Una reforma prioritaria / columna del exministro Juan Fernando Cristo

Congreso de la República aprobó en diciembre una reforma constitucional, resultado de un amplio consenso nacional, para modificar el Sistema General de Participaciones, instrumento mediante el cual se distribuye a los entes territoriales los recursos para cumplir con sus obligaciones en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. La reforma fue el primer paso hacia el fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia. 

Qué implicaciones tiene? Para empezar, un incremento gradual a partir de 2027 de las transferencias de recursos a departamentos, distritos y municipios. La transición entre el modelo actual y lo aprobado por el Congreso llevará a que los entes territoriales reciban el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación. Con el sistema vigente, en el año 2026 recibirán un poco menos del 30 por ciento.

El texto constitucional aprobado incluye un mecanismo de seguro con el fin garantizar su sostenibilidad fiscal. Para su implementación, el Congreso debe aprobar una segunda norma: una ley que redistribuya las competencias entre los diferentes niveles de gobierno (nación, distritos, departamentos y municipios). De este modo, el incremento en los recursos será equivalente a las nuevas responsabilidades que asumirán las entidades territoriales. La clave de la nueva ley será definir con precisión las funciones de cada nivel de gobierno, asegurando así mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión pública.

Se prevé que muy pronto los ministerios del Interior, Hacienda, Planeación Nacional, Educación, Salud y Vivienda presenten un borrador del proyecto de Ley de Competencias. Entre abril y julio se abriría la discusión con gobernadores, alcaldes, fuerzas políticas, comunidades académicas y la sociedad civil. Finalmente, el 20 de julio se debería presentar el proyecto de ley, ojalá con mensaje de urgencia, para su debate en el segundo semestre de 2025.

Es imprescindible que en medio de la compleja coyuntura política, el Gobierno se concentre en la Ley de Competencias. No olvidemos que esta reforma es la cuota inicial para la derrota definitiva del centralismo y apunta a cerrar las brechas entre centros urbanos con niveles aceptables de desarrollo y una ruralidad dispersa con muy escasa presencia del Estado, cuando la hay. Con más autonomía, cada departamento y municipio podrá impulsar su propio desarrollo y responder mejor a las necesidades de la población.

Implementar estos cambios exige la atención constante de gobernadores, alcaldes y la ciudadanía comprometida con el desarrollo del país. En 2025, este debate será el eje central de la agenda nacional, incluso por encima del inicio de las campañas para las elecciones de 2026. Lo que está en juego no es solo la gestión de los gobiernos locales, sino su capacidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y construir un país más equitativo y en paz.

La implementación de ambas normas y su complementariedad darán lugar a una profunda reestructuración del Estado, fortalecerán los territorios, reducirán la dependencia de departamentos y municipios del Gobierno Nacional y crearán las condiciones adecuadas para recuperar la seguridad y la paz territorial. Este cambio representará una transformación trascendental del Estado, la más ambiciosa desde la Constitución de 1991.

JUAN FERNANDO CRISTO