En un contexto de creciente tensión por la inmigración ilegal, el gobernador promovió un conjunto de medidas severas que incluyen pena de muerte obligatoria para ciertos crímenes y un endurecimiento de las penas para los inmigrantes que ingresen o permanezcan ilegalmente en el estado.
¿Qué implica la nueva legislación sobre inmigración?
Según el medio CBSNews, el proyecto de ley recientemente propuesto por DeSantis y la Legislatura de Florida contempla una serie de reformas radicales que afectarían principalmente a los inmigrantes indocumentados.
Una de las disposiciones más destacadas es la pena de muerte obligatoria para aquellos inmigrantes que sean condenados por delitos graves como el asesinato en primer grado o la violación de menores.
Esta medida, aunque controvertida, forma parte de una iniciativa más amplia que busca alinearse con las políticas migratorias estrictas defendidas por la administración de Trump.
Además de la pena de muerte, la legislación también contempla la creación de nuevos delitos estatales para los inmigrantes indocumentados. Estos delitos incluyen el ingreso al estado sin la debida inspección de inmigración, lo que podría derivar en penas de prisión, con una sentencia mínima de nueve meses para los infractores primerizos.
Aquellos que reinciden enfrentarían cargos más graves, con penas de hasta un año y un día de prisión. Otro componente clave de esta legislación es la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración, que estaría compuesta por el gobernador, el comisionado de Agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
Cabe destacar que esta junta se encargaría de coordinar las actividades de control de inmigración con las autoridades federales y de distribuir subvenciones a las agencias locales para apoyar las iniciativas de inmigración.
Es importante mencionar que el riesgo de sanciones económicas para las autoridades locales que no colaboren con las políticas migratorias federales podría generar tensiones adicionales entre los inmigrantes y las comunidades en las que viven.
Ron DeSantis, gobernador de Florida Foto:AFP
Las escuelas y hospitales, entre otros servicios públicos, podrían verse obligados a cooperar con las autoridades migratorias, lo que afectaría la relación de confianza con los migrantes.
Uno de los puntos más controversiales de esta legislación es la propuesta de la pena de muerte obligatoria para ciertos inmigrantes. Aunque los defensores de la medida argumentan que se dirige a los delitos más graves, existen preocupaciones sobre su constitucionalidad.
De hecho, desde el portal citado explicaron que algunos demócratas señalaron que la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó previamente que las sentencias de muerte obligatorias son inconstitucionales.