SuperTransporte reitera instrucciones sobre el control de la informalidad en el servicio de transporte en Colombia

La Superintendencia de Transporte ha emitido un comunicado en el que reitera su llamado a las autoridades locales para que refuercen las acciones de control contra la prestación informal de servicios de transporte. 

Esto debido a que, según la entidad, se ha identificado una resistencia por parte de algunas autoridades locales para aplicar las normativas vigentes y subraya que esta actitud es contraproducente, pues las normas establecidas son claras y de cumplimiento obligatorio.

En el comunicado se destaca que las leyes actuales, como la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 de 2002, estipulan que solo las personas debidamente autorizadas pueden prestar servicios de transporte.

Por otro lado, que la prestación de este servicio sin autorización conlleva sanciones que incluyen la inmovilización del vehículo, según lo estipula el artículo 49 de la Ley 336. En consecuencia, cualquier vehículo particular que preste servicios de transporte sin autorización está sujeto a estas sanciones.

Ahora bien, el debate se centra en la aparente confusión sobre la aplicabilidad de las leyes 336 y 769, donde la Superintendencia aclara que ambas normativas son concurrentes y buscan regular el servicio de transporte, enfatizando que los vehículos particulares no están exentos de las sanciones si operan sin la debida autorización. 

En particular, el uso de vehículos particulares en servicios como el transporte escolar o turístico está regulado, y su uso indebido también está sujeto a sanciones.

La Superintendencia espera que, con esta nueva aclaración, las autoridades locales adopten las medidas necesarias para hacer cumplir la ley y que, de esta manera, se eviten situaciones que obliguen a aplicar sanciones más severas. Además, la entidad destacó la importancia de una regulación adecuada y constante vigilancia, recordando que el transporte es una actividad esencial para el cumplimiento de los fines del Estado y que debe ser gestionado dentro del marco de las leyes colombianas.

Se enfatiza en que la nueva comunicación busca prevenir conflictos normativos y garantizar que el servicio de transporte en el país se preste bajo condiciones legales y organizadas, con el fin de proteger tanto a los usuarios como a los prestadores del servicio que operan dentro del marco de la ley.