Revive el debate sobre el porte de armas en Colombia: ¿es una medida efectiva contra la inseguridad?

En medio de la agitada semana política en la que se hundió la reforma laboral del Gobierno en el Senado pasó casi desapercibida la aprobación, en primer debate, de una ley que busca flexibilizar el porte de armas en Colombia.

La Comisión I de la Cámara de Representantes dio luz verde a un proyecto del representante conservador Juan Carlos Wills que busca actualizar los permisos de porte y tenencia de armas de fuego. El proyecto recibió un amplio respaldo de esa célula legislativa, que aprobó su trámite hacia la plenaria de la Cámara con 17 votos a favor y 6 en contra.

“Lo que estamos haciendo hoy con esto es que el ciudadano normal, un ganadero, un empresario, un comerciante que tenga hoy un arma y tenga permiso de porte pueda hacer uso de este porte, que lamentablemente, por decreto presidencial, no lo puede hacer”, señaló Wills.

El parlamentario argumenta que la tenencia de armas por parte de civiles está permitida en Colombia, pero con un decreto presidencial que fue expedido en el marco de la firma del acuerdo de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc no pueden ser portadas.

“Quienes tengan armas les toca guardarlas en su gaveta, en la caja fuerte porque no pueden hacer uso por ese decreto presidencial. Sin embargo, esto ha incurrido en temas de corrupción. Quien quiera tener ese porte de armas hoy bajo ese decreto le toca ir a un jefe del Estado Mayor, acudir al general para que les dé el permiso regional; permisos por debajo de la mesa que valen entre 10 y 15 millones de pesos. Estamos tratando de quitar todos esos temas”, agregó el representante conservador.

El debate no es nuevo. Varias voces del Congreso, principalmente de la derecha, han insistido en permitir que el ciudadano se arme. Una de las principales promotoras de esa propuesta ha sido la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien hace unos días insistió en ese propósito. “Debemos regresar al porte legal de armas. Es un derecho que tiene el ciudadano a defenderse del bandido que lo ataca. Los países más seguros del mundo tienen el porte que hace responsable al ciudadano por el porte y uso. Solo quien pasa el examen y requisitos puede portar. El porte de armas legal es disuasivo frente a delincuentes y aumenta la seguridad ciudadana”, aseveró.

Las voces en contra del porte de armas

Pero en un país donde la intolerancia es pan de cada día, esto podría disparar el número de homicidios. Solo en Bogotá, en 2024 se registraron más de 250.000 riñas, por lo que la tendencia de armas podría aumentar la tasa de homicidios, advierten los opositores a la iniciativa, pues el 35 por ciento de los homicidios están enmarcados en una riña.

En el debate, que se llevó a cabo la semana anterior, se expuso que en Colombia hay cerca de 700.000 armas con salvoconducto, de las cuales el 40 por ciento se encuentra en Bogotá.

Además, son las armas las principales causantes de los homicidios en Colombia. Según cifras de Medicina Legal, entre enero y febrero de 2025, de 2.209 homicidios, 1.363 se han dado por proyectiles de arma de fuego. Le siguen 172 con un elemento cortopunzante y 41 con objetos contundentes. De esos homicidios, 87 se iniciaron en una riña.

“La evidencia es cada vez más clara en indicar que la restricción al porte de armas es efectiva para reducir las muertes por arma de fuego y, de manera particular, los homicidios con arma de fuego”, señaló el estudio ‘Apartar el dedo del gatillo: la política de restricción al porte de armas en Colombia desde el Advocacy Coalition Framework (ACF)’, de la Universidad de los Andes.

Ese mismo informe resalta cómo la restricción fue fundamental para la reducción de la tasa de homicidios en Bogotá y Medellín.

“La política de restricción al porte de armas de fuego fue implementada de forma permanente en la capital del país y en Medellín desde el año 2012. Dicha decisión produjo una reducción de alrededor del 22,3 por ciento en la tasa mensual de mortalidad relacionada con armas de fuego en ambas ciudades. El caso de Bogotá es emblemático porque, a pesar de la efectividad de la medida, los gobiernos locales que promovieron la restricción se encontraron con la férrea oposición de las Fuerzas Militares, en medio de un debate sobre las competencias para tomar la decisión. En Medellín ha habido un consenso relativo entre los alcaldes sobre la necesidad de la medida”, dice la investigación, realizada en 2022 por Manuel Alejandro Luna Gómez.

