‘Tenemos 10 lugares de reincorporación con amenazas’: Manuela Marín, delegada de la CSIVI

Este miércoles, 25 excombatientes y sus familias dejaron la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Simón Trinidad, ubicada en la vereda Nueva Esperanza, y se refugiaron en el casco urbano de Mesetas, Meta. Lo hicieron a bordo de una chiva y un camión, donde transportaron los enseres que durante ocho años habían logrado reunir, todo esto motivado por el temor de quedar atrapados en el fuego cruzado de los enfrentamientos entre los grupos disidentes que disputan el control de la región.

En una entrevista con EL TIEMPO, Manuela Marín, delegada de la CSIVI (Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), habla de la situación que viven los excombatientes y analiza los riesgos que enfrentan otros espacios de reincorporación en el país.

¿Qué pasó en la NAR Simón Trinidad esta semana?

La NAR Simón Trinidad es una nueva área de reincorporación que tiene una connotación bien particular. No se instaló como un ETCR, sino que se estableció a partir de un acuerdo sobre amnistías para prisioneros y prisioneras políticas que se dio en el marco de las conversaciones de paz. Más de 500 firmantes de paz que salieron de las cárceles se agruparon en ese lugar. Inicialmente se había pensado que fueran cinco lugares, pero al final solamente se construyó ese. Eso implicó que toda esta población de firmantes llegara allí. De más de 500 personas que llegaron, solamente permanecen en ese territorio 25 firmantes de paz con sus familias, es decir, en total 75 personas, entre ellas 23 niños y niñas. La situación que se viene presentando en general en la región es conocida. Nosotros hemos tenido tres casos de desplazamiento forzado en el Meta por las mismas razones: amenazas de diferentes grupos armados que les exigen retirarse de ese territorio. Desde el 17 de febrero, aproximadamente, se dio esta alarma por una amenaza que este grupo recibió y el 26 de febrero comenzó el desplazamiento forzado hacia el casco urbano de Mesetas.

En un comunicado los firmantes citan dos alertas tempranas que se habían emitido previamente, ¿es por los hechos narrados ahí que salen de la zona?

El martes se realizó un puesto de mando unificado por la vida, convocado por el Ministerio del Interior. Estos han sido los espacios en los que se han venido haciendo acuerdos para atender las diferentes situaciones de inseguridad que sufre la población civil en todo el país. Allí se expusieron no solamente los hechos sobrevinientes, es decir, la amenaza inminente, sino también las diferentes alertas que advierten sobre los riesgos en los municipios del sur del Meta. Se menciona que el municipio de Mesetas está en alerta máxima y las razones de esa alerta tienen que ver justamente con las disputas por el control territorial de los diferentes grupos armados que operan en ese territorio y que dejan en la mitad no solamente a la población civil, sino a comunidades enteras y a las juntas de acción comunal vecinas a la vereda La Esperanza.

¿Qué implica para los firmantes la salida del territorio?

La salida de los firmantes de paz no solo rompe el trabajo conjunto que se venía haciendo en la lucha por los derechos de esas comunidades, sino que además genera una sensación de desprotección en la población que queda allí. Los lugares colectivos de reincorporación generan a la población una percepción distinta porque llega la Fuerza Pública, llega la institucionalidad, llegan, digamos, diferentes proyectos o iniciativas; pero con su salida, ellos se sienten desprotegidos y sienten que el Estado no va a llegar allí integralmente, como se planteó hace 8 años con la firma del acuerdo de paz. Por eso, nosotros y nosotras creemos que las soluciones para atender este tipo de situaciones no pueden ser parciales y no deben limitarse solamente a la atención de las familias firmantes. Sin embargo, ante la amenaza directa que enfrentamos nosotras y nosotros como sujetos de especial protección, claramente se requieren medidas específicas y diferenciales.

La Agencia de Reincorporación habla de encontrar otro predio para su reubicación, ¿están de acuerdo con eso?

Ellos mismos hacen la solicitud, desde un primer momento, de ser trasladados. La Defensoría del Pueblo está realizando el levantamiento de información y declaraciones, activando el comité de justicia transicional para solicitar ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado. Además de eso, y a partir de las rutas de acceso a tierras que tienen los firmantes de paz, quienes tienen una vocación agrícola, la solicitud en este momento es que no solo se ubique un territorio que brinde mejores condiciones en materia de seguridad, sino, sobre todo, que brinde las garantías necesarias para que la reforma rural integral se pueda desarrollar allí.

