Una fiebre maligna / Análisis de Ricardo Ávila sobre el incremento en el precio del oro

Amediados de la semana pasada, los medios de comunicación informaron sobre un nuevo máximo histórico en el precio del oro, que rozó los 2.800 dólares por onza de 31 gramos en el mercado internacional. Dicho nivel sobrepasa en cerca de un 40 por ciento la cotización observada un año atrás y puede ser fácilmente superado en los meses por venir, según diversos analistas.

Por ejemplo, un reporte reciente del Bank of America en Estados Unidos considera como factible que se llegue más allá del nivel simbólico de 3.000 dólares por onza en el futuro cercano. Para la entidad, diferentes factores influyen en que el valor del metal amarillo siga ascendiendo, fuera de los altibajos propios de los productos básicos.

Entre las variables por considerar está el complejo escenario de la geopolítica, que lleva a muchos inversionistas a buscar refugio en el que se considera el activo de reserva por excelencia. Tanto el deterioro en la tranquilidad global por cuenta de la situación en Ucrania o el Medio Oriente como lo que pueda suceder en la Casa Blanca cuando llegue un nuevo inquilino el próximo enero son motivo de ansiedad.

De la misma manera, el panorama de las tasas de interés y los temores respecto a eventuales excesos en las acciones que se transan en las principales bolsas llevan a que muchos prefieran diversificar el riesgo. Además, la liquidez en el mundo es muy amplia, con lo cual hay más dinero en busca de opciones consideradas como más seguras.

Aquí se agrega un punto fundamental. De manera notoria, los principales bancos centrales vienen disminuyendo la tenencia de papeles denominados en dólares y han aumentado sus compras de oro de manera significativa. Esa recomposición de portafolios impulsa el atractivo del que es un mineral relativamente escaso.

Según datos del World Gold Council, la demanda mundial del metal en los 12 meses terminados el pasado 30 de septiembre ascendió a 5.050 toneladas. En promedio, un 25 por ciento del total proviene del reciclaje, mientras que las 4.000 toneladas restantes corresponden a producción minera.

China, Rusia y Australia ocupan los tres primeros lugares en las clasificaciones internacionales, aunque el mapa de aquellos que cuentan con explotaciones auríferas cubre los cinco continentes. En América Latina, la lista la encabeza Perú, seguido a corta distancia por México y más abajo Brasil. Colombia aparece de cuarto en la región y es la número 16 en el planeta, con una cantidad de 67 toneladas anuales.

Algo menos de la mitad de lo demandado globalmente se destina a la joyería, siendo Asia el continente que tradicionalmente ha mostrado el mayor apetito. Parte también se va para la electrónica, gracias a las propiedades de conductividad del elemento, o a la dentistería, entre otros ramos. Y también, claro está, se encuentra el acuñamiento de monedas o de lingotes, que son una especie de cheque al portador, en el caso de quien decide llevar una barrita en el bolsillo.

Lo malo y lo feo

Sería fácil pensar que el salto observado en la cotización del metal precioso es una buena noticia para la economía colombiana, en un país que lo extrae desde los tiempos de la Colonia. Al fin de cuentas, las ventas externas de lo que el Dane clasifica como “oro no monetario” ascendieron a 3.406 millones de dólares en 2023, un guarismo que el año pasado fue muy similar al del café.

Dependiendo de las circunstancias, el segmento ocupa el tercero o el cuarto puesto dentro de las exportaciones, solo superado de manera consistente por petróleo y carbón. Sobre el papel, la bonanza actual debería traducirse en mayores recaudos de impuestos y regalías adicionales, en beneficio de las regiones donde hay yacimientos auríferos.

Y aunque algo de eso sucederá, el verdadero impacto muestra unas cuantas luces, junto a muchas sombras. La razón es que, según los estimativos, entre 70 y 80 por ciento del oro que se saca en el territorio nacional proviene de explotaciones informales o ilegales, controladas en buena parte por una serie de grupos criminales de diferentes pelambres.

