El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó dos nuevas leyes migratorias en febrero que refuerzan el control sobre la inmigración ilegal en el estado. Al mismo tiempo, se alinea con las políticas de la administración de Donald Trump que son intolerables a cualquier presencia irregular. Se trata del Proyecto de Ley Senatorial 2-C (SB 2-C) y 4-C (SB 4-C), basadas en la SB 1718 previamente promulgada.
Según explicó el portal web de migración Greenspoon Marde, la legislación SB 4-C califica el ingreso ilegal a Florida como un delito menor de primer grado, con una pena mínima obligatoria de nueve meses de prisión. Si se genera una segunda o tercera infracción, se incrementa a un delito grave de tercer grado con penas mínimas de entre uno y dos años de encierro.
Esta categoría incluye una de las penas más severas que se aplicó en el estado para los migrantes: la pena de muerte para los extranjeros no autorizados condenados por un delito grave, como un asesinato premeditado o violación de menores de edad. Las fuerzas del orden también le deben informar al gobierno federal sobre los arrestos por entrada o reingreso ilegal.
Por su parte, la ley SB 2-C complementa a la anterior legislación al implementar estructuras y programas que fortalezcan la implementación de las leyes de inmigración. Sus normas más importantes son:
- Calificar el voto en las elecciones de personas no estadounidenses como delito grave de tercer grado, sin defensa por desconocimiento de la ciudadanía.
- Restringir la emisión de licencias de conducir y tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados. Las licencias emitidas por otros estados se considerarán inválidas.
- Se establece la Junta Estatal de Control de Inmigración y el Programa de Subvenciones para la Aplicación de la Ley Local para supervisar la aplicación de la ley y financiar a las agencias locales.
- Implementa nuevos criterios de elegibilidad en las universidades estatales. Solo ciudadanos o residentes legales pueden solicitar una exención de la cuota.
- Endurece las penas por delitos cometidos de los indocumentados. A su vez, crea una presunción de riesgo sustancial de fuga para esas personas.
En su cuenta de X, DeSantis anunció el nuevo paquete de políticas: "El proyecto que firmé convierte a Florida en el estado más fuerte del país en materia de aplicación de las leyes de inmigración. Esta legislación incorporará a las fuerzas del orden estatales y locales para ayudar a la administración Trump a restablecer el Estado de derecho, expulsar a los inmigrantes ilegales de nuestro país y proteger a nuestras comunidades".
El gobernador de Florida implementó dos leyes migratorias severas contra los indocumentados. Foto:Getty Images
El gobernador amplió la colaboración de Florida con las fuerzas del orden
En paralelo, el gobernador Ron DeSantis implementó un nuevo acuerdo en febrero que amplía la colaboración del estado de Florida con las fuerzas del orden federales bajo el programa 287(g) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés).
En su cuenta de X, el republicano informó: "Hoy firmamos un acuerdo histórico que faculta a las fuerzas del orden de Florida para ayudar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) a llevar a cabo la misión del presidente Trump".
Mediante la vinculación, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida y la Patrulla de Carreteras de Florida contarán con policías estatales capacitados y aprobados por el ICE que colaborarán con las deportaciones que están ocurriendo de manera masiva, de acuerdo con NBC Miami.