Telecom, una historia que no termina / Análisis de Ricardo Ávila

Aquel 12 de junio de 2003 no hubo titular más importante en Colombia. Según la noticia, tras meses de debates y análisis internos, el gobierno de Álvaro Uribe había decidido liquidar la empresa estatal de telecomunicaciones Telecom, al igual que una docena de sus filiales en diferentes regiones.

Para ese entonces, el monopolio nacido en 1947 era uno de los conglomerados más importantes del país. Con ventas que en 2002 ascendieron a 1,9 billones de pesos (en dinero de hoy esa suma sería cerca del triple), tenía presencia en más de 800 municipios.

La historia suena lejana para los colombianos de menos de 30 años a quienes el desaparecido nombre les dice poco. Para los mayores, en cambio, es motivo de añoranzas, pues cada cual tiene una anécdota que involucra términos en desuso como “larga distancia” o “telegramas” que, si acaso, sobreviven en la letra de una canción de antaño.

Posiblemente, el tema seguiría en el baúl de los recuerdos, de no haber sido por el presidente de la República Gustavo Petro. El pasado 21 de noviembre, durante un acto sucedido en la Casa de Nariño, dio su versión de lo sucedido.

Tras asegurar que Uribe fue motivado por “la codicia”, sostuvo que “sacó una excusa, una mentirilla más de las de siempre (…) que dice que solo compitiendo y tirándose al otro podemos llegar a la prosperidad”. Agregó que las decisiones tomadas “atrasaron las telecomunicaciones de Colombia” y criticó con dureza lo ocurrido desde aquella época.

Obviamente, la respuesta no se hizo esperar. En una respuesta dada a conocer a través de la red X, el fundador del Centro Democrático rechazó las afirmaciones y sostuvo que “la idea socialista de Estado colma aspiraciones burocráticas y politiqueras, pero niega servicios de primera calidad a las comunidades”.

Más que adentrarse en la polémica, el episodio confirma que vale la pena repasar lo ocurrido. Así haya pasado mucha agua bajo los puentes, cobra otra vez vigencia la afirmación de que “quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.

Mirar atrás

Que este no es un tema nuevo lo comprueba el saber que en 1750 el virrey José Alfonso Pizarro inauguró un sistema de correos con el propósito de unir las ciudades principales de la que entonces era la Nueva Granada: Quito, Santafé y Cartagena. Poco después se crearía una superintendencia que para finales del siglo XVIII ya contaba con una veintena de puntos en distintos lugares del territorio.

Una vez lograda la independencia la red siguió expandiéndose, más allá de que Venezuela y Ecuador se declararan repúblicas independientes. Hacia 1850 se contabilizaban más de 150 oficinas de correos que dependían administrativamente de una administración general con sede en la capital.

Por ese momento ya se había inventado el telégrafo, cuyo primer mensaje en el territorio nacional se trasmitió el primero de noviembre de 1865, desde lo que hoy es Mosquera al entonces presidente Manuel Murillo Toro en Bogotá. Un par de décadas más tarde, también en la urbe, comenzó a operar una central de teléfonos, por cuenta de una empresa privada.

Con el correr de los años el servicio se seguiría expandiendo con la participación de operadores extranjeros que le daban una participación al Estado. A comienzos de los años treinta del siglo pasado se tendieron líneas entre las principales ciudades y eventualmente con Miami.

Tal como sucedió en otros lugares de América Latina y en el hemisferio norte –en donde tuvieron lugar procesos de consolidación en torno a una sola compañía de carácter público– en Colombia ganó tracción la idea de una entidad estatal a cargo del asunto. El punto de partida fue una ley de 1936 que estableció la titularidad del espectro electromagnético en cabeza de la Nación.

Fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando el tema se consideró ligado a la seguridad interna, que se concretó la nacionalización de las telecomunicaciones. Por disposición legal, el Gobierno fue autorizado para adquirir las diferentes empresas que participaban en el sector, hasta que en mayo de 1947 un decreto determinó que los servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos quedarían bajo la órbita de la recién creada Telecom.

El proceso de concentración fue gradual y tomó hasta 1960, cuando se incorporó al personal encargado de la telegrafía. No mucho después comenzaron las disputas laborales, caracterizadas por huelgas periódicas y pliegos de peticiones exigentes.

Dentro de las prebendas obtenidas por cerca de 10.000 trabajadores –de los cuales solo 15 eran de libre nombramiento y remoción– estaban la jubilación a los 20 años de servicio sin límite de edad; servicios médicos extralegales; auxilios por hijos, para estudio, transporte o mantenimiento de bicicletas; y distintas primas: anual, de retiro, por tiempo servido o nupcias, entre otras.

Todo lo anterior se convirtió en una carga insostenible. Según un documento escrito para Inalde por los profesores Raúl Lagomarsino y Javier Hernández, “en 2002 el gasto de personal de la empresa equivalía al 49,8 por ciento del total de los ingresos y cada empleado al año recibía entre 23 y 60 salarios al año”. Lo más oneroso de todo era el pasivo pensional, que en aquella época se calculó en 7,5 billones de pesos, equivalentes al 2,5 por ciento del producto interno bruto del país.

Claro que ese no fue el único mal. La politiquería o la corrupción también hicieron presencia, ya fuera mediante el nombramiento de cuotas de los barones regionales o la adquisición de equipos en licitaciones amañadas.

La destorcida

Es cierto que a pesar de esas circunstancias Telecom generó utilidades importantes durante buena parte de su historia, que fueron transferidas a la Nación. La explicación es que su condición de monopolio le permitía disimular las ineficiencias que, en último término, acabaron siendo asumidas por los usuarios en el pago de las tarifas de larga distancia o telefonía local.