Entre las voces que se opusieron al proyecto en su primer debate está el representante Heráclito Landinez, quien advirtió que si el porte de armas se convierte en un derecho, debe tramitarse mediante una ley estatutaria y no ordinaria. “Armarse no es un derecho fundamental. Los ciudadanos no tienen el derecho fundamental a portar armas o tener las armas en sus residencias. Portar armas es una facultad que le entrega el Estado bajo unas condiciones particulares. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional”.

En ese sentido opinó el también representante del Pacto Pedro Suárez, quien hizo un llamado para que esta regulación, que avanza en el Legislativo, “no se convierta en un atentado contra la protección de los derechos humanos”.

Desde la Fundación Ideas para la Paz, que también ha abordado el tema, señalan que los esfuerzos de seguridad ciudadana no deben ser enfocados en el porte de armas: “Las políticas deberían centrar sus esfuerzos en la reducción efectiva de la violencia. Aumentar el control de los flujos de armamento mejorando las capacidades de inteligencia e interdicción de la Fuerza Pública para desarrollar estrategias más precisas frente al mercado ilegal de armamento es prioritario. Las fronteras y los ríos son lugares de acceso y flujo de actividades y mercados ilícitos. Nuevamente, en lugar de armar a la gente, los esfuerzos deben estar en mejorar las capacidades de la Fuerza Pública y demás entidades responsables para aumentar el control y vigilancia en estos espacios”.

La iniciativa ahora va a plenaria de la Cámara, donde el Gobierno tiene las mayorías, y si el presidente Gustavo Petro decide darle la espalda, podría correr el riesgo de hundirse, tal y como ha sucedido con iniciativas similares en los últimos años.

‘Esto termina incrementando la violencia’: Hugo Acero

Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá y experto en la materia, habló con EL TIEMPO sobre los riesgos que implicaría flexibilizar el porte de armas en nuestro país.

Acero insiste en que podrían incrementarse los niveles de violencia y señala que debería dejarse la legislación tal y como está, pero si se trata de modificaciones de la ley, estas, asegura el experto, deberían estar enfocadas en endurecer la expedición de las licencias para portar armas en Colombia.

¿Es un derecho de los ciudadanos portar armas, como dicen los autores del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes?

Portar armas no es un derecho que tienen los ciudadanos, en el caso de Colombia. El derecho que tienen los ciudadanos es que el Estado les debe garantizar la seguridad. Cuando el Estado renuncia por incapacidad o porque decide renunciar de manera abierta a garantizar la seguridad de los ciudadanos, precisamente se dan este tipo de resultados. Como el Estado no puede garantizar la seguridad, entonces tenemos que armar a los ciudadanos y eso termina incrementando la violencia.

¿Cree que debemos dejar la legislación tal y como está o sí es necesario hacer cambios? De adelantar cambios, ¿qué propondría usted, según su experiencia?

La legislación sobre porte y tenencia de armas que viene desde los años 90 debe permanecer como está. Y, si un proyecto de ley realmente quiere, de verdad, reducir los niveles de violencia, debería colocar criterios más estrictos para la entrega de armas a los particulares porque, en algunos casos, no pocos, terminan algunos delincuentes con armas con salvoconducto.

Para mayor claridad de nuestros lectores, solo en Bogotá hubo más de 250.000 riñas en 2024, según cifras oficiales. Si hay más armas en las calles, ¿significa entonces que el número de homicidios podría aumentar considerablemente?

El arma de fuego es un instrumento que resuelve problemas de manera rápida, pero trae consecuencias graves, sobre todo en aquellas personas que, teniendo armas con salvoconducto, no las saben utilizar. Muchas personas, inclusive en legítima defensa, terminan, durante varios meses, en la cárcel mientras se aclara esa legítima defensa. Y, en algunos casos, lo que comienza con una discusión pasa a una riña y termina con lesionados y muertos.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política