¿Renuncia el mundo a la lucha contra el cambio climático? / Análisis de Mauricio Vargas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien considera que la lucha contra el cambio climático y la ciencia que la justifica son “un costoso engaño”, ha desatado una feroz ofensiva para barrer todo vestigio ambientalista de la administración de su antecesor Joe Biden, así como decenas de medidas verdes de tiempos de Barack Obama. En línea con su jefe y antes de anunciar 31 medidas para “liberar la energía estadounidense”, el nuevo director de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), Lee Zeldin, declaró el miércoles pasado, en Washington, que “la estafa del new deal verde se acaba de una vez”.

Apenas se instaló en la Casa Blanca, Trump sacó a su país del Acuerdo de París, piedra angular de la batalla mundial contra el cambio climático. Pero hay mucho más. Por orden de la EPA desaparecen casi todos los límites y controles a la emisión de gases de efecto invernadero –responsables del desastre en el clima, en opinión de la inmensa mayoría de los científicos–, así como la vigilancia del vertimiento de sustancias tóxicas en los cuerpos de agua. Zeldin considera “un objetivo siniestro” la meta acordada por el grueso de los países de alcanzar, en 2050, la neutralidad de carbono (emitir tanto CO2 a la atmósfera como el que se captura).

La ofensiva para desregular y reducir a mínimos las normas que cuidan el medio ambiente ha encontrado una respuesta al otro lado del Atlántico. Obligada a preservar la competitividad de su industria, e incluso a rearmarse velozmente ante el abandono de facto de Washington, su aliado estratégico durante más de un siglo, en medio de la delicada coyuntura de la guerra en Ucrania, la Unión Europea (UE) comienza a redirigir sus energías hacia la defensa y a suavizar para las empresas las duras medidas que contiene el Pacto Verde del Viejo Continente.

Y aunque están lejísimos de desmontarlo, las autoridades de la UE están dedicadas a simplificar las normas y reducir los controles que someten al aparato productivo a estrictas reglas para bajar sus emisiones de CO2. El 28 de febrero, en un editorial titulado ‘Una Europa menos verde’, el diario El País de Madrid reconocía la necesidad de dar a la UE “una inyección de competitividad”, pero cuestionaba a la Comisión Europea por “exonerar a las empresas de su responsabilidad ambiental”. Nada que hacer: es evidente que, aun si está muy distante del radicalismo del gobierno Trump, la UE seguirá aplicando el freno en materia verde.

“Hace ya 40 años que trabajo en este campo, y la situación no había sido nunca tan mala”, explicaba el viernes, al diario parisino Le Monde, Athan Manuel, directivo de la ONG Sierra Club, grupo ambientalista basado en California y con programas en varios países, al referirse a las medidas adoptadas por Trump y su equipo, así como a la respuesta de otros gobiernos del mundo.

La tendencia no se limita a Estados Unidos y Europa. El caso del presidente brasilero, Lula da Silva, ilustra la involución que el planeta vive en la lucha contra el cambio climático. Partidario en sus discursos de las políticas verdes, el mandatario volvió al poder hace dos años tras derrotar al derechista Jair Bolsonaro, tan negacionista frente al cambio climático como Trump.

Pero esta vez, Lula ha tenido que ceder ante las urgencias económicas. Con fondos limitados para desarrollar sus políticas sociales, le ha apostado fuerte al petróleo. Brasil ya es el séptimo productor mundial (4,3 millones de barriles diarios, seis veces la producción de Colombia). Los ecologistas cuestionan ahora a Lula por lanzar ‘la franja ecuatorial’, una banda de exploración petrolera y gasífera off shore de 2.200 kilómetros frente a la costa norte del país, a 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas, todo ello en clara contravía de los postulados de su colega colombiano, Gustavo Petro, cuya propuesta de renunciar a los hidrocarburos es calificada por Lula como poco realista.

Negación y competencia

Aunque el fenómeno se extiende por el planeta, con Trump el retroceso verde es especialmente marcado en Estados Unidos. Prueba de su actitud negacionista del cambio climático, en las páginas web de las secretarías de Interior, Agricultura, Defensa y Energía, la nueva administración hizo desaparecer todos los contenidos que hablaban de compromisos con la protección del medio ambiente.

Las ambiciosas inversiones del Inflation Reduction Act lanzado en 2022 por Biden, que privilegiaban industrias y tecnologías de baja emisión de carbono, han sido casi todas congeladas. Según un informe del 2 de marzo de la ONG Climate Power, 57.000 millones de dólares en más de sesenta proyectos de este tipo “han sido pospuestos, frenados o están bajo amenaza” por decisiones del equipo de Trump.

