Ruiz Massieu descarta que ONU participe en diálogos de 'paz total' con 'clan del Golfo' y 'los Pachenca'

El martes, en Nueva York, se presentará el informe trimestral del secretario general de la ONU, António Guterres, sobre Colombia, un documento que da cuenta del crudo panorama que se vive en varias regiones del país por cuenta del accionar de los grupos armados –más de 137.200 desplazados de manera forzada y 94.700 más confinadas en 62 municipios de 13 departamentos entre el 1.º de enero y el 31 de agosto– y que hace un balance de temas clave como la implementación del acuerdo de paz de 2016 y de la política de ‘paz total’ del gobierno Petro. 

En entrevista con EL TIEMPO, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, habla sobre las principales conclusiones del informe y reconoce que aún tiene fe en que el proceso con el Eln se va a salvar. Además, dice que la ONU podría acompañar el proceso con las disidencias de ‘Calarcá’ una vez se defina una meta clara, y que por ahora no participarán en la negociación con los Comuneros del Sur. Finalmente, descarta que el organismo esté en eventuales negociaciones con el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra’ (Acsn), procesos en los que el gobierno del presidente Gustavo Petro había pedido acompañamiento de la ONU.

¿Cuál es ese balance de seguridad que se hace en este informe y cuáles son los retos y oportunidades que encuentran? 

Carlos Ruiz Massieu, representante Especial del Secretario General y jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

Foto:Misión de Verificación de la ONU

En el tema de seguridad, tenemos resultados de diferente índole. Hay indicadores que han mejorado, sin que esto signifique que ya se han resuelto temas como el caso de los asesinatos y amenazas contra excombatientes, en donde hay una tendencia a la baja, pero el objetivo obviamente es que se eliminen totalmente. Hay otros fenómenos que se siguen dando en el país, como el caso de los confinamientos de comunidades que están siendo desplazadas por cuenta, sobre todo, de enfrentamientos entre grupos armados en diferentes lugares del territorio y que, de acuerdo a los números de nuestra Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), son de consideración. Hay tareas pendientes y obviamente todo lo que se pueda hacer en materia de seguridad se tiene que hacer. Ha habido algunas decisiones positivas, como es el caso de la Comisión de Garantías de Seguridad, en donde ya hay una política pública de desmantelamiento y una priorización de ciertas áreas en las que se tiene que implementar. 

Uno de los retos era la necesidad de tener una entidad de alto nivel para implementar. ¿Están conformes con la designación del Ministerio del Interior para esa tarea?

El presidente Petro decidió que fuera el ministro del Interior, nosotros lo vemos siempre de manera positiva y estamos seguros de que, ahora que el Consejo de Seguridad atienda el informe y atienda este tipo de decisiones, también tendrá una acogida positiva. Tenemos confianza en que esto va a generar precisamente un mayor énfasis y una implementación más integral, en la que todos los actores involucrados participen de manera activa y en la que los esfuerzos se canalicen a lo que todos queremos. 

Hablando de esa implementación, la meta de los 3’000.000 de hectáreas para la reforma rural sigue lejos, ¿les preocupa que no se cumpla el objetivo antes de 2028? 

Sí, obviamente la reforma rural es uno de los puntos centrales del acuerdo, es de las causas, podría decir uno, de raíz del conflicto históricamente. Hemos reconocido que la priorización que se ha dado a la reforma rural ha sido muy importante en esta administración y hay que reconocer que en este gobierno, en el del presidente Petro, se ha avanzado mucho más que en Gobiernos anteriores. Pero como bien señala, la meta todavía está muy lejos y hay que redoblar esfuerzos. Por ello, es importante la inclusión de elementos de la reforma rural, como son los Pdet y otras inversiones en territorio, dentro del plan de choque. 

Aunque hay una disminución en el número de crímenes en contra de líderes, la cifra sigue siendo altísima, ¿cuál es el balance y qué llamado hacen?

La reducción hay que notarla, hay que verlo de manera positiva, pero el objetivo debe ser eliminarla. Para ello hay que tener elementos tanto de prevención como de sanción cuando se cometen esos crímenes, precisamente para disuadirlos y eliminarlos del todo. Es la preocupación más importante que hemos tenido, es el mayor obstáculo a la implementación, lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo ha dicho el Consejo de Seguridad. Todo lo que se pueda hacer en ese sentido hay que hacerlo. La política pública de desmantelamiento es un buen paso. La priorización que se está haciendo de once áreas geográficas es muy importante, pero también todos los programas de prevención. 

Aunque nunca se conoció el informe sobre las violaciones al cese, usted mencionaba que solo en septiembre habían ocurrido muchas más muertes que las que se presentaron en un año durante el cese del fuego con el Eln. ¿Por qué cree que la percepción sobre ese asunto es tan opuesta? 

A veces falta información, tanto de los contenidos de los ceses del fuego, como de sus alcances y de sus resultados. Ahí creo que hay que asumir todos la responsabilidad, sobre todo viendo hacia adelante si, como esperamos, se retoman estas treguas. Quizás una de las lecciones aprendidas es que se debe explicar cuál es el alcance, cómo funcionan los mecanismos y cómo hacer para fortalecerlos.

En estas dos semanas transcurridas sin cese, fueron más las fatalidades y las muertes innecesarias de colombianos y colombianas por virtud de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln, que mientras hubo cese del fuego. Luego también, los mecanismos de informe y de reporte de la sociedad colombiana son áreas en las que tenemos que mejorar. Tenemos otras lecciones aprendidas como la necesidad del fortalecimiento de las instancias, porque, aunque en la nacional hubo participación del Eln, a nivel regional y local no. Esto pudo haber hecho mucho más, no solo riguroso, sino mucho más beneficioso el propio cese en sí mismo. Pero bueno, los resultados en este particular son muy positivos, hay que reconocerlo. 

¿Cree que el proceso con el Eln aún se puede salvar?

Sí, yo creo que es viable y es salvable. Primero, ojalá, por todos los beneficios que se han logrado y porque hay muchos hitos históricos en la negociación con el Eln que no deberían perderse. Ahí me refiero obviamente a los temas de participación con las comunidades, nunca había habido un cese tan largo ni en este caso, con tantos beneficios. No fue perfecto, pero hubo beneficios. Ahora, hubo voluntad previa a que se suspendieran las negociaciones y a que finalizara el propio cese para avanzar en los diálogos y eso nos da confianza. Obviamente, hay una pérdida de confianza entre las partes y acusaciones mutuas. Es cierto que no se han cumplido de manera total algunos de los compromisos adquiridos. Lo han denunciado una parte y la otra. Tenemos confianza de que se puede avanzar, que se pueden retomar los diálogos.

¿La Misión jugará algún rol como mediador para que la mesa se retome? 

Sí, nosotros junto con los países garantes, la Iglesia católica y los países acompañantes estamos haciendo esfuerzos, para facilitar más que nada, y tratando de comunicarnos con las partes para precisamente darles estos argumentos: la importancia de volver a la mesa, de salvar los resultados de los que hablábamos y de continuar con los diálogos. Nosotros estamos convencidos de los beneficios de volver a la mesa, de los beneficios de tener un cese y creo que en este caso hablo por toda la comunidad internacional que ha participado en este proceso, inclusive el Consejo de Seguridad. 

¿Se extenderá el mandato para cobijar el proceso con las disidencias de ‘Calarcá’?

El Consejo de Seguridad, que es quien nos da el mandato, tanto para la implementación de los Acuerdos de 2016 como para el cese con el Eln, ha expresado siempre su voluntad de considerar la ampliación del mandato para verificar el cese entre las estructuras que forman parte del Emc dentro del proceso de diálogo y el Gobierno. Pero también han señalado la necesidad de que el proceso avance, de que el proceso madure. Entonces, yo creo que además de los resultados que se han ido obteniendo, sobre todo en materia de cese, que ahora está en discusión su prórroga, también está el hecho de tener un proceso de diálogo claro, un proceso de diálogo con un horizonte preciso, con, digamos, la clara manifestación de hacia dónde quieren llegar las partes. 

Hay otro proceso y es con la ‘Segunda Marquetalia’. ¿Cómo analiza la ONU que se negocie con un grupo cuyos miembros son exfirmantes del Acuerdo?

En general, las decisiones de tener diálogos con diferentes grupos, en este caso con la ‘Segunda Marquetalia’, son del Gobierno. Obviamente, ellos son los que tienen que determinar con qué grupos vale la pena y qué vías se pueden ofrecer, precisamente dependiendo de la organización con la que se está tratando, para salir del conflicto y buscar medidas, como decía anteriormente, de ampliación de la paz en el país. Al ser un diálogo de carácter político, nosotros estamos acompañando la mesa, tratando de hacer lo que podamos hacer como parte de esa arquitectura, pero siempre respetando la autonomía y la apropiación del proceso de las partes y de los colombianos. Vamos a ver cómo avanza. 

¿Ven posible una eventual participación en los procesos que darán inicio con el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas de la Sierra’?

Naciones Unidas participa normalmente, y en este caso en Colombia, en los procesos de diálogo político. Esa es la dirección, estamos convencidos de que ese es el valor agregado que tiene la organización, que es el valor agregado que le da el Consejo de Seguridad y el secretario general, así que por lo pronto esos son los tipos de espacios en los que vamos a seguir participando. Los demás espacios que se han decidido formar, reitero, sobre los cuales somos muy respetuosos y les deseamos mucho éxito, por lo pronto no son procesos en los cuales tengamos que participar porque no creemos que sean procesos en los cuales nosotros podamos aportar valor. 

¿Y en el proceso con el Frente Comuneros del Sur? 

Nosotros, en primer lugar, participamos en la mesa nacional. Al secretario general, las partes de la mesa nacional, tanto el del Eln como el Gobierno colombiano, le pidieron ser partícipes del proceso. El secretario general, de manera positiva, vio esta solicitud y decidió participar a través de su representante especial y su equipo en Colombia. Entonces estamos en ese espacio y en este caso el proceso de Comuneros ha sido considerado incompatible con la mesa nacional y, por lo tanto, no participamos en él. Como decía, respetamos todas las iniciativas de paz que tome el Gobierno, les deseamos lo mejor, pero en este caso no podemos participar porque estamos en la mesa nacional y esto es incompatible. 

¿Cómo se percibe en el informe del secretario general la relación actual entre la JEP y Gobierno tras la polémica por la falta de recursos para los proyectos de justicia restaurativa? 

Es muy importante que la JEP tenga todos los recursos que requiera para sus operaciones. Es fundamental para el acuerdo de paz y es fundamental para la reconciliación de Colombia. 

¿Cuál es el balance que hace de estos dos años de política de ‘paz total’ y los retos que percibe? 

Ha sido importante la priorización de la implementación del acuerdo de paz de 2016 como una, digamos, piedra angular o columna vertebral de la ‘paz total’. Eso lo celebramos. También hemos reconocido en múltiples ocasiones la realidad de los territorios. Cómo se han transformado y cómo esto ha generado una multiplicidad de actores en el territorio que generan violencia. Obviamente ha habido avances en unos procesos más que en otros, hemos apoyado y lo seguiremos haciendo en aquellos en los que vemos el valor agregado. Nosotros confiamos que conforme vaya avanzando el tiempo y los procesos, se vaya priorizando sobre todo aquellos que sean los más relevantes de acuerdo al propio Gobierno.

CAMILO CASTILLO

Periodista de Política