Todo ello cambió por cuenta de la revolución tecnológica y la apertura que se dio en el sector. La llegada de los microprocesadores, las transmisiones por satélite o los cables submarinos dieron lugar a cambios vertiginosos y expectativas de mejora por parte del público, que no siempre venían acompañadas de una buena velocidad de respuesta.

Además, la visión respecto al papel del Estado comenzó a revaluarse. Dentro y fuera de la región tomó fuerza la tesis de que lo importante era la calidad del servicio y no la propiedad de quien lo prestara, mientras existiera un buen sistema de regulación. Chile, en América Latina, fue la primera nación en permitir la competencia en 1987. En los años siguientes seguirían Argentina, México, Venezuela, Perú y Brasil.

Colombia empezó a seguir esa senda en 1990 a través de un decreto que consideraba la eventual presencia de operadores privados, especialmente en servicios de valor agregado (transferencia electrónica de fondos, videotexto, correo electrónico, etc.). Un año después, otra norma facultó la entrada de empresas. Para 1993 las personas contaban con numerosas opciones tanto en voz como datos.

A lo anterior se agregó la entrada de la telefonía celular en 1994, que inicialmente funcionó de manera regional. La posibilidad de no tener que depender de una línea fija para poder hacer una llamada y posteriormente de comunicarse con cualquier lugar del territorio a precios inferiores, cambió de manera trascendental el paradigma vigente.

De hecho, el público estaba ávido de algo distinto. No solo había más de un millón de usuarios a la espera de que le fuera instalado su teléfono fijo, sino que era evidente que el costo de cada llamada era elevado.

Pero sin duda lo más significativo fue el paro de Telecom de abril de 1992, a raíz de un proyecto de ley que, entre otras, permitía su privatización. El cese de actividades incomunicó a los colombianos durante más de una semana y ocasionó múltiples traumatismos. En su edición del 24 de ese mes EL TIEMPO informó que en apenas 48 horas “se habían dejado de hacer cerca de 2,4 millones de llamadas nacionales y 273.000 de larga distancia”.

Como lo recuerdan algunos, en pleno apagón eléctrico el gobierno de César Gaviria acabaría retirando la iniciativa. No obstante, la victoria del sindicato fue pírrica, pues la ciudadanía experimentó a nivel individual las inconveniencias del monopolio público y respaldó el desarrollo de otras opciones, mientras las empresas aceleraron la búsqueda de alternativas para no depender de un solo proveedor.

Un intento adicional de ampliar la infraestructura a través de contratos de asociación a riesgo compartido acabaría siendo fuente de nuevos dolores de cabeza, por cuenta de reclamaciones que se tasaron en cientos de millones de dólares. La mezcla de factores condujo a dificultades crecientes en el ámbito financiero.

Así lo señaló un documento aprobado por el Conpes en diciembre de 2001, durante la administración de Andrés Pastrana. Según el diagnóstico, el patrimonio de la empresa se encaminaba a ser negativo en 2004.

Además, el texto señaló que “los ingresos por servicios de larga distancia empezaron a caer a partir de 1998, agudizando la problemática de una empresa que desde antes presentaba problemas financieros graves de orden estructural” por cuenta de los costos laborales y su baja capacidad de inversión. De hecho, el margen operacional era negativo desde 1996.

Todo lo anterior muestra que la narrativa según la cual existía una joya del patrimonio público que acabó siendo prácticamente regalada por la codicia del capital privado no es cierta. Para 2003, cuando se decretó su liquidación, Telecom estaba en la quiebra y habría hecho implosión por falta de caja de no haberse tomado una serie de medidas.

Estas incluyeron la creación de una nueva sociedad (Colombia Telecomunicaciones) que recibió los activos, parte del personal y los clientes de la antigua compañía. El proceso de reestructuración dio frutos en un comienzo, como lo muestran utilidades operativas de 2,4 billones entre 2004 y 2006.

Sin embargo, la carga pensional acabaría restringiendo el margen de maniobra de ColTel. Debido a ello, en 2006 se tomó la decisión de aceptar una capitalización del grupo Telefónica de España que, tras inyectar 850.000 millones de pesos, se quedó con algo más de la mitad de las acciones de la sociedad, junto con el compromiso de cumplir con el pasivo de los jubilados.

Siempre será motivo de debate si las cosas pudieran haberse realizado de manera diferente. Y aunque la discusión es válida, la verdad es que nada ocurrió de un día para otro, pues las alarmas se encendieron desde muchos años atrás.

Quizás lo rescatable es que el pasivo pensional quedó cubierto en 2017, tras concretarse aportes por 11,5 billones de pesos. De ese total, un poco más de la mitad correspondió a ColTel, 28 por ciento a Telefónica y el saldo a la Nación.

Hoy en día ese patrimonio autónomo paga cumplidamente más de 68.000 millones de pesos mensuales a 13.691 jubilados. Entre octubre y noviembre, a la lista se unieron 32 extrabajadores, por valor de 123 millones mensuales. Durante el acto de hace un mes en la Casa de Nariño, el presidente Petro sostuvo que hay 1.500 personas más en la lista que tendrían derecho a una mesada. A pesar de esas reclamaciones, quienes han tenido que ver con el tema sostienen que solo están pendientes un puñado de casos.

Sea como sea, lo sucedido deja en claro que la saga de Telecom no termina, así hayan transcurrido más de dos décadas desde cuando se decretó su liquidación. Y que, a pesar de los intentos de reescribir la historia, vale la pena mirar la evidencia para recordar cómo fueron las cosas y aprender de los errores cometidos. Solo así se evitarán nuevos descalabros en el futuro.

RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto