura que las 12 preguntas formuladas pretenden revivir el articulado de la reforma laboral que se hundió y ninguna de ellas apunta a solucionar el grave problema de desempleo en el país, que hoy tiene a casi tres millones de personas desocupadas.

Así mismo, el dirigente gremial señaló que los mecanismos de participación ciudadana no se pueden usar para sustituir las decisiones del Congreso de la República. “Si cada vez que no le aprueban una iniciativa el Gobierno se sometiera a consulta popular, el Congreso perdería su razón de ser y la separación de poderes dejaría de existir”, dice.

El efecto negativo sobre las empresas

Con las preguntas que se están planteando, el presidente de la Andi considera que al Gobierno Nacional se le está olvidando el efecto que tendría esta consulta popular sobre la generación de empleo en el país y los desempleados, además de los incentivos a la informalidad.

“Se está propiciando la toma de decisión de política pública con información completamente parcializada, que solo tiene en cuenta algunos de los posibles beneficios de cada una de esas decisiones, ignorando los costos o las consecuencias negativas para las empresas”, comenta.

De acuerdo con Acopi, pasar de un contrato de aprendizaje a uno laboral para los aprendices del Sena tendría un incremento significativo del 126 por ciento (1,35 millones de pesos) en la estructura de costos empresariales.

El costo mensual de un aprendiz pasaría de 1’067.625 pesos a aproximadamente 2’417.403 pesos. Para una empresa con tres aprendices, el costo total pasaría de 3’202.875 pesos a 7’252.209 pesos, sin considerar los beneficios extralegales que algunas compañías ofrecen.

Además, un sondeo del Observatorio de la MiPyme de Acopi en 2023 reveló que, si se modificara la jornada laboral diurna, el 36,5 por ciento de los empresarios anticipa un aumento en sus costos del 1 al 20 por ciento, mientras que un 33,5 por ciento de los encuestados prevé un incremento del 20 al 40 por ciento.

Estos aumentos tendrían efectos secundarios negativos, incluida la reducción de puestos de trabajo (34,3 por ciento), la incapacidad de contratar nuevos empleados (29,8 por ciento) y un pequeño porcentaje de empresarios que se vería obligado a cerrar sus empresas (5,2 por ciento).

Por otro lado, el 58,4 por ciento de los empresarios indicó que, si se implementara esta modificación en las jornadas diurnas y nocturnas, reduciría su fuerza laboral entre uno y cinco empleados.

Por eso, la directora ejecutiva de Acopi Seccional Atlántico y presidenta del Observatorio de la MiPyme, Rosmery Quintero, considera que la mejor salida frente a la actual coyuntura es la construcción concertada de un nuevo proyecto que logre un equilibrio real y responsable entre empleo, supervivencia empresarial y formalización.

“Desafortunadamente, los gobiernos nacional y locales hacen proyecciones de solución a la actual crisis a través de más impuestos que vienen asfixiando a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas, que ya enfrentan una elevada presión tributaria y una estructura de costos cada vez más difícil de sostener”, añadió.

Entre tanto, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) considera que las preguntas de la consulta popular traerían serios riesgos para la viabilidad institucional, democrática y fiscal para el país.

“Las preguntas de la consulta popular anunciada por el Gobierno carecen del sustento técnico que requiere una reforma laboral, se están presentando sin las complejidades e implicaciones para todos los colombianos”, comentó la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture.

El riesgo institucional radica en que la consulta popular podría vulnerar el principio democrático al no garantizar una participación deliberativa adecuada, como sí lo permiten los debates de las reformas en el Congreso de la República.

A esto se suma un impacto económico, pues, según la presidenta de AmCham Colombia, las propuestas implican la no viabilidad de las empresas al establecer mayores costos y poner en riesgo la pérdida de empleo de muchos colombianos.

Para la líder gremial tampoco es coherente el alto costo que tendría esta consulta popular con la actual situación fiscal del país, en un momento en que el Gobierno no ha pagado sus deudas con el sistema de salud y las empresas de energía, entre otras prioridades sociales.

“Mientras se acude a la figura de la conmoción interior para imponer nuevos impuestos, por otro lado, se impulsa una consulta popular con fondos públicos sobre temas que ya fueron negados en dos ocasiones por el Congreso y que puede llegar a costar 700.000 millones de pesos”, manifestó el presidente de Fenalco.