Lo anterior quiere decir que la imagen del barequero que mueve su batea para lavar la arena que saca del lecho de un río y tan solo con encontrar una pepita acaba dándole bienestar a su familia corresponde poco a la realidad. La norma, lamentablemente, es la de operaciones de tamaño importante controladas por personas armadas que explotan a quienes realizan las labores más duras y son responsables de una depredación ambiental que incluye la deforestación de miles de hectáreas y la contaminación de ríos y afluentes con mercurio.

Semejante azote no es nuevo, pero todo apunta a que su dimensión es peor que nunca. El motivo obvio es que el “negocio” es particularmente rentable ahora. De acuerdo con datos del Banco de la República, el gramo de oro fino que se compraba por 242.627 pesos el pasado 1.º de enero pasó a 374.450 pesos el 31 de octubre, lo que equivale a un incremento del 54 por ciento en estos diez meses.

Por cierto, en el mismo lapso también han subido otros metales preciosos que en más de una ocasión se encuentran en los mismos depósitos, si bien su magnitud es mucho menor. Así, el salto de la plata alcanza el 60 por ciento, mientras que el del platino es de un más modesto 15 por ciento. Esa dinámica no solo responde a las cotizaciones internacionales, sino a la devaluación del peso colombiano, que en la última semana franqueó la barrera de los 4.400 por dólar. 

Quienes trabajan en las zonas productoras reportan un aumento significativo en las operaciones ilegales. En lo que corresponde al oro de aluvión, todo apunta a un enorme auge que ya está presente en las márgenes de los ríos Calderas, Nare, Santo Domingo, Arma y La Miel, que recorren Antioquia, todos ellos ubicados en lugares que no habían sido objeto de este azote, según lo documentó un informe del diario El Colombiano. Distintos testimonios sugieren que en el Chocó pasa algo similar.

Consultado al respecto, el presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, afirmó: “Estamos frente a un fenómeno impulsado por variables exógenas que impacta toda la cadena de valor del sector y que ha llevado a que zonas donde antes no se desarrollaban actividades de explotación se activen”. El funcionario añadió: “Observamos que en los territorios donde se extrae este mineral hay un incremento en la actividad minera irregular auspiciado por los mayores precios”.

Por su parte, una contabilización hecha por las empresas formales que operan en el suroeste antioqueño muestra que las cosas van de mal en peor. Basta con un sobrevuelo a baja altura sobre cuencas como la del río Nechí para darse cuenta de que el asunto está desbordado.

Por ejemplo, la cantidad de lo que se conoce como los “dragones brasileños”, el nombre que recibe una instalación de tipo industrial de mucha envergadura que succiona con gran potencia el material que se encuentra en el lecho fluvial, pasó de 28 a 63 en esa zona del departamento entre 2023 y finales de septiembre. En este caso no hay nada de artesanal, pues el costo de cada draga oscila entre 3.500 y 4.000 millones de pesos. Eso para no hablar de la maquinaria amarilla, pues una retroexcavadora puede llegar a valer mil millones de pesos.

Mención aparte merece lo que le sucede a la empresa Continental Gold, cuyo dueño es la multinacional china Zijin, una de las más grandes del mundo en el sector aurífero. Ubicada en el área del municipio de Buriticá, en Antioquia, la mina operada por la empresa cuenta con 82 kilómetros de túneles, de los cuales el 60 por ciento ha sido invadido por grupos de mineros ilegales asociados al ‘clan del Golfo’, tal como lo señaló un reportaje de La Silla Vacía.

Resulta difícil de creer, pero lo cierto es que, a través de orificios perforados en lo alto de la montaña, centenares de personas han accedido a las vetas, literalmente a sangre y fuego. Tan solo en 2023 se registraron 2.260 explosiones de artefactos improvisados y 2.450 disparos dentro de los túneles existentes, aparte de más de 91.000 detonaciones para remover el material rocoso cuyo contenido de oro es inferior al uno por ciento de lo extraído, de acuerdo con el informe citado.