No se trata solo del cambio climático. El Gobierno tiene en la mira todo lo que huela a protección de la naturaleza. El 10 de marzo, la Secretaría de Interior suspendió una advertencia con alcance judicial sobre los casos en que las autoridades considerarían responsables a las empresas por la muerte de patos, grullas, pelícanos y algunas especies de búhos, lo que dejó sin dientes la ley de protección a las aves migratorias.

El plan de recortes de personal que encabeza el empresario Elon Musk golpea especialmente duro a las agencias verdes. Miles de funcionarios han sido suspendidos de sus cargos o licenciados en la Agencia EPA (que verá reducido su presupuesto en 65 por ciento), el Servicio de Pesca y Vida Salvaje, los Parques Nacionales o el sistema de protección de bosques que lucha, entre otras, contra los incendios. Los despidos también afectan a la Agencia de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA), encargada de advertir sobre tormentas, heladas, tornados y huracanes. “Por cuenta de esto, hay gente que va a morir”, advirtió el experto Daniel Swain, profesor de Ucla. Y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pues muchos países basan sus previsiones en la información que comparte NOAA.

En materia de daño a la atmósfera, un estudio de inicios de mes revelado por la plataforma británica Carbon Brief calcula que las medidas de Trump implicarán sumar unos 4 millones de toneladas adicionales de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, por causa de la reactivación sin límites de las plantas de generación eléctrica basada en carbón, así como de la política de “drill, baby, drill”, que promueve la perforación petrolera y gasífera a toda marcha, incluso cerca de zonas de protección ambiental.

En Europa, las autoridades de la UE que hace unos años fijaron la prioridad en la lucha contra el cambio climático apuntan ahora a lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llama “la brújula de la competitividad”. El comisario europeo a cargo de la Estrategia Industrial, el exministro francés Stéphane Séjourné, dijo hace pocos días al matutino francés Le Figaro que se trata de “un shock de simplificación (de normas), y no de un simple maquillaje”.

La reducción de limitaciones y controles a la industria y a la agricultura, la eliminación de sobretasas a las importaciones de materias primas como el acero, procedentes de países bajo sospecha de no cuidar el medio ambiente en su producción, y la revaluación de metas y fechas del Pacto Verde, todo está sobre la mesa para revisión.

Un ejemplo es el objetivo de cesar la producción de vehículos con motor de combustión interna, fijado en principio para 2035, meta que, a la luz de lo que pasa a ambos lados del Atlántico, está más que en duda. “Para los gobiernos europeos y para el Ejecutivo de Von der Leyen, no tiene sentido que nuestra industria se siga sacrificando, mientras Trump libera de controles la de Estados Unidos”, le dijo a EL TIEMPO un diplomático europeo en París.

¿Y China?

Según las estadísticas de 2024, China sigue siendo, de lejos, el país que más emite gases de efecto invernadero (en su gran mayoría, CO2) a la atmósfera, con casi 16.000 megatoneladas, cerca de tres veces lo que produce Estados Unidos. Pero a la inversa de lo que viene pasando en Washington y en la UE, el gobierno de Xi Jinping les ha dado un impulso sin precedentes a las energías renovables, que dejan muy baja huella de carbono. Las cifras son impresionantes.

Para 2023 ya era evidente el acelerón del gigante asiático, que instaló 297 gigavatios (GW) de generación eléctrica, entre turbinas eólicas y paneles solares. En ese mismo año, y en momentos en que la administración Biden impulsaba estas tecnologías, Estados Unidos apenas desplegó 31 GW, y Francia, que contaba con estímulos para ese tipo de generación más limpia, escasos 4 GW, todo ello según cifras de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena).

No contenta con lo logrado, en 2024 China empezó a generar 357 GW, entre plantas eólicas y solares, con lo cual alcanzó de modo anticipado su objetivo para 2030: 1.200 GW producidos con renovables. Hoy en día, ese tipo de generación constituye el 56 por ciento de la capacidad instalada en China, contra 47 por ciento en Europa. Si bien tan significativa mejora en el país que más CO2 y otros gases de invernadero produce, es una buena noticia, esta resulta opacada por el profundo retroceso en Estados Unidos y por el freno al pacto verde europeo.

Ante semejante escenario, luce aún más ingenuo y poco realista que Colombia, que emite menos del 0,4 por ciento de los gases de efecto invernadero del mundo, sacrifique sus exploraciones de petróleo y gas que podrían no sólo financiar su lucha contra la pobreza, sino contribuir a una transición energética ordenada y exitosa. Pero, a la luz de las decisiones de Washington, y de la reacción en Europa y de otros países, nada indica que el sentido común y la lógica estén marcando las decisiones políticas en estos días.