Antes de que sucediera esta amenaza, ¿cuál era la situación de los firmantes allí en términos de proyectos productivos?

Realmente, había muchas dificultades. Hay diferentes frustraciones, sobre todo en el tema productivo. Ellos, de hecho, han tenido a lo largo de estos años diferentes proyectos, algunos de gestión propia. Tenían un restaurante, un ejercicio de turismo, porque esa región es muy rica en turismo; de hecho, hay unas cascadas naturales al lado, a muy pocos metros del lugar donde ellos estaban ubicados. Entonces, pretendían que ese escenario, además de ser productivo, fuera muy turístico y permitiera que mucha gente se acercara a evidenciar de manera concreta cómo se está desarrollando la reincorporación y la reconciliación nacional en esos territorios. Montaron esas iniciativas, algunas con recursos internacionales, y tenían, por ejemplo, algunos proyectos de lombricultura, de porcicultura y de ganadería, todos fracasados.

Ellos hablaban de más de 1.000 millones de pesos en estos 8 años en asignaciones presupuestales, pero esos proyectos aprobados, al final, tuvieron que ser liquidados. En parte por la falta de garantías en comercialización, en parte porque la tierra donde estaban era arrendada y era insuficiente para montar un proyecto de gran envergadura, pero también por la falta de acompañamiento técnico y en materia de sostenibilidad, que es una de las dificultades que tiene la reincorporación económica. Las mujeres que están allí, en ese territorio, crearon su cooperativa, montaron un proyecto de ganadería y este proyecto fue liquidado. Entonces, toda la inversión, el esfuerzo, el trabajo y también los recursos propios se perdieron allí. Y, por supuesto, si eso se suma a la inseguridad física, incluso jurídica, pues claramente se configura allí un escenario muy complejo.

Mencionaba las otras amenazas contra los firmantes en la región, ¿qué ha pasado con el ETCR de Mesetas?

Ese fue el primero que tuvimos que desplazar forzosamente en todo el país. Desafortunadamente, es un fenómeno que no solamente afecta a esa región. Nosotros tenemos 10 lugares de reincorporación colectiva con amenazas de diferente tipo. Este fue el primero con un traslado efectivo a un terreno que se ajustara a las diferentes necesidades. Ellos y ellas salieron de allá y se trasladaron a un terreno en Acacías; allí están ubicados, empezando de cero.

¿Qué otras barreras hay en esos espacios?

Tenemos muchas dificultades en algunos de sus predios por el tema de la legalidad, es decir, dificultades para que realmente lleguen al punto de ser adjudicados materialmente a las cooperativas de firmantes. Eso ya es todo un reto burocrático y jurídico, y no en todos los lugares se ha logrado. Segundo, el reto de que la tierra sola no produce, es decir, hay que hacer una inversión clara para que esos terrenos sean productivos y eso implica proyectos, que diferentes entidades aporten y que las iniciativas que se planteen sean un ejercicio riguroso que abarque la sostenibilidad, es decir, que tengan líneas de acceso a comercialización y que cuenten con apoyo para actualizar maquinaria.

Hay una institucionalidad comprometida, desafortunadamente no en los tiempos y en los ritmos que nosotros quisiéramos o que la población espera. Hay ejercicios burocráticos muy difíciles. Cuando el presidente de la República acudió por primera vez a Mesetas, utilizó la expresión: “Hay que limpiar la maraña burocrática para la reincorporación”. Es decir, si nos tienen enredados los decretos, la normatividad y demás, pues hay que atender esa situación.

¿Qué otros espacios están en riesgo?

Entre los que se movieron está el ubicado en La Verdad, la Cooperativa en Vista Hermosa, ahí también en el Meta; el de Miravalle, que se trasladó a otro municipio del Caquetá; el de Carrizal, en Antioquia, que en este momento también está en proceso de traslado hacia otros dos lugares. Tenemos unas situaciones pendientes en Putumayo, en el ETCR de Puerto Asís, y una situación similar y pendiente de traslado en Charras. Allí, justamente, se desplazará la comisión de gobierno y nosotros también para desarrollar el PMU. Tenemos situaciones similares en el Cauca y en Nariño, y, pues, obviamente, estamos atendiendo la situación del ETCR de Caño Indio, Norte de Santander.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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