De tiempo en tiempo, las autoridades tratan de responder. Las cifras del Ministerio de Defensa hablan de 4.073 minas intervenidas entre enero y septiembre de 2024, con un alza del 54 por ciento frente a los registros del año previo. En cuanto a incautación de maquinaria amarilla, la entidad contabiliza 438 buldóceres y retroexcavadoras en el mismo periodo, 27 por ciento más que en igual lapso de 2023.

No obstante, cuando se aprietan las clavijas vienen los paros. El más reciente acaba de ocurrir por cuenta de la aplicación del Decreto 044 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respecto a las “áreas de reserva temporal”. Lo que inicialmente ocasionó una protesta en municipios con áreas en el páramo de Santurbán, ubicado entre los dos Santanderes, rápidamente se extendió a otros lugares.

Adicionalmente, los pequeños y medianos productores sostienen que se encuentran en una especie de sin salida debido a que formalizarse no es fácil. En respuesta, Álvaro Pardo señala que “el Gobierno Nacional cuenta con una estrategia integral para enfrentar un fenómeno estructural, como es la informalidad, ilegalidad y la presencia de grupos armados irregulares en el sector minero”.

Sea como sea, las señales que reciben los operadores privados no son alentadoras, comenzando por un discurso hostil hacia las compañías más reconocidas. Por ejemplo, el acuerdo que se firmó el pasado 25 de octubre en el municipio de Caucasia para levantar la protesta sostiene que cuando se presenten invasiones en áreas donde exista un título minero –que en abstracto otorga una protección legal sobre los derechos adquiridos–, esto conduciría a que el Ministerio de Minas y Energía “inicie los procesos de mediación a que haya lugar”.

Dicho de otra manera, las vías de hecho darían lugar a negociaciones que podrían llegar a la “devolución de áreas” en favor de quien se toma un lugar a la fuerza. No faltará quien diga que esta es una expresión práctica de la economía popular, al privilegiar las explotaciones comunitarias sobre las de carácter empresarial.

Sin embargo, esa interpretación es ingenua, por decir lo menos. Las denuncias sobre el control que ejercen el llamado ‘clan del Golfo’ o las disidencias de las Farc en vastas zonas del territorio muestran que este es un problema de marca mayor que se traduce en violencia, miseria y depredación del territorio. Mientras los inversionistas que respetan las normas se ven cercados por exigencias, regulaciones, impuestos y actitud gubernamental, los criminales ganan terreno.

A todas estas, nadie sabe realmente cuánto mineral amarillo producimos. Más allá de que el Dane registre unas 72 toneladas anuales en ventas externas, un informe elaborado por la OEA sostuvo que en 2019 “la información presentada por Suiza sobre las importaciones de oro colombiano fueron aproximadamente el doble del valor de las exportaciones declaradas por Colombia”. En lo que atañe a India, agrega el organismo, esa proporción fue de uno a diez, mientras que en las cuentas de Italia y Estados Unidos también hay discrepancias significativas.

Tales disparidades son apenas un reflejo de la complejidad de un monstruo de muchas cabezas. Para los delincuentes, las rentas ilegales comienzan con la financiación de operaciones, pasando por la “cuotas” que se les extraen a los trabajadores en una zona, además de la refinación y el transporte del oro, la contabilidad fraudulenta y el contrabando. Como señala un conocedor del asunto, “este es un producto que se lava solo, porque es imposible establecer su origen”.

Y mientras así suceda, el costo para el país seguirá siendo inmenso. Como lo señala el presidente de la Agencia Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, “la extracción ilícita de minerales es un crimen ambiental de enormes proporciones que pone en riesgo la biodiversidad y la estabilidad social de muchas regiones”.

Por ello, el dirigente afirma que “debe ser una prioridad nacional erradicar esta práctica y asegurar que los recursos naturales se aprovechen de manera responsable y sostenible”. De lo contrario, la fiebre del oro que nutre y fomenta la ilegalidad seguirá siendo el síntoma de un organismo profundamente enfermo.

RICARDO ÁVILA

Analista Sénior

Especial para EL TIEMPO