Una jueza federal en Pensilvania avala el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a venezolanos

Una jueza federal en Pensilvania dio este martes su apoyo al Gobierno del presidente Donald Trump en el uso de una ley -usada solo en tiempos de guerra- para expulsar a migrantes, en su mayoría venezolanos, de EE.UU.

Se trata de la primera decisión judicial que se pone del lado de la Administración republicana en el uso de la Ley de Enemigos extranjeros, promulgada en 1798, y que fue usada por el Gobierno para enviar a más de 200 migrantes a una megacárcel en El Salvador, acusándolos de formar parte de la banda transnacional Tren de Aragua.

La jueza Stephanie Haines, del distrito oeste de Pensilvania, concluyó que el Ejecutivo puede continuar con la expulsión de los migrantes siempre y cuando les alerte con suficiente antelación (21 días) y se les ofrezca un "debido proceso".

Ley de Enemigos Extranjeros en Estados Unidos "será válida" para continuar con las deportaciones de los "venezolanos miembros del Tren de Aragua"

Haines, a su vez, también señaló que la justificación del Gobierno para usar la ley de enemigos extranjeros es válida, ya que el Departamento de Estado reconoce al Tren de Aragua como una organización criminal que amenaza la "seguridad pública" del país norteamericano.

Haines describió a los miembros del Tren de Aragua como "empeñados en desestabilizar a Estados Unidos" e "inundar" el país con drogas ilegales, buscando causar una "disrupción significativa a la seguridad pública". 

Ahora, en una victoria legal para Trump, Haines falló que el gobierno de Estados Unidos podía de hecho utilizar la ley para deportar a sospechosos miembros venezolanos del Tren de Aragua que se encontraran ilegalmente en Estados Unidos "siempre que el gobierno cumpla con la notificación y el debido proceso suficientes".

El Gobierno de Trump acusó a los migrantes de formar parte del Tren de Aragua, una banda criminal que se originó en cárceles de Venezuela y que Washington calificó como "terrorista".

La decisión, que se relaciona con un venezolano identificado solo por las iniciales A.S.R., podría llevar a otras deportaciones en el distrito de Haines en Pensilvania, informó el Washington Post. 

Abogados de los venezolanos deportados afirman que sus clientes no hacen parte del Tren de Aragua

Varios informes han demostrado que la mayoría de ellos -un 90 % según el medio neoyorquino Bloomberg- no tienen antecedentes penales.

Además, los abogados de varios de los venezolanos deportados sostuvieron que sus clientes no eran miembros del Tren de Aragua, no habían cometido delitos y fueron apresados principalmente por sus tatuajes.

Varios jueces en diferente partes del país -incluyendo en Texas y Nueva York- han fallado en contra del uso de la ley de enemigos extranjeros por parte del Gobierno.

La Corte Suprema y varios tribunales inferiores alegaron falta del debido proceso y suspendieron temporalmente las deportaciones bajo la AEA. 

Por ahora, las autoridades no han programado más vuelos hacia El Salvador y la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya pidió al Supremo que intervenga y decida si lo que está haciendo el Gobierno de Trump es o no inconstitucional.

A mediados de marzo, EE.UU. trasladó a más de 230 migrantes -en su mayoría venezolanos- a la megaprisión salvadoreña conocida como CECOT, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.

Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.

El Supremo de EE.UU. prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras que se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia. 

EFE / AFP