Violencia política, grupos armados y posibles inhabilidades rodean elección atípica de gobernador del Putumayo

La elección atípica de gobernador del Putumayo, prevista para el 9 de febrero, se está ensombreciendo por la violencia y la incertidumbre: el reciente asesinato del exalcalde Mocoa, Elver Cerón, la interferencia de grupos armados y las posibles inhabilidades de los candidatos inscritos para reemplazar a Carlos Andrés Marroquín Luna –cuya elección anuló el Consejo de Estado- ha generado un clima de preocupación en el departamento.

El 4 de enero, dos hombres llegaron en una moto y le dispararon al exmandatario de Mocoa, al abogado y cantante de música popular Andrés Fajardo, y a una mujer que era su pareja. Si bien las autoridades no han confirmado los motivos del atentado, de manera extraoficial se dice que se habría tratado de un ajuste de cuentas por deudas en la financiación de su fallida campaña para llegar la alcaldía por segunda vez.

Según datos recogidos por la Misión de Observación Electoral, MOE, en el 2024 se registraron 6 hechos de violencia política en Putumayo, la segunda menor cifra desde la firma del acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, se han incrementado la letalidad de los actos: los 6 hechos fueron asesinatos. Y el 2025 arrancó con el asesinato del exalcalde Cerón.

“Hay un problema de violencia política muy delicado de aquí al 9 de febrero que se den las elecciones atípicas”, afirma el senador Ariel Ávila, quien ha seguido de cerca la situación en el departamento.

La zozobra la genera, en gran parte, el duro enfrentamiento que protagonizan dos grupos armados con la población civil en la mitad. Uno es de ‘Comandos de Frontera’, al mando de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, que ha estado ligado a la ‘Segunda Marquetalia’, aunque fuentes enteradas indican que actualmente actúa como un grupo independiente. El otro es la ‘Estructura Carolina Ramírez’ del ‘Estado Mayor Central’ liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

“Siempre buscan interferir en política. Hay amenazas, rumores de financiación y demás que hacen imposible la vida política allá”, indica Ávila.

También hace presencia el ‘frente Raúl Reyes’, del Estado Mayor de Bloques y Frente, comandado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

De acuerdo con la MOE, en 2024, el departamento del Putumayo registró un incremento del 62 por ciento de hechos armados frente a lo que ocurrió en 2023.

“Tuvimos comisión de seguimiento con autoridades la semana pasada y, si bien hay un parte de tranquilidad, sigue la amenaza que representa la presencia de esos actores”, señala Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

Para las elecciones atípicas habrá 815 mesas de votación, distribuidas en 118 puestos. EL TIEMPO pudo conocer que el Ejército estará custodiando 74 puestos y la Policía, el resto. Y el próximo 20 de enero está previsto la instalación de un comité de garantías electorales con la presencia de la Registraduría y el Ministerio del Interior.

Aunque más allá de la seguridad de la jornada que se desarrollará en menos de cinco semanas, el senador Ávila advierte que la atención de las autoridades debe estar centrada en que “los ilegales no metan la mano vía financiación. El riesgo es que los ilegales maten competidores políticos o financien campaña”, dice.

Ruido por posibles inhabilidades de los candidatos

Por si esto fuera poco, la elección atípica llega con sospechas de posibles inhabilidades de tres de los cuatro candidatos que se inscribieron para ser llegar a la Gobernación tras la nulidad de la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna (partido de la U), por doble militancia en la modalidad de apoyo. El pasado 25 de diciembre fue el cierre de inscripción de candidaturas, algo que pasó inadvertido al darse en medio de ferias y fiestas.

Una de las candidaturas con dudas es la de Jhon Gabriel Molina Acosta, postulado por la coalición “Putumayo Vamos En Serio”, avalado por AICO, el Partido Conservador y Mais. Molina fue quien perdió en las elecciones regionales de 2023 contra Carlos Andrés Marroquín y esta es la tercera postulación para gobernador de este hombre que ha mutado por diferentes estructuras políticas, por lo que sería el favorito para ganar en las urnas. Tenía su curul en la Asamblea Departamental y renunció para estos comicios atípicos.

El ruido por una posible inhabilidad recae en que una de sus hermanas trabaja en un Ministerio del nivel nacional. Ahora bien, al parecer, no sería un cargo determinante en la ordenación de gasto.

Otro que tiene una presunta inhabilidad es el candidato Jonny Fernando Portilla Moncayo. Perteneciente a la estructura liberal de Putumayo, es la ficha más cercana del gobernador destituido. En su momento fue apoyado por el exministro del Interior y actual embajador ante Brasil, Guillermo Rivera. Fue electo concejal de Orito en 2023 y siendo presidente del Concejo habría firmado contratos de determinación del gasto administrativo del organismo municipal, razón por la cuál podría estar inhabilitado.

El ruido también gira alrededor de la candidatura de Johnn Freddy Peña. Este sería la ficha del cuestionado exgobernador Buanerges Rosero (2020-2023). Avalado por la coalición de ASI y ‘La U’, las sospechas en la candidatura de Peña se basan en que fue secretario de Hacienda y Gobierno de la administración de Rosero.

La candidatura que hasta el momento no tiene señalamientos es la de Miguel Ángel Rubio Bravo. Este ha sido militante de sectores de izquierda como el Polo Democrático y la Unión Patriotica, y fue avalado por el Pacto Histórico. No obstante, comentan fuentes enteradas, hubo división en sectores del Pacto en el departamento alrededor de su postulación.

Los escenarios

A la fecha, solamente dos candidaturas tienen proceso de revocación de inscripción en el Consejo Nacional Electoral por inhabilidades.

En cuanto a la seguridad de los candidatos, estos no han reportado amenazas. “La información que tenemos indica que no han solicitado esquema de protección adicionales a los ordinarios. Ninguno ha reportado hechos de amenaza o constreñimiento por parte de grupos armados”, expone Diego Rubiano, de la MOE.

Si, nuevamente, el próximo gobernador de Putumayo resultase inhabilitado a posteridad de su elección, las autoridades deberán convocar a elecciones atípicas si la destitución se da 18 meses antes de la siguiente elección, con el desgaste administrativo y la inestabilidad política que eso implica.

“Desde hace unos 10 años Putumayo viene estando en una crisis constante. Muchos de sus gobernadores son cuestionados por relaciones con ilegales, por casos de corrupción. Prolongar las elecciones prolonga la agonía de Putumayo”, concluye Ariel Ávila.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política