SIC defiende legitimidad de la visita a Naturgás: 'Su objetivo fue recolectar información'

Sigue la polémica por la visita de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a la sede de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgás) para, según la entidad, recolectar información sobre una supuesta maniobra para subir los precios del gas a través de la importación.

Este jueves se conoció un acta de la Procuraduría General en donde destacan el acompañamiento que le hicieron a Naturgás durante la visita. El ente de control concluyó que "se practicaron pruebas sin orden judicial" y que se reconocía el objeto de la visita administrativa de la SIC.

La defensa de la SIC

La Superintendencia, en cabeza de Cielo Rusinque, defendió la legitimidad del procedimiento y señaló que su objetivo fue recolectar información.

"Estas inspecciones se realizaron en ejercicio de las facultades que han sido reconocidas y precisadas por la jurisprudencia constitucional. Su objetivo fue recolectar información sobre el mercado mayorista primario y secundario del gas, a fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones que promueven y garantizan la libre competencia", señaló la entidad.

Y agregó: "La SIC tiene la facultad constitucional, jurisprudencial, legal de investigar posibles infracciones al régimen de libre competencia en cualquier mercado. Estas visitas se realizaron conforme a lo establecido en la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 4886 de 2011, modificado por el Decreto 92 de 2022, con el consentimiento de los involucrados, sin constituir allanamiento ni requerir orden judicial".

Sobre el acta de la Procuraduría señalaron que es preliminar y no ha sido comunicado oficialmente a la Superintendencia: "Todas sus observaciones han sido respondidas por nuestros funcionarios, aclarando el alcance de nuestras funciones. Hemos insistido en que la Corte Constitucional ha avalado las facultades de la SIC para realizar visitas sin autorización judicial previa, destacando su finalidad legítima y la importancia del factor sorpresa".

Por su parte, la superintendente Rusinque aseguró que iba a cerrar "el falso y artificial" debate que se ha creado en torno a las facultades de la SIC para realizar visitas administrativas.

"A pesar de tratarse de un procedimiento rutinario, que ha sido validado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, algunos sectores interesados en reducir las instituciones a la impotencia, han persistido en confundir a la opinión pública con versiones mentirosas en las que se nos atribuyen perversas intenciones y una supuesta voluntad persecutoria. La realidad es bien distinta", dijo Rusinque.

Y agregó: "Solo nos interesa hacer cumplir el régimen legal, garantizando con ello el equilibrio de los mercados y, por encima de todo, los derechos y el bienestar de los consumidores".

Las conclusiones de la Procuraduría sobre la visita

En el acta, la Procuraduría concluyó que la SIC no aportó el acto administrativo que inicia la averiguación preliminar a partir de la cual se realizó la visita administrativa.

"La SIC aduce que el acto administrativo que faculta a los contratistas para la práctica de pruebas es la denominada credencial de visita. No obstante, la PGN presenta dudas frente a que dicho documento sea considerado como un acto administrativo. Se practicaron pruebas sin orden judicial. Se practicaron pruebas sin determinar la naturaleza de estas, ni los procedimientos adyacentes a cada tipo de pruebas", se lee en el documento.

También señala que se desconoce el objeto delimitado de la visita administrativa de la SIC y que la entidad admitió que no se encontraba en una investigación formal.

"Se presentan dudas sobre las garantías y derechos fundamentales de los “interrogados” o “declarantes”. Se desconoce la legitimidad de la SIC para adelantar la práctica de pruebas sin orden judicial y en una fase de averiguación preliminar", cuestiona la Procuraduría en sus conclusiones.

La entidad finaliza diciendo que le preocupa "la subjetividad" a partir de la cual se determinó cuáles pruebas se debían practicar. Así mismo señala, "se advierte la no evidencia de las garantías probatorias de conducencia, pertinencia y utilidad".

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MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política