La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención lanzó una advertencia sobre una posible crisis energética en el Caribe colombiano, debido al incumplimiento en el pago de las deudas que la empresa prestadora del servicio mantiene con las generadoras y transmisoras de energía.
En una comunicación dirigida al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), Yanod Márquez Aldana, la organización instó a la entidad a asumir su responsabilidad y saldar los compromisos financieros que ascienden a cerca de 2 billones de pesos.
El incumplimiento en estas obligaciones, según la veeduría, podría provocar un apagón en Atlántico, La Guajira y Magdalena, afectando a 5.4 millones de habitantes y poniendo en riesgo el funcionamiento del sector productivo e institucional de estos departamentos.
“La situación financiera de Air-e ha llegado a un punto crítico y su impacto podría ser catastrófico si no se toman medidas urgentes”, señaló la veeduría, conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y la ANDI Atlántico-Magdalena.
Responsabilizan a la Superservicios
La veeduría enfatizó que las dificultades de Air-e para cumplir con el pago de la energía adquirida no son nuevas, pero se han agravado durante la administración de la Superservicios.
“La Superintendencia, al estar a cargo de la empresa intervenida, debe garantizar la prestación del servicio con todos los derechos y obligaciones que esto implica. Su negligencia ha debilitado financieramente a las generadoras y transmisoras, afectando su capacidad operativa”, advirtió la organización.
Además de su solicitud a la Superservicios, la veeduría pidió la intervención de la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para evitar el colapso del servicio eléctrico en la región. En su comunicado, recordó que la Superintendencia es la entidad encargada de administrar el Fondo Empresarial y garantizar los recursos para las empresas intervenidas.
Hay temor en la región sobre un apagón. Foto:EFE
En ese sentido, instaron al Ministerio de Hacienda a autorizar el desembolso de los recursos necesarios para cubrir las deudas de Air-e y evitar mayores afectaciones.
El respaldo legal a esta exigencia se encuentra en el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, que establece que el Fondo Empresarial tiene como objetivo garantizar la continuidad de la prestación del servicio público de energía.
Según la veeduría, la Superservicios tiene la facultad de realizar operaciones de crédito público o solicitar créditos de tesorería con el respaldo de la Nación para cubrir estas obligaciones.
La empresa Air-e está en manos del Estado. Foto:Cortesía Air-e
Además, la veeduría hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que se paguen las deudas que la Nación mantiene con Air-e por concepto de subsidios, y que se destinen recursos del Presupuesto Nacional para fortalecer financieramente a la empresa y garantizar la continuidad del plan de inversiones en infraestructura eléctrica, el cual se inició antes de su intervención.
“El pago de estas deudas no es solo una responsabilidad contractual de Air-e, sino una obligación directa de la Superservicios como entidad interventora. Su falta de acción está poniendo en riesgo la estabilidad energética de la Región Caribe”, concluyó la veeduría, reiterando su llamado a las autoridades para evitar una crisis de gran magnitud en el sistema eléctrico regional.
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