¿Será suficiente aprobar la reforma tributaria o hay más riesgos de financiamiento para el 2025?

Lo que cada año era un trámite sencillo en el Congreso se convirtió en uno de los mayores dolores de cabeza de esta nueva legislatura y podría impactar aún más las finanzas públicas ya deterioradas: un presupuesto desfinanciado que se aprobaría por primera vez bajo la figura de la "dictadura fiscal" - por decreto ante la imposibilidad de que el Legislativo llegue a un acuerdo - y que sin una nueva tributaria bajo el brazo llevaría a recortes en las diferentes carteras.

¿La razón? Los congresistas no le quieren aprobar al Gobierno su proyecto de ley porque 12 de los 523 billones de pesos propuestos tendrían que salir de una nueva reforma que pondría a algunos a pagar más impuestos y la última se aprobó a finales del 2022 por 20 billones de pesos, la más ambiciosa de la historia.

Como los congresistas le negaron el monto del Presupuesto el 15 de septiembre y esta semana las comisiones económicas tampoco lograron armar el quórum necesario para debatir el proyecto en primer debate - debe quedar aprobado por ley antes del 25 de septiembre - tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguraron que saldrá vía decreto.

"El Presupuesto saldrá por decreto (después del 20 de octubre) y la norma dice que debe quedar con el monto radicado por el Gobierno inicialmente", sentenció Bonilla a su salida del Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.

Esto significa que el Presupuesto del próximo año sería de 523 billones de pesos, un 3,9 por ciento más que este año, de los que 327,9 billones serían para funcionamiento (+6 por ciento), 112,6 billones de pesos para pagar la deuda (+19 por ciento) y 82,4 billones de pesos se utilizarían para inversión (-17 por ciento).

Según un análisis del equipo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, 125 de 183 entidades analizadas perderían recursos de inversión el próximo año y las de mayores recortes serían el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), donde los recursos caerían 5,1 billones de pesos; la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que perdería 3,4 billones de pesos; y el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), con 1,7 billones de pesos menos.

Después aparecen el Ministerio de Hacienda (-1,5 billones de pesos), el Fondo de las TICs (-1,4 billones de pesos), el Ministerio de Deporte (-0,9 billones de pesos), el Instituto Nacional de Vías (Invías) (-0,9 billones de pesos), el Ministerio de Minas y Energía (-0,5 billones de pesos) y el Ministerio de Educación (-0,5 billones de pesos).

Adicional a ello, 29 departamentos verían sus recursos de inversión caer el próximo año. La peor parte se la llevaría Sucre, con un descenso de 37,4 por ciento; seguido de Córdoba, que tendría una baja de 36,9 por ciento; y de Atlántico, de 32,6 por ciento.

Solo cuatro de ellos tendrían un presupuesto mayor a este año. Bogotá sería el de mayor aumento, al pasar de 6,5 a 7,7 billones de pesos (+16,8 por ciento); le seguiría Vichada (+10,7 por ciento), Vaupés (+3,1 por ciento) y Bolívar (+2,6 por ciento).

¿Si se cae la tributaria?

Al sacar el presupuesto vía decreto el Gobierno aprobaría un proyecto que ya sabe de entrada que está desfinanciado por 12 billones de pesos, es decir, que si no se aprueba la tributaria de aquí a que acabe el año tocaría hacer recortes por ese valor el próximo año.

Su propuesta es obtener 5,6 billones de pesos gracias a traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025 y otros de 6,6 billones de pesos a través de nuevos impuestos. 

El mayor recaudo vendría de un nuevo IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar (2 billones de pesos), de las mejoras tributarias de la Dian, lo que incluye cambios en la retención en la fuente (1,6 billones de pesos), del incremento de la tarifa del impuesto al carbono (1,3 billones de pesos) y de los cambios del impuesto al patrimonio (875.000 millones de pesos), entre otros.

Adicional a ello, la reforma traería una serie de estímulos para reactivar la economía como la reducción la tarifa nominal de renta que pagan hoy en día las empresas y que se ubica en 35 por ciento. El Gobierno propone que baje de manera gradual a 30 por ciento, a excepción de las empresas de petróleo y de carbón que mantendrán las condiciones actuales. Además, busca que la tasa de las pequeñas y medianas sea de 27 por ciento. Igualmente, se eliminaría el régimen simple de tributación.

El problema es que hoy no hay ambiente para aprobar dicha ley en el Congreso. "Yo siento que no se aprobaría", confesó el representante Óscar Darío Pérez. Y de no pasar, el propio Bonilla aseguró a este medio que de inmediato el próximo 2 de enero tendrían que hacer un recorte en algunas carteras.

"Si no hay decisión sobre la ley de financiamiento, el 2 de enero habría que hacer un aplazamiento de presupuesto y ya el Gobierno decidiría de dónde", sentenció.

Aunque de momento no hay certeza de qué rubros sufrirían ese recorte, sí es importante mencionar que en este 2024 el Gobierno ya se vio obligado a aplazar el Presupuesto, es decir, se volvería a repetir lo ya vivido.

En junio, en medio de una situación fiscal apretada debido al menor recaudo tributario derivado de la desaceleración económica y de los menores ingresos esperados este año, el Gobierno anunció un apretón de 20 billones de pesos.

Y es que hay que recordar que el año pasado se incluyeron ingresos por 10 billones de pesos que vendrían del arbitramento de litigios de la Dian, pero esta iniciativa nunca se aprobó en el Congreso.

Estos menores ingresos sumado al fallo de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías y al bajo recaudo por la desaceleración llevaron al Gobierno a plantear en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo en junio un aplazamiento de 20 billones de pesos en el presupuesto de este año: 11 billones de funcionamiento y 9 billones de inversión.

¿Mayor hueco?

Sin embargo, para algunos expertos la situación es más grave de lo que parece porque consideran que el faltante para el próximo año no es de 12 billones de pesos, como asegura el Gobierno, sino más profundo debido al menor recaudo de la Dian.

De hecho, la Dian ya reveló esta semana que el recaudo tributario de agosto es menor al esperado. Según la entidad, en el octavo mes del año se recaudaron 16,08 billones de pesos, lo que representa una caída de 30,6 por ciento y no cumple la meta propuesta.

Para Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo, los riesgos de financiamiento del presupuesto persistirían para el próximo año pues el faltante, según sus cálculos, llegaría a 26,6 billones de pesos producto de los 12 billones de pesos de una ley de financiamiento que es "inconveniente" en este momento y de 14,6 billones de pesos ingresos adicionales que el Gobierno añadió a la gestión de la Dian.

"El gobierno ya había incorporado una cifra exactamente igual en la gestión de la entidad cuando publicó el marco fiscal en julio, por lo que el presupuesto dependería de esa gestión en más de 29 billones de pesos, una cifra inédita en la historia moderna del país. A esto hay que agregar que hay un faltante estimado de 6,6 billones de pesos en la meta recortada de recaudo para este año, por lo que el tamaño del problema de financiamiento puede ser incluso mayor", explicó.

Y agregó: “es posible que las agencias de calificación de riesgo le den un compás de espera al Gobierno para que adopte las medidas correctivas, pero cualquier desviación de esa trayectoria esperada podría generar cambios en la perspectiva de calificación de la deuda de la Nación”.

En la misma idea coinciden varios de los congresistas. Por ejemplo, la representante Katherine Miranda habla de un hueco de 31 billones de pesos, el senador Miguel Uribe de 34,6 billones de pesos o la senadora Angélica Lozano de 56 billones de pesos.