Riesgo de apagón en Atlántico, Magdalena y La Guajira persiste pese a giro parcial de subsidios a Air-e Intervenida

hace 5 horas 41

La crisis financiera y operativa de Air-e Intervenida mantiene en alerta a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, donde el riesgo de un apagón eléctrico continúa latente a pesar del reciente desembolso de $231 mil millones por parte del Gobierno nacional para el pago de subsidios de energía. 

Gremios regionales y expertos advierten que esta suma es insuficiente para resolver la grave situación de la empresa y evitar un colapso en el suministro eléctrico.

Según la Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e Intervenida, el principal obstáculo es la demora en la transferencia de recursos a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, necesarios para saldar la deuda de Air-e con las generadoras de energía, que asciende a $2,1 billones a marzo de 2025, cifra que se ha más que duplicado desde la intervención en septiembre de 2024, cuando era de $940 mil millones. 

El pago reciente representa menos del 20% de esta deuda, lo que no soluciona el problema de fondo.

Empresa Air-e en Barranquilla

Fachada de la sede de Air-e en la calle 77b con carrera 59b en el norte de Barranquilla. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo

Esta deuda creciente pone en riesgo la capacidad de las plantas térmicas para adquirir combustibles y mantener la generación de energía, lo que podría desencadenar indisponibilidades y afectar al Sistema Eléctrico Nacional.

La veeduría critica que la intervención de Air-e se haya llevado a cabo sin un plan estructural sólido ni asignación prioritaria de recursos, lo que ha agravado la crisis financiera de la empresa en lugar de mejorarla.

Desembolso es un respaldo ala región : Air-e

En contraste, la agente especial de Air-e Intervenida, Diana Bustamante, resaltó que el giro de recursos por subsidios es un respaldo significativo del Gobierno  para la región Caribe.

Bustamante afirmó que estos recursos permitirán formular acuerdos de pago para cancelar deudas en bolsa con generadores y otros agentes del mercado, y que la empresa está cumpliendo oportunamente con sus obligaciones contractuales para garantizar el suministro a más de cinco millones de usuarios en los tres departamentos.

Agente interventora de Air-e, Diana Bustamante.

Agente interventora de Air-e, Diana Bustamante. Foto:Air-e

Además, agradeció el compromiso del Ministerio de Hacienda y del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por el desembolso.

Sigue la alarma encendida

No obstante, expertos y gremios advierten que la crisis financiera no se limita a Air-e. La deuda total del sector eléctrico en Colombia supera los 7 billones de pesos, incluyendo subsidios y otros compromisos pendientes, y la falta de inversiones en nuevos proyectos energéticos agrava la vulnerabilidad del sistema. 

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, señaló que el riesgo de apagón también se debe a la insuficiente oferta energética y la demora en la ejecución de proyectos, especialmente en La Guajira, lo que estrecha el margen entre oferta y demanda y podría provocar racionamientos en 2026 y 2027.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, también expresó su preocupación por la situación financiera de Air-e y pidió al Gobierno tomar medidas inmediatas para evitar un apagón que afectaría la seguridad, el empleo, la salud y la educación en la región Caribe.

La veeduría propone implementar medidas concretas basadas en estudios de Fundesarrollo para mejorar la operación del sistema eléctrico regional, reducir tarifas y estabilizar financieramente a Air-e en el corto, mediano y largo plazo. 

Sin embargo, alertan que sin una estrategia integral y una asignación adecuada de recursos, la crisis y el riesgo de apagón persistirán, con graves consecuencias sociales y económicas para la población.

En suma, mientras el Gobierno ha dado un paso con el pago parcial de subsidios, la magnitud de la deuda y la falta de un plan estructural mantienen en jaque la estabilidad energética de Atlántico, Magdalena y La Guajira, en un contexto donde la intervención estatal no ha logrado aún contener la crisis financiera ni garantizar la sostenibilidad del suministro eléctrico.

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