El gobernador de Florida, Ron DeSantis, poría firmar una ley que cambiaría la forma en que se trata el agua potable en el estado. Si se aprueba la norma, se convertirá en el segundo territorio de Estados Unidos en eliminar el fluoruro de sus sistemas públicos, una medida que ha despertado preocupación entre expertos en salud dental.
La ley ya fue aprobada por los legisladores y ahora espera la firma del mandatario republicano. Si avanza, seguiría los pasos de Utah, que recientemente implementó una norma similar. La propuesta va en contra del consenso de organismos sanitarios, que consideran este componente una herramienta efectiva para prevenir caries en todas las edades.
El debate se intensificó con el respaldo de figuras como Robert F. Kennedy Jr., quien ha impulsado acciones federales para detener la fluoración del agua en todo el país. La decisión de DeSantis podría marcar un antes y un después en las políticas de salud pública del estado del sol.
¿Qué cambio pretende llevar esta ley en Florida?
La propuesta busca erradicar ciertos aditivos de las fuentes de agua en todo el estado, principalmente aquellos vinculados a la salud y no al tratamiento de calidad del agua. La representante estatal republicana Kaylee Tuck, impulsora de la medida, aclaró que la intención es clara: “Es todo lo que tiene que ver con la salud. Así que flúor, vitaminas, lo que sea”.
También aseguró que el contenido vinculado a la potabilidad del agua, como los tratamientos para eliminar impurezas, no se verá afectado. En paralelo, algunas autoridades locales ya comenzaron a aplicar cambios similares.
¿Qué opinan los expertos en salud sobre esta norma en Florida?
La Asociación Dental Americana (ADA, por su sigla en inglés) expresó su preocupación ante la posible aprobación de esta ley. Su presidente, Brett Kessler, advirtió que esta decisión podría tener efectos graves en la salud bucal de la población, especialmente entre los sectores más expuestos.
“Es una verdadera tragedia cuando las decisiones de los legisladores perjudican a los niños y adultos vulnerables a largo plazo”, expresó en un comunicado reciente.
Y señaló: “Pedir ciegamente que se prohíba el agua fluorada perjudica a las personas, cuesta dinero y, en última instancia, dañará nuestra